Despenalización del aborto en México es tema de los estados: Sheinbaum se deslinda de legalización de la interrupción del embarazo

La presidenta recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización en los estados

Sheinbaum indicó que la despenalización corresponde a los Congresos estatales. | Presidencia
Sheinbaum indicó que la despenalización corresponde a los Congresos estatales. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la despenalización del aborto es una decisión de los Congresos de cada entidad en México, por lo que descartó hacer un llamado a legalizar la interrupción del embarazo en los siete estados donde aún está sancionado completamente.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que ella “tiene su opinión” sobre el aborto, sin dar más detalles; sin embargo, recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización en los estados.

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“Es decisión de las entidades de la República, yo tengo mi opinión respecto a ello, pero en este caso y así lo determinó la Corte, por que hace siete años lo determinó constitucional la despenalización del aborto.

“Entonces, en esta perspectiva, depende de los estados de la República su legislación en este sentido y ya la mayoría ha legislado en el sentido que la Corte determinó” dijo en Palacio Nacional.

Esto, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro que se celebra cada 28 de septiembre y a 19 años de que se despenalizó en la Ciudad de México.

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En este sentido, la Secretaría de las Mujeres destacó que actualmente 24 estados han dspenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, lo que calificó “como un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos”.

En un comunicado, resaltó que la NOM-046-SSA2-2005 obliga a las instituciones públicas de salud a garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación, sin exigir una denuncia penal previa.

Para personas mayores de 12 años, la norma establece que basta una solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad. La atención tampoco puede condicionarse a la presentación de una denuncia.

Siete estados siguen pendientes

Las organizaciones GIRE, Redefine Morelos y Las Tejedoras desplegaron una manta nacional con la leyenda “Aborto Legal y Seguro” para exigir cambios legislativos en los siete estados donde, según las colectivas, persiste la legislación más restrictiva: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tamaulipas.

Las colectivas sostuvieron que esos siete estados mantienen normas restrictivas, pese a que tres cuartas partes de México ya habían despenalizado el aborto al menos durante el primer trimestre de la gestación.

También señalaron que la SCJN ya había establecido la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto. Las organizaciones añadieron que la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el procedimiento debe regularse mediante normas de salud, sin plazos, restricciones ni autorizaciones de terceros.

En Durango y Morelos, las activistas señalaron que existían mandatos judiciales para que los Congresos locales reformaran su legislación penal. Los resolutivos derivaron de los amparos indirectos 116/2023 y 1638/2023, respectivamente.

De acuerdo con las organizaciones, ambos Congresos no habían realizado las modificaciones ordenadas.

En Querétaro, indicaron, solo existían dos causales para interrumpir un embarazo: violación e imprudencia o culpa de la persona embarazada.

Las activistas indicaron que habían acompañado a mujeres para acceder al aborto en servicios estatales de salud de Querétaro con base en el amparo 71/2023, promovido por GIRE ante la omisión de las autoridades para garantizar derechos reproductivos.

En Guanajuato, las organizaciones advirtieron que estaba por vencer el plazo concedido por la SCJN para que el Congreso local modificara el Código Penal.

En Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, aseguraron, las iniciativas presentadas no se habían discutido y no existía consenso legislativo.

En Nuevo León, la SCJN invalidó en 2019 una reforma constitucional local que otorgaba personalidad jurídica al embrión o feto desde la concepción.

Según las colectivas, desde entonces habían persistido intentos para restringir las decisiones autónomas de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

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