FGR descarta que proceso contra Ernesto Ruffo por presunto huachicol fiscal se detenga tras obtener prisión domiciliaria

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se detenga luego de que obtuvo la prisión domiciliaria y dejó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Al respecto, la institución explicó que la defensa de Ruffo Appel alegó que se trataba de una persona adulta mayor con problemas de salud, situación que favoreció la resolución de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega para otorgarle el cambio de medida cautelar en su caso por presunto huachicol fiscal.

“Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar del cumplimiento de la medida cautelar (...) Ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”, destacó la FGR en un comunicado.

Además, explicó que al tratarse de delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la imposición de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva, y no se trata de una imposición del Ministerio Público Federal.

“La indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes”, afirmó

Ante la salida de Ernesto Ruffo del penal de máxima seguridad, la FGR señaló que las indagatorias en su contra “cuenta con datos de prueba contundentes”, entre los se encuentran dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.

Estos datos permitieron establecer que la empresa de la que es accionista, INGEMAR S.A. de C.V., presentó un “comportamiento incongruente con su perfil fiscal” al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales.

Dichas investigaciones determinaron la existencia de una red de contrabando de combustible con el uso de ferrotanques ligada a la empresa del que es accionista el exgobernador, y que presuntamente llevó a cabo sus operaciones con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos.

Los ferrotanques abandonados en Coahuila que llevaron a detectar la red de huachicol fiscal

Las autoridades detallaron que la red de huachicol fiscal fue detectada tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, que permitieron reconstruir una cadena logística con un daño patrimonial a la nación de hasta 4 mil millones de pesos.

Al detectarlos, se llevaron a cabo inspecciones en campo para determinar el contenido de las unidades al presentar un riesgo para la población por las altas temperaturas.

Las pesquisas se extendieron hasta que localizaron otros ferrotanques con el mismo patrón de importación irregular en San Luis Potosí y Nuevo León: en todos los casos solo se había declarado el 10% del combustible realmente transportado. El cruce de esos indicios permitió reconstruir la ruta ferroviaria completa usada para el traslado del hidrocarburo.

El análisis de facturas, cartas porte, pedimentos y documentación corporativa condujo a identificar a la importadora principal de la red: INGEMAR S.A. de C.V., constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales. Dos meses después, en octubre de ese año, Ruffo se incorporó al capital variable de la empresa, y para 2021 ya figuraba como accionista y Secretario del Consejo de Administración.

Con esto, se determinó que Ernesto Ruffo y José “N” se encargaban de la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad que formaban.

Durante los años siguientes, la empresa amplió su objetivo social para incluir actividades relacionadas con el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de huidrocarburos, en la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético.

Luego de su detención en el mes de julio, Ernesto Ruffo Appel fue recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por su probable responsabilidad en ilícitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.