Víctimas de despojo inmobiliario en CDMX podrían recuperar antes sus casas, Congreso capitalino analiza iniciativa

Las víctimas de despojo inmobiliario en la Ciudad de México podrían recuperar antes el uso de sus casas si avanza una iniciativa presentada por la diputada de Morena Valentina Batres Guadarrama, que planteó acelerar la devolución de inmuebles durante las investigaciones penales.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino. Si sus integrantes emitieran un dictamen favorable y el Pleno lo aprobara, la reforma pasaría al Congreso de la Unión, debido a que modificaría disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Batres Guadarrama propuso cambios a los artículos 131 y 215 de ese ordenamiento. El objetivo es que el Ministerio Público investigue sin demora la condición jurídica y material de los inmuebles denunciados como despojados, antes de decidir si deben permanecer asegurados o pueden ser devueltos.

La iniciativa busca reducir el tiempo sin acceso a una vivienda

La legisladora sostuvo que una denuncia por despojo abre un proceso que suele involucrar diligencias, revisión de escrituras, antecedentes registrales y la participación de distintas autoridades. Mientras esas actuaciones ocurren, la persona afectada puede permanecer sin acceso a su casa, departamento, terreno o local.

“La víctima tiene derecho a ser escuchada, protegida y atendida desde el momento en que sufre la afectación y durante todo el procedimiento”, dijo Batres Guadarrama durante su intervención ante el Congreso de la Ciudad de México.

La reforma no plantea que la devolución del inmueble ocurra de manera automática. El Ministerio Público tendría que practicar las diligencias necesarias y revisar si aún existen razones para conservar el aseguramiento de la propiedad como parte de la carpeta de investigación.

Una vez reunidos los elementos suficientes, el MP tendría que valorar la conducta de las personas involucradas y las condiciones existentes antes del hecho denunciado. Con esa revisión, podría determinar si procedería entregar nuevamente el inmueble a quien denunció haber sido despojado.

La propuesta busca que la restitución del uso de una propiedad no dependa necesariamente de que concluya todo el proceso penal. La investigación sobre la posible responsabilidad de las personas señaladas continuaría por su propia vía.

Registro, Catastro y notarías atenderían requerimientos con prioridad

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es dar atención prioritaria y expedita a los requerimientos que el Ministerio Público formule a autoridades registrales, catastrales y notariales durante las investigaciones por despojo.

La obtención de documentos sobre la propiedad, gravámenes, inscripciones y antecedentes notariales puede definir la ruta de una investigación. Batres Guadarrama planteó que esas instancias atiendan con mayor rapidez las solicitudes relacionadas con inmuebles que estén bajo una denuncia penal.

El cambio buscaría evitar que la víctima permanezca fuera de su propiedad por retrasos administrativos, cuando la autoridad investigadora ya cuente con información que permita tomar una decisión sobre el aseguramiento del bien.

La diputada explicó que la persona afectada no sólo aporta pruebas para que el Estado investigue y sancione un delito. También conserva derechos dentro del procedimiento y puede exigir atención frente a las consecuencias que el despojo produjo en su vida cotidiana.

“La víctima, además de ser una persona que aporta pruebas para que el Estado investigue y castigue un delito, tiene derecho a recibir atención, a participar en el procedimiento y a que las autoridades se ocupen de las consecuencias que los hechos u omisiones producen en su vida”, señaló.

La devolución no resolvería la propiedad ni definiría culpabilidad

Batres Guadarrama precisó que la medida no ordenaría devolver todos los inmuebles involucrados en denuncias por despojo. Cada expediente requeriría una investigación para conocer tanto la condición material del bien como los derechos que podrían corresponder a otras personas.

La eventual devolución tampoco resolvería por sí misma quién es el propietario legal del inmueble. Esa definición puede requerir procedimientos distintos, incluidos los de carácter civil, registral o penal que correspondan en cada caso.

La iniciativa tampoco implicaría declarar culpable o inocente a la persona investigada. La responsabilidad penal tendría que determinarse dentro del procedimiento respectivo, con las pruebas y resoluciones que establezca la ley.

El planteamiento se concentra en revisar si era necesario mantener asegurado un inmueble cuando la investigación ya contara con datos suficientes para tomar una decisión. La diputada sostuvo que la víctima no debería seguir privada del ejercicio de sus derechos por demoras que pudieran evitarse.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México analizará el proyecto. En caso de aprobarlo, el dictamen sería sometido a votación del Pleno y después remitido al Congreso de la Unión para continuar su trámite legislativo.