Ayotzinapa: piden que papás de los 43 reciban pago millonario por sanción a empresa de armas alemana ligada a caso

Organizaciones de México y Alemania pidieron al ministro presidente de Baden-Württemberg, Cem Özdemir que los recursos obtenidos por la sanción contra Heckler & Koch se destinen a mecanismos de reparación social para familias y comunidades afectadas por las exportaciones ilegales de fusiles G36, entre ellas los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Los colectivos realizaron la petición a través de una carta dirigida a Özdemir y plantea que el Ministerio de Justicia del estado impulse un análisis ante las autoridades competentes, con el objetivo de explorar vías para canalizar recursos hacia las personas afectadas en México.

En mayo pasado, Heckler & Koch hizo efectivo un pago de aproximadamente 3.7 millones de euros al Estado alemán como sanción penal por las exportaciones ilegales de fusiles G36 a México.

En la carta, se reconoce que la sentencia del Tribunal Regional de Stuttgart no establece una indemnización directa para víctimas y comunidades.

Por ello, las organizaciones plantean que si no es juridicamente posible hacer un pago automático para los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se analicen alternativas para que los recursos del proceso penal contribuyan a proyectos de reparación del daño.

“Consideramos que los recursos derivados del procedimiento penal contra la empresa Heckler & Koch deben, en la medida jurídicamente posible, contribuir también a responder a las consecuencias humanas y sociales que tuvieron estas exportaciones ilegales en México”, señalan.

Reparación incluye apoyo médico y psicológico

Los colectivos solicitan que los mecanismos de reparación contemplen apoyo psicosocial y de salud para comunidades afectadas, sobre todo en hechos donde esté documentado el uso de armas exportadas ilegalmente, como en Ayotzinapa.

También proponen financiar la documentación y el esclarecimiento de violaciones a derechos humanos, así como proyectos dirigidos a promover garantías de no repetición y responsabilidad en el comercio internacional de armas.

Sostienen que las familias enfrentan obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y una reparación integral, ipor lo que consideran necesario el acompañamiento jurídico, psicosocial y comunitario, además de respaldo para sus procesos de búsqueda de justicia, memoria y reconstrucción comunitaria.

“Las consecuencias de las exportaciones ilegales de armas no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva de la responsabilidad de una empresa”, exponen las organizaciones en su solicitud.

Destacaron que las familias de víctimas directas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 padecen deterioros en su salud y señaló que durante el juicio contra Heckler & Koch no se consideró a las víctimas de las exportaciones ilegales.

Relación de armas G36 con caso Ayotzinapa

Las organizaciones ubican la venta ilegal de armas en un escenario de violencia e impunidad en México. En particular, refieren el uso de fusiles G36 durante los ataques contra estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En el documento recordaron que la noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos, seis personas fueron ejecutadas y más de 40 resultaron heridas.

Señalaron que en ese caso se constató el uso ilícito de fusiles de asalto G36 de Heckler & Koch y expuso que la regulación alemana prohibía exportar armas a Guerrero por las graves violaciones a derechos humanos en la entidad.

Pese a esa prohibición, había 99 fusiles de la empresa en la policía local. Al menos tres fueron disparados contra los estudiantes durante la noche de los ataques, según la carta.

Entre las personas agredidas se encuentra Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que recibió un disparo en la cabeza. Las organizaciones precisan que el mal procesamiento de la escena del crimen impide determinar si el disparo provino de un arma de Heckler & Koch.

Aldo permanece en estado vegetativo y requiere atención especializada de forma continua. En septiembre de 2018, su hermano Leonel Gutiérrez viajó a Alemania con acompañamiento del Centro Prodh para presenciar el juicio contra directivos de la empresa.

Piden que autoridades dialogen con organizaciones mexicanas y alemanas

La carta también demanda un diálogo con organizaciones de la sociedad civil mexicanas y alemanas para identificar vías transparentes y verificables que permitan canalizar recursos a proyectos destinados a personas y comunidades afectadas.

La petición incluye que se informe públicamente sobre las medidas adoptadas y sobre las posibilidades jurídicas para usar los recursos de la sanción en procesos de reparación social y defensa de derechos humanos.

La Fiscalía de Stuttgart, encargada de ejecutar la sentencia emitida el 21 de febrero de 2019, y el Ministerio de Justicia de Baden-Württemberg tienen, según las organizaciones, responsabilidad en la evaluación de esas alternativas.

“Promover mecanismos de reparación social en favor de las personas afectadas permitiría que las consecuencias de este procedimiento judicial tengan también un efecto positivo más allá del ámbito penal”, sostienen.

La carta fue firmada por el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, el European Center for Constitutional and Human Rights, Ohne Rüstung Leben, Pax Christi, RüstungsInformationsBüro, Informationsstelle Militarisierung, Aktion Aufschrei, Deutsche Friedensgesellschaft, Association of Ethical Shareholders Germany y el abogado Holger Rothbauer.