
La detención de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el miércoles 23 de septiembre, se suma a una lista de al menos 13 presidentes municipales que fueron arrestados en funciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, señalados por vínculos con el crimen organizado, extorsión, secuestro y homicidio.
El primero de la lista, María Elena Martínez Robles, cayó apenas un mes después de que la mandataria asumiera el cargo como Presidenta de México.
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La cronología documenta una constante: desde noviembre de 2024, alcaldes de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y partidos locales han sido detenidos por presuntos nexos delictivos, la mayoría en el marco de la Operación Enjambre, aunque otros casos corresponden a investigaciones independientes o casos específicos como el del Rancho Izaguirre en Jalisco.
Los 13 alcaldes detenidos en funciones

El primer caso del sexenio ocurrió en Amanalco, Estado de México, donde María Elena Martínez Robles fue detenida el 29 de noviembre de 2024 durante la primera fase de la Operación Enjambre.
Las autoridades la vincularon con La Familia Michoacana y la señalaron como responsable de ordenar el homicidio del síndico municipal Miguel Ángel Lara de la Cruz y de su chofer.
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Un tribunal la sentenció el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por homicidio calificado. Es, hasta ahora, la única sentencia condenatoria firme entre los alcaldes detenidos en funciones durante la administración de Sheinbaum.

Días después del primer operativo, la fiscalía mexiquense detuvo a María del Rosario Matías Esquivel, expresidenta municipal saliente de Santo Tomás de los Plátanos, el 23 de enero de 2025, señalada por extorsión y presuntos nexos con La Familia Michoacana. Un juez la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva, medida que se mantiene sin que exista sentencia hasta la fecha.
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Su esposo, Pedro Luis Hernández de Paz, alias “El Wicho”, resultó electo alcalde para el periodo 2025-2027, pero huyó durante su toma de protesta con apoyo de policías municipales y colaboradores. Fue detenido el 10 de febrero de 2025 tras 50 días prófugo. Un juez lo vinculó a proceso por extorsión y le impuso prisión preventiva, situación en la que permanece.

En Bella Vista, Chiapas, el alcalde Rosember López Roblero, del partido local Chiapas Unido, fue detenido el 30 de enero de 2025 por abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado. Había asumido el cargo apenas el 1 de octubre de 2024.
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El Congreso de Chiapas declaró la ausencia definitiva del edil el 5 de febrero de 2025 y nombró en su lugar a la segunda regidora, Annette Aylin Velázquez Zunun. Su situación jurídica permanece en proceso, sin que se haya reportado sentencia.

El 7 de marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado de Puebla, con apoyo del Ejército, detuvo simultáneamente a dos de tres hermanos que gobernaban municipios vecinos del Valle de Serdán bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano: Uruviel González Vieyra, alcalde de Ciudad Serdán, y Giovanni González Vieyra, alcalde de Tlachichuca. Su hermano Ramiro González Vieyra, alcalde de San Nicolás Buenos Aires, evadió la captura ese día gracias a la intervención de pobladores.
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El caso derivó en una cadena de amparos, liberaciones y reaprehensiones. Ramiro fue finalmente detenido el 29 de mayo de 2025 y, desde entonces, ha sido liberado y vuelto a capturar en al menos dos ocasiones más, la última el 18 de septiembre de 2026 por abuso de autoridad. Giovanni obtuvo una salida del penal de Tepexi en diciembre de 2025, pero fue reaprehendido al momento de abandonar el centro penitenciario. Uruviel logró un amparo federal en enero de 2026 y también fue reaprehendido de inmediato.

Por otro lado, el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 5 de marzo de 2025, como centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivó en la detención del entonces alcalde José Ascensión Murguía Santiago, militante de Movimiento Ciudadano, el 3 de mayo de 2025.
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Un juez lo vinculó a proceso el 9 de mayo de 2025 por delincuencia organizada agravada y desaparición forzada, al acreditar que utilizó patrullas, armas y policías municipales para resguardar el predio. Un tribunal colegiado le negó el amparo en 2026, por lo que su proceso continúa. Permanece en prisión preventiva en el penal de Puente Grande.

Otro de los casos más sonados fue el de Diego Rivera Navarro, el presidente municipal de Tequila, Jalisco, militante de Morena, detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo de la Operación Enjambre. La Fiscalía de Jalisco lo señaló por encabezar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes de la región tequilera, entre ellos José Cuervo, a quienes cobraba cuotas de entre 20,000 y 50,000 pesos mensuales para no cerrar sus negocios.
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Un juez lo vinculó a proceso el 10 de febrero de 2026 por delincuencia organizada y secuestro agravado, luego de que la FGR documentó que en 2021 mandó levantar a dos precandidatos de Morena, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, para forzarlos a renunciar a la contienda por la alcaldía. Según el expediente de la FGR, Rivera Navarro pactó su llegada al cargo con el CJNG y operó desde la presidencia municipal una estructura dedicada a secuestrar y extorsionar con un compromiso de entregar 40 millones de pesos anuales al cártel de las cuatro letras.
Permanece en prisión preventiva en el Cefereso número 1, El Altiplano, luego de que un amparo frenó temporalmente la apertura a juicio oral, sin que exista sentencia hasta el momento.
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El primer alcalde detenido en 2026 fue Ernesto Cruz Díaz, presidente municipal reelecto de Cintalapa, Chiapas, militante de Morena, capturado el 5 de enero por corrupción, abuso de autoridad y presuntos nexos con el Cártel de Chiapas y Guatemala, aliado del CJNG. Las autoridades lo señalan por avisar a ese grupo criminal sobre operativos de seguridad.
El 20 de mayo de 2026, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó cuatro órdenes de aprehensión en Morelos que derivaron en la detención de Agustín Toledano Amaro, alcalde en funciones de Atlatlahucan, militante del PAN, señalado por vínculos con una célula del Cártel de Sinaloa encabezada por Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”.

Un juez lo vinculó a proceso el 28 de mayo por delincuencia organizada con fines de narcotráfico y extorsión agravada. Permanece en prisión preventiva en el Cefereso de Hermosillo, sin sentencia.
Ese mismo día, las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, también señalado por nexos con el operador de “El Barbas”. Corona Damián evadió el operativo y promovió un amparo que solo le garantizó ser puesto ante un juez en caso de ser detenido, sin frenar la orden de captura. Fue finalmente arrestado el 30 de mayo de 2026 y su proceso continúa abierto.

El 7 de septiembre de 2026, un operativo con 23 órdenes de cateo en Esperanza, Puebla, terminó con la detención del alcalde Isaac Rodríguez Ochoa, militante de Morena, junto a su hermano y siete personas más, señalados por integrar una organización dedicada al robo de autotransporte, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Un juez federal lo vinculó a proceso el 16 de septiembre de 2026 por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

El caso más reciente es el de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, militante de Morena, detenido el 23 de septiembre de 2026 en un operativo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales. Enfrenta una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, con presuntos vínculos con la célula “Los Cromos”, brazo del CJNG en el Istmo de Tehuantepec.
Su detención se relaciona extraoficialmente con la denuncia de la diseñadora muxe Elvis Guerra, quien confeccionó el vestido que Sheinbaum portó durante el Grito de Independencia y que sufrió un ataque armado en su vivienda tras negarse a pagar una extorsión.
Los exalcaldes

Un grupo distinto de políticos fue detenido ya sin estar en el cargo, por hechos ocurridos durante gestiones anteriores. Ari Patrick Mendiola Mondragón, presidente municipal de Almoloya de Alquisiras, Edomex, entre 2019 y 2021, fue capturado el 9 de abril de 2025 por extorsión contra propietarios de tortillerías, con presuntos nexos con La Familia Michoacana.
Vilma Senorina Reyes Martínez, expresidenta municipal de Santa María Huazolotitlán, Oaxaca, fue detenida en marzo de 2025 por tráfico de permisos de transporte público durante su periodo de gobierno.
Marco Antonio Pluma Meléndez, expresidente municipal de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, militante del PVEM, cayó en septiembre de 2025 acusado de distraer más de cuatro millones de pesos durante 2023.
Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan, Puebla, había solicitado licencia por motivos de salud antes de huir en mayo de 2025; permaneció prófugo nueve meses hasta su captura en Tlaxcala el 3 de febrero de 2026.
Irving Sánchez Zavala, quien gobernó Yecapixtla, Morelos, entre 2009 y 2012, fue detenido el 20 de mayo de 2026 por despojo de un predio destinado a un pozo de agua, en el mismo operativo que capturó al alcalde en funciones de Atlatlahucan.
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