La Ciudad de México enfrenta lluvias más intensas, pérdida de zonas de infiltración y presión urbana sobre barrancas y humedales a causa del cambio climático, cuyas consecuencias han crecido en los últimos años. Ante ese escenario, una iniciativa en el Congreso local plantea dejar de mirar los ríos como infraestructura donde únicamente corre el agua y tratarlos como sistemas naturales que requieren protección, restauración y coordinación entre autoridades.
El diputado Víctor Hugo Romo propuso una ley para identificar los ríos, protegerlos y restaurarlos como sistemas naturales que ayudan a enfrentar lluvias intensas, contaminación y presión urbana sobre barrancas y humedales.
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La iniciativa para expedir la Ley de Ríos y Sistemas Fluviales de la Ciudad de México consta de seis títulos y 24 artículos. El proyecto plantea un modelo de coordinación entre autoridades del agua, medio ambiente, territorio, riesgos, obra pública y las alcaldías, sin crear nuevos fideicomisos ni estructuras administrativas.
La Mesa Directiva del congreso capitalino turnará la propuesta a la Comisión de Gestión Integral del Agua, que deberá analizarla y, en su caso, elaborar un dictamen.
La propuesta busca cambiar el uso que la ciudad da a sus cauces
El legislador de Morena sostiene que la capital mantiene durante décadas una relación marcada por el ocultamiento, canalización y entubamiento de sus ríos. Muchos cauces pasan a formar parte de la infraestructura para desalojar agua ante el crecimiento urbano, las inundaciones y problemas de salubridad.
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Esa lógica, expone, responde a las necesidades de una metrópoli que se expande sobre su territorio. La iniciativa plantea que esa respuesta ya no basta frente a lluvias de mayor intensidad, pérdida de áreas de infiltración, contaminación y deterioro de cuerpos de agua.
“El río es uno. La actuación pública no puede seguir viéndolo por partes. Por eso presentamos una ley concreta y operativa”, señaló Romo de Vivar Guerra al explicar el alcance del ordenamiento.
El proyecto propone reconocer que los ríos no se limitan al agua que corre por un cauce. También incluyen suelo, vegetación, biodiversidad, zonas de infiltración, paisaje, territorio, historia e identidad comunitaria.
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Los sistemas fluviales tendrían reconocimiento socioambiental
El Título Primero de la iniciativa establece las bases de la ley. Reconoce a los sistemas fluviales como unidades socioambientales con valor ecológico, hidrológico, territorial, paisajístico, cultural y comunitario.
Con esta definición, la propuesta busca que la intervención pública considere el entorno completo de cada río, barranca o humedal. El objetivo es evitar que las decisiones se limiten a obras hidráulicas o acciones aisladas sobre un tramo de cauce.
El Título Segundo define las responsabilidades de las instituciones y plantea un esquema de coordinación interinstitucional. La propuesta parte de que distintas dependencias atienden actualmente asuntos relacionados con agua, medio ambiente, riesgos, desarrollo territorial y obra pública.
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Las alcaldías, añade el diputado, atienden asuntos de proximidad relacionados con estos espacios. La ley pretende establecer una ruta común cuando varias autoridades intervengan sobre un mismo sistema fluvial.
“No estamos proponiendo una nueva Ley de Aguas. No pretendemos invadir las facultades de la Federación sobre las aguas nacionales ni sustituir a las autoridades hidráulicas, ambientales o territoriales”, afirma el legislador.
Un inventario permitiría ubicar riesgos y condiciones ambientales
El Título Tercero reúne los instrumentos de protección y planeación fluvial. Entre ellos está la creación de un inventario de ríos y sistemas fluviales de la capital, con datos sobre ubicación, extensión, condiciones ambientales y riesgos.
Ese registro también permitiría identificar los sitios donde se requiere conservación, restauración o rehabilitación. La propuesta contempla la regulación de zonas de amortiguamiento para reducir la presión de desarrollos urbanos y actividades que afecten los cuerpos de agua.
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La iniciativa plantea que la planeación no se concentre sólo en los ríos visibles. El alcance incluiría cauces abiertos, tramos canalizados, zonas asociadas con escurrimientos, barrancas y humedales que formen parte de un mismo sistema.
El Título Cuarto fija un criterio para las intervenciones: privilegiar la conservación y restauración de los cauces abiertos frente a su confinamiento permanente. La medida no plantea retirar infraestructura indispensable ni abrir indiscriminadamente los ríos entubados.
“Esta iniciativa no propone abrir indiscriminadamente nuestros ríos ni sustituir infraestructura indispensable. Propone algo distinto: dejar de verlos únicamente como conductos para desalojar el agua y reconocerlos también como sistemas naturales que pueden proteger a la ciudad”, sostiene Romo.
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La iniciativa incorpora a comunidades en la restauración fluvial
El Título Quinto fortalece la participación social mediante consejos para la restauración fluvial en los sistemas considerados prioritarios. Estos espacios funcionarían como mecanismos de consulta, seguimiento y colaboración entre autoridades, comunidades y sociedad civil.
La propuesta coloca a las comunidades como parte del proceso de recuperación de los sistemas fluviales. El planteamiento parte de que los ríos, barrancas y humedales mantienen vínculos con la vida cotidiana, la memoria y la organización de distintas zonas de la ciudad.
El Título Sexto contempla financiamiento, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para las acciones previstas en la ley. El texto establece que este modelo no requeriría nuevos fideicomisos ni una estructura administrativa adicional.
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La Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México deberá revisar el contenido de la iniciativa, definir sus alcances jurídicos y determinar si procede su dictaminación.
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