
México pasa de una reacción improvisada en 1985 a un modelo con instituciones, normas, alertamiento y simulacros sistemáticos.
El cambio es amplio, pero el sismo del 19 de septiembre de 2017 exhibió fallas que seguían presentes: supervisión irregular de inmuebles, cobertura desigual de la alerta sísmica, reconstrucción lenta y protocolos que no siempre se ajustan al tipo de edificio.
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Desde esos días hasta ahora sin duda los cambios han sido sustanciales y la sociedad se encuentra cada vez más preparada para responder ante estos eventos; sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer.

De la emergencia espontánea de 1985 a un sistema nacional
El terremoto del 19 de septiembre de 1985 encontró a la Ciudad de México sin un sistema nacional especializado para coordinar la prevención, el auxilio y la reconstrucción.
La respuesta inmediata dependió en buena medida de vecinos, brigadistas voluntarios, personal médico y rescatistas que se organizan sobre la marcha.
Como consecuencia, el 6 de mayo de 1986 se crearon las bases del Sistema Nacional de Protección Civil. El SINAPROC articuló a autoridades federales, estatales y municipales con organizaciones sociales, privadas y voluntarias.
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Dos años después, el 20 de septiembre de 1988, se creó el CENAPRED para investigar riesgos, capacitar y difundir medidas preventivas.
El cambio también llega a la construcción. Tras 1985 se revisan las normas sísmicas de la capital; las modificaciones de 1987, y revisiones posteriores en 2004 y 2022, elevan las exigencias para el diseño estructural.
Aun así, el cumplimiento de las reglas y la evaluación de edificios viejos continúan como puntos débiles.
Simulacros: de práctica excepcional a rutina pública
Tras ambos terremotos, los simulacros se convirtieron en uno de los cambios más visibles. Escuelas, oficinas, hospitales, comercios y edificios públicos incorporaron rutas de evacuación, puntos de reunión, brigadas internas y ejercicios periódicos. El 19 de septiembre quedó como una fecha central de esa cultura preventiva, bajo el Día Nacional de Protección Civil.
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Después de 2017, los ejercicios adquirieron una dimensión más amplia: no sólo buscaron desalojar inmuebles, sino probar comunicaciones, operación de cuerpos de emergencia, coordinación en el C5 y toma de decisiones de las autoridades.
En 2019, por ejemplo, un macrosimulacro en la Ciudad de México registró más de 7.1 millones de participantes y 22,559 inmuebles inscritos. Día Nacional de Protección Civil y conmemoración de los terremotos de 1985 y 2017 Primer Informe de Gobierno: Protección Civil
La legislación de la Ciudad de México también cambió el enfoque. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, publicada el 5 de junio de 2019, definió el simulacro como una herramienta para probar y corregir respuestas, no sólo como una evacuación simbólica.
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La norma integró identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México

Alerta sísmica y cambio en la conducta de la población
La creación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano fue otro avance derivado de 1985. Su utilidad resultó mayor ante sismos originados en la costa, pues podía ofrecer segundos de anticipación a ciudades lejanas como la capital.
En el sismo del 19 de septiembre de 2017, con epicentro entre Puebla y Morelos, la cercanía impidió que la alerta ofreciera un margen útil de reacción.
Esto dejó una lección: la alerta no predijo terremotos ni pudo proteger por sí sola. Su eficacia dependió de que la población comprendiera cuándo evacuar, cuándo replegarse y qué hacer según el inmueble donde se encontrara.
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Estudios sobre la experiencia de 2017 señalaron que los participantes en simulacros y quienes conocían los protocolos tendían a valorar más la utilidad de la alerta, aunque persistió confusión sobre sus alcances.
Ahora, además de la alerta sísmica en altavoces, el gobierno trabaja en el sistema de alertas que sonará en cada celular para alertar a la población.

En 2017 reapareció la capacidad de autoorganización que marcó a 1985. La población participó en rescates, acopio, traslado de víveres, apoyo médico y localización de personas. Esta vez contó con celulares, redes sociales y plataformas digitales para difundir necesidades y coordinar ayuda.
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La diferencia fue que esa reacción ocurrió junto a una estructura formal de protección civil. La sociedad ya no sustituyó por completo al Estado, aunque en las primeras horas solía cubrir vacíos de información, logística y atención inmediata.

La experiencia de 2017 confirmó que la solidaridad ciudadana fue una fortaleza, pero no reemplazó inspecciones, dictámenes técnicos ni una reconstrucción con transparencia.
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