Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, promovió un amparo para reclamar a la Fiscalía General de la República (FGR) la falta de definición sobre una investigación iniciada en 2023 y exigir que determine si ejercerá o no acción penal.
El recurso fue presentado ante un juzgado federal en materia penal de la Ciudad de México y está relacionado con la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023.
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De acuerdo con la información disponible en el expediente, López Obrador señala una presunta dilación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso.
La carpeta está a cargo de la Célula I-7 de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Ciudad de México.
Sin embargo, el expediente del amparo no detalla cuál es el origen de la investigación ni precisa qué calidad tiene Pío López Obrador dentro de ella, es decir, si comparece como denunciante o como persona señalada.
Pío López Obrador reclama definición sobre investigación de 2023
El recurso fue presentado ante la jueza Gabriela Sandoval Saavedra, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.
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Posteriormente, la juzgadora determinó declinar competencia y ordenó notificar a López Obrador por vía electrónica.
En el acuerdo publicado este 17 de septiembre en el portal del Órgano de Administración Judicial no se precisó si la demanda fue admitida a trámite ni si se concedió alguna medida cautelar.
La petición de Pío López Obrador ocurre meses después de que otro expediente relacionado con él, pero de naturaleza electoral, concluyera con una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ese asunto corresponde a los videos difundidos en 2020 en los que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León Romero.
¿Qué se sabe del caso por los sobres amarillos?
La difusión de las grabaciones en agosto de 2020 dio origen a investigaciones y denuncias relacionadas con un posible uso electoral de los recursos. Los videos mostraban a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero de David León, quien en ese momento estaba vinculado con el gobierno federal en materia de Protección Civil.
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De acuerdo con información proporcionada sobre el caso, los videos habrían sido grabados en junio de 2015. Posteriormente se investigó si los recursos tenían alguna relación con actividades políticas o electorales.
En 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL) informó que había determinado el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León Romero por presuntos delitos electorales. La fiscalía señaló entonces que el cierre de la investigación ocurrió en cumplimiento de una resolución judicial.
Entre los antecedentes del caso se encuentra también la entrega voluntaria de una copia de la carpeta de investigación de la FGR al Instituto Nacional Electoral (INE) por parte de Pío López Obrador en agosto de 2022.
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Estos son los principales antecedentes del caso:
- Los videos fueron difundidos públicamente en agosto de 2020.
- En las grabaciones aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León.
- Los hechos habrían ocurrido en 2015.
- La investigación generó denuncias relacionadas con posibles delitos electorales.
- En 2022, la FISEL determinó el no ejercicio de la acción penal en una carpeta relacionada con Pío López Obrador y David León.
TEPJF cerró en marzo el caso de los sobres amarillos
El 18 de marzo de 2026, la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del INE que determinó que no existían elementos suficientes para acreditar una infracción electoral contra Pío López Obrador. La decisión fue aprobada por unanimidad.
La resolución estuvo relacionada con una impugnación presentada contra la determinación del INE.
El proyecto de la magistrada Mónica Soto sostuvo que los elementos disponibles no permitían acreditar que el dinero observado en los videos hubiera sido destinado a Morena o a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Con esa resolución concluyó la vía electoral relacionada con los llamados “sobres amarillos”.
Pío López Obrador sostiene que los videos fueron alterados
Después de la resolución del TEPJF, Pío López Obrador difundió un mensaje en redes sociales en el que sostuvo que las grabaciones presentaban alteraciones técnicas.
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Según su versión, los peritajes realizados por la FISEL identificaron elementos como edición, cortes de continuidad, desfases y subtítulos que calificó como engañosos, además de otros recursos de postproducción.
También afirmó que las investigaciones realizadas por instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la propia FGR no encontraron elementos que acreditaran una falta administrativa o delito.
López Obrador calificó entonces el episodio como un “montaje mediático” y cuestionó la manera en que fueron difundidas las grabaciones.
Nuevo amparo mantiene abierta otra investigación ante la FGR
El amparo presentado en septiembre corresponde a una carpeta distinta, iniciada en 2023, por lo que la resolución electoral de marzo no determina por sí misma el curso de este nuevo procedimiento.
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Hasta ahora, la información pública del expediente de amparo no especifica el motivo que dio origen a la investigación FED/DGCAP-CDMX/0000027/2023 ni la posición procesal de Pío López Obrador dentro de ella.
La petición que ahora plantea ante la justicia federal está centrada en que la FGR defina si ejercerá o no acción penal respecto de esa investigación.
La jueza Gabriela Sandoval Saavedra ya notificó electrónicamente al promovente, aunque el acuerdo publicado no detalla si la demanda fue admitida ni si existe una medida cautelar.
Así, el nuevo recurso judicial se concentra en la falta de una determinación ministerial sobre una investigación iniciada en 2023, mientras que el expediente electoral relacionado con los videos de 2020 quedó cerrado en marzo de 2026.
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