Caso del tecladista de Camilo Séptimo: investigación, pruebas y lo que sigue para los acusados del mutihomicidio

Diego Sebastián N y Gerardo N, procesados por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo y tres integrantes de su familia, permanecerán en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, luego de que una jueza les dictó prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses de investigación complementaria para consolidar la acusación.

Durante ese periodo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reunirá los elementos necesarios para sostener el caso en juicio. El expediente ya incluye registros de videovigilancia, testimonios y hallazgos periciales que ubican a ambos imputados dentro del inmueble de Bosque de Amates, en el fraccionamiento Grand Viure, entre las 17:23 y las 19:43 horas del día de los hechos.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el intervalo de muerte de las víctimas ocurrió entre las 17:30 y las 20:00 horas, un margen que coincide con el tiempo que los dos detenidos permanecieron dentro del fraccionamiento residencial. Esa correspondencia temporal es uno de los ejes centrales de la imputación.

La defensa de las víctimas buscarían entrevistar al menor sobreviviente

Uno de los puntos centrales de la investigación complementaria será la entrevista al niño de aproximadamente cinco años que sobrevivió al ataque sin lesiones visibles. La diligencia se realizará bajo el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes, y se antepondrá el interés superior de la niñez.

El menor fue entregado a sus abuelos por los primeros policías que llegaron al domicilio, según consta en el expediente. Hasta el momento no ha sido presentado ante personal especializado de la Fiscalía para valoraciones psicológicas y de trabajo social.

La defensa de las víctimas solicitará una serie de peritajes psicológicos al niño, una vez que las condiciones lo permitan. El objetivo es obtener su testimonio sin comprometer su estabilidad emocional, dado que estuvo presente en el domicilio mientras se cometían los homicidios en las habitaciones contiguas.

Un rastreo financiero buscará el origen del móvil: bitcoins por millones

La hipótesis principal de la Fiscalía sostiene que los agresores buscaban una caja con criptomonedas que, según la indagatoria, guardaba cantidades millonarias en bitcoins. Por esa razón, la defensa de las víctimas solicitará un rastreo financiero y peritajes de carácter económico para reconstruir el patrimonio y los movimientos de dinero vinculados al caso.

Estas diligencias buscan esclarecer el grado de participación de cada sujeto en la planeación del crimen. Según la indagatoria, Diego Sebastián le habría ofrecido dos millones de pesos a Gerardo por su colaboración, una vez obtenidos los recursos en bitcoins.

La investigación ya documentó que un día antes del ataque, el 31 de agosto, Diego Sebastián instruyó a Gerardo conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, dispositivos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas, artículos que, según la Fiscalía, guardan correspondencia con los utilizados para maniatar a las víctimas.

No se descarta que la esposa de Diego Sebastián sea investigada

Entre las líneas que continuarán abiertas durante los próximos cuatro meses figura la posible participación de la esposa de Diego Sebastián. Las autoridades no descartan que las pesquisas puedan alcanzarla, aunque hasta el momento no enfrenta cargos formales dentro de la causa.

Esta posibilidad se suma a otras diligencias pendientes orientadas a determinar si existieron más personas involucradas en la planeación o ejecución del ataque, más allá de los dos detenidos que ya enfrentan proceso judicial por el multihomicidio.

El arma con silenciador y las cámaras que documentaron el ataque

Las videocámaras del fraccionamiento captaron el ingreso de Gerardo a bordo de un vehículo Kia gris a las 17:23 horas, acompañado de Diego Sebastián, quien accedió al departamento tras una llamada de autorización de Ana Paula. Ahí solo se encontraba Aleyda Romero con dos mascotas. Ana Paula habría llegado después junto a sus hijos.

A las 19:28 horas, las cámaras registraron la llegada de Jonathan junto con un amigo, quien relató en entrevista ministerial: “Al llegar, Jonathan se baja del carro, lo deja prendido, me bajo con él. Lo iba a acompañar a entrar a su casa y me dijo: espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”. El testigo agregó que notó miedo en su voz antes de pedir ayuda en la caseta de vigilancia.

A las 19:43 horas, el vehículo Kia salió del fraccionamiento con ambos investigados a bordo. Para evitar la revisión, según el testimonio de un vigilante, Diego Sebastián amenazó al personal de seguridad y, ya fuera de la caseta, le dijo: “Tu pin… negrito, donde se te ocurra decir que me viste te voy a matar como a tus pin… amigos”.

Diego Sebastián reconoció ante los investigadores que el arma utilizada, provista de silenciador, fue desensamblada y arrojada a una barranca tras el ataque. Los vecinos del fraccionamiento no reportaron haber escuchado detonaciones, un dato que la Fiscalía considera consistente con esa versión.

Las placas sobrepuestas y el aseguramiento del vehículo Kia

Al investigar el automóvil utilizado por los detenidos, la Fiscalía identificó que circulaba con placas sobrepuestas. La unidad fue ubicada y asegurada posteriormente en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, en el municipio de Tecámac.

Los indicios recuperados dentro del vehículo, entre ellos cinchos y cinta adhesiva industrial, guardan correspondencia con los objetos utilizados para maniatar a las víctimas dentro del departamento, según la Fiscalía mexiquense.

Los cargos y las penas que enfrentan los acusados

Diego Sebastián y Gerardo enfrentan cargos por homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato a seres sintientes. Por cada víctima de homicidio, la ley contempla una pena de entre 25 y 70 años de prisión.

El delito de interrupción del embarazo, cometido en agravio del producto de la gestación, prevé una sanción de cinco a diez años. El maltrato animal, por su parte, contempla una pena adicional de tres a seis años de prisión.

El siguiente paso: cuatro meses para consolidar la acusación

Con la prisión preventiva ya dictada, el proceso entra en su etapa de investigación complementaria, la fase previa a que el Ministerio Público module su acusación formal antes del juicio oral. Durante los cuatro meses fijados, la defensa de las víctimas insistirá en el rastreo financiero, los peritajes psicológicos al menor sobreviviente y la posible ampliación de la causa hacia terceras personas.

El resultado de estas diligencias determinará si el caso avanza a juicio con los elementos que la Fiscalía mexiquense ha reunido hasta ahora, o si se amplían los señalamientos contra otros implicados, incluida la esposa de Diego Sebastián.