Caso Paola Buenrostro casi 10 años después: del asesinato y la impunidad a la tipificación del transfeminicidio

Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016. Desde entonces, su caso pasó de estar marcado por fallas en la investigación y casi una década de impunidad a convertirse en un referente para la lucha de las mujeres trans por el reconocimiento de la violencia que enfrentan y por cambios en la legislación de la Ciudad de México.

El asesinato de Paola y los primeros errores

Paola tenía 24 años, era originaria de Chiapas y se dedicaba al trabajo sexual. La madrugada del 30 de septiembre de 2016 se encontraba con sus compañeras en la zona de Puente de Alvarado, en la entonces delegación Cuauhtémoc, cuando abordó un automóvil después de que un hombre solicitara sus servicios.

De acuerdo con la investigación documentada posteriormente por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), momentos después Paola pidió auxilio a sus compañeras. Kenya Cuevas, amiga y compañera de trabajo de Paola, acudió al vehículo y la encontró herida. El hombre que estaba dentro del automóvil tenía un arma de fuego. Paola murió a consecuencia de los disparos.

Arturo “N” fue detenido inicialmente, pero quedó en libertad dos días después por deficiencias en la integración de la investigación. Aunque posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra, permaneció prófugo durante años. Las autoridades incluso ofrecieron una recompensa de hasta 500 mil pesos para obtener información que permitiera localizarlo.

La lucha de los colectivos trans por investigar el crimen con perspectiva de género

La respuesta de las compañeras de Paola no se limitó a exigir la captura del señalado. Kenya Cuevas y colectivos de mujeres trans comenzaron una lucha para que las autoridades reconocieran que el asesinato debía analizarse dentro del contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres trans.

Uno de los principales reclamos fue que Paola fuera reconocida por su identidad de género y que la investigación no se redujera a un homicidio convencional. Las organizaciones también cuestionaron el trato recibido por sus compañeras y la falta de reconocimiento de la familia elegida de Paola, una red fundamental para las personas trans que no cuentan con respaldo de su familia biológica.

En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, la primera de ese organismo en reconocer un transfeminicidio. El documento estableció que en la investigación de la muerte de Paola no se actuó con la debida diligencia ni con perspectiva de género y enfoque diferenciado. También documentó violaciones relacionadas con su identidad de género y afectaciones a Kenya Cuevas como víctima.

La recomendación fue un punto central en la lucha de los colectivos: el caso dejó de ser únicamente una exigencia de justicia por una mujer asesinada y se convirtió en un reclamo para modificar la forma en que las instituciones investigaban la violencia contra mujeres trans.

La disculpa pública de la Fiscalía

La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aceptó en julio de 2019 la Recomendación 02/2019. Entre los compromisos asumidos estuvieron la reparación integral para Kenya Cuevas, un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad, así como cambios en procedimientos para incorporar análisis de contexto y riesgo en investigaciones relacionadas con grupos de atención prioritaria.

También se planteó revisar el protocolo de actuación para la atención de personas de la comunidad LGBT+ y modificar criterios de actuación pericial para incorporar elementos que permitieran investigar adecuadamente delitos contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas.

El 30 de septiembre de 2021, cinco años después del asesinato, la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy encabezó un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad ante Kenya Cuevas y la familia social de Paola, como parte de las medidas derivadas de aquella recomendación.

La lucha de Paola llegó a la legislación: de 35 a 70 años por transfeminicidio

La exigencia de los colectivos trans también se trasladó al Congreso de la Ciudad de México. Durante años, activistas como Kenya Cuevas impulsaron que la legislación reconociera de manera específica la violencia extrema contra mujeres trans.

En 2024, el Congreso capitalino aprobó reformas para tipificar el transfeminicidio y garantizar el acceso a la justicia de víctimas de violencia transmisógina. El dictamen modificó disposiciones del Código Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, y fue planteado en memoria de Paola Buenrostro.

La reforma estableció el transfeminicidio como un delito específico en la capital y contempló penas de entre 35 y 70 años de prisión, además de circunstancias que permiten considerar el contexto de violencia por identidad o expresión de género.

El cambio legal representó uno de los principales resultados de una lucha iniciada tras el asesinato de Paola: que la violencia contra las mujeres trans tuviera un reconocimiento jurídico propio y que las investigaciones no ignoraran los elementos relacionados con la identidad de género.

Casi 10 años después, Arturo “N” fue detenido

El 31 de agosto de 2026, casi una década después del asesinato, agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvieron a Arturo “N” en Nicolás Romero, Estado de México.

La FGJCDMX informó que para localizarlo se agotaron distintas líneas de investigación y se realizaron diligencias en la Ciudad de México y el Estado de México, además de solicitar colaboración a autoridades de Baja California. El hombre había permanecido prófugo desde que en 2016 se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La detención abrió una nueva etapa judicial para un caso que durante años permaneció sin una resolución sobre la responsabilidad penal del señalado.

La captura reactivó la protesta de los colectivos

La detención también generó un nuevo conflicto. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a Arturo “N” el delito de homicidio y no transfeminicidio, lo que provocó protestas de colectivos trans frente a instalaciones de la Policía de Investigación.

Las activistas exigieron que el asesinato sea investigado con perspectiva de género y que se valore su reclasificación. También denunciaron que durante la audiencia se volvió a desconocer la identidad de género de Paola mediante el trato utilizado por personal ministerial.

La FGJCDMX reconoció posibles errores en la forma en que su personal se dirigió a las víctimas y sostuvo que cualquier equivocación de ese tipo no corresponde con los estándares de atención de la institución. Al mismo tiempo, señaló que la clasificación jurídica del caso no está cerrada y que durante el proceso pueden aportarse elementos para valorar una reclasificación.

Las protestas incluyeron daños a instalaciones de la Policía de Investigación y un enfrentamiento con personal de la institución. Los colectivos anunciaron que mantendrán las movilizaciones y llevarán sus reclamos ante organismos de derechos humanos.

Casi 10 años después del asesinato de Paola Buenrostro, el caso enfrenta así una nueva etapa: el hombre señalado como responsable está nuevamente ante un juez, pero los colectivos que durante años impulsaron el reconocimiento del transfeminicidio reclaman que la investigación y el proceso judicial sean congruentes con el cambio legal que ayudaron a construir.