Suprema Corte permite el lenguaje inclusivo en escuelas de Chihuahua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 31 de agosto que una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua es constitucional, pero no puede leerse como una prohibición ni usarse para desincentivar la enseñanza del lenguaje inclusivo en las escuelas, con lo que limitó el alcance de una reforma que el Congreso local aprobó en octubre de 2025 y que había sido presentada como el primer veto de este tipo en el país.

El criterio del Pleno quedó asentado en las acciones de inconstitucionalidad 127/2025y su acumulada 133/2025. En su mensaje en redes sociales, la SCJN precisó que la norma solo promueve “el uso correcto” de las reglas gramaticales y ortográficas del español, pero no autoriza excluir el lenguaje inclusivo de la enseñanza.

Dicha definición responde al punto central del debate: la reforma de Chihuahua no puede aplicarse para impedir que en los planteles se enseñe lenguaje inclusivo y no sexista. La SCJN añadió que ese tipo de lenguaje contribuye a visibilizar grupos en condición de vulnerabilidad, combatir estereotipos y avanzar hacia una igualdad sustantiva.

La Corte mantuvo la norma, pero frenó su uso como veto escolar

De acuerdo con el pronunciamiento de la Suprema Corte, la disposición educativa sí supera el análisis constitucional. El límite está en su interpretación: las autoridades no pueden convertirla en una prohibición general ni usarla para excluir contenidos con perspectiva de género y enfoque pluricultural.

La SCJN también sostuvo que la enseñanza del lenguaje inclusivo es compatible con una educación con perspectiva de género y pluricultural. Esa precisión corrige la lectura política que se instaló tras la aprobación de la reforma en el Congreso estatal.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una modificación legal que establecía la obligación de acatar el uso correcto del idioma español en todos los planteles de educación básica, públicos y particulares con reconocimiento de validez oficial.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Carlos Olson San Vicente del PAN e incorporó una nueva fracción al artículo 8 de la ley estatal. El argumento de sus promotores era asegurar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español en el sistema educativo.

Reforma desató un debate legislativo y social en Chihuahua

Olson sostuvo durante la sesión que la educación básica sirve para preservar la riqueza y unidad del español. También afirmó que una formación centrada en gramática y ortografía permite a los alumnos expresarse con precisión y comprensión de forma oral y escrita.

La discusión parlamentaria duró más de una hora y media. En ese debate, la bancada de Morena, encabezada por el diputado Óscar Avitia Arellanes, promovió mociones para devolver la iniciativa a la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte por considerar que faltaba análisis, pero esas propuestas fueron rechazadas por mayoría.

Colectivos de derechos humanos y personas de la comunidad LGBT+ advirtieron ante el Congreso que la exposición de motivos del dictamen contenía elementos que podían interpretarse como discurso de odio. Su señalamiento era que la reforma podía legitimar la exclusión de expresiones de género no binarias.

Entre los respaldos académicos citados en el dictamen apareció la lingüista Concepción Company Company, a quien se atribuyó la postura de que el lenguaje incluyente era un distractor frente a otros problemas y que solo 3% de la gramática española depende del sexo del referente.

En la reforma se agregó que el lenguaje sería inclusivo por naturaleza sin necesidad de modificar la lengua ni volver más compleja la comprensión lectora.

La bancada panista defendió entonces la medida con el argumento de que seguir normas gramaticales y ortográficas ayuda a formar disciplina y a ordenar ideas y prioridades durante la etapa escolar.