Madres buscadoras buscan a miles de personas desaparecidas entre inseguridad y violencia institucional

Madres buscadoras y colectivos de búsqueda hacen el trabajo que las autoridades mexicanas se niegan a realizar: buscar a las 132 mil 836 personas que se mantienen con un estatus de desaparecido y no localizado en México. Sin embargo, enfrentan a diario un ambiente hostil que pone en riesgo su vida y que no garantiza su seguridad ante la falta de cumplimiento de compromisos institucionales.

En 2025, Amnistía Internacional señaló que la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una “labor de alto riesgo” para quienes buscan a sus seres queridos; la organización detalló que esta actividad le ha costado la vida a 16 mujeres desde 2011.

La violencia, el riesgo que corren las personas que buscan a sus seres queridos

Además de la inseguridad y la violencia institucional, las madres buscadoras enfrentan situaciones de precariedad y discriminación estructural por diversos factores, alzar la voz y señalar las omisiones del estado, así como visibilizar los riesgos que padecen al buscar en zonas controladas por el crimen organizado, las puede llevar a ser blanco de múltiples situaciones sin una mayor protección del Estado.

El informe “Desaparecer otra vez”, realizado por la organización internacional mencionada, destaca las diferentes violencias y afectaciones a las que se vieron sometidas alrededor de 600 mujeres que se dedican a buscar a sus familiares desaparecidos en México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

El 97 por ciento de las mujeres buscadoras entrevistadas declaró haberse enfrentado a amenazas (45%); extorsiones (39%); ataques, (27%), desplazamientos forzados (27%); secuestros (6%), tortura (10%), e incluso violencia sexual, desapariciones y asesinatos.

Un artículo realizado por “A dónde van los desaparecidos” da cuenta de por lo menos 27 personas buscadoras asesinadas desde 2010 a la fecha; además, subraya que al menos tres más han sido desaparecidas por buscar a sus seres queridos, siendo Guanajuato el que concentra estos tres caso:

• Lorenza Cano Flores
• Luz Alejandra Lara Cárdenas
• Óscar Iván Jiménez Torres

Agresión de la policía en acciones de búsqueda

Algunas de las acciones de búsqueda que realizan las madres buscadoras son acompañadas por elementos de seguridad, sin embargo, a veces se convierten en los perpetradores de la violencia, tal es el reciente caso denunciado por Jacqueline Palmeros durante una jornada de búsqueda en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México.

El incidente expuso una contradicción que las madres buscadoras han señalado en reiteradas ocasiones: los cuerpos de seguridad que deberían acompañarlas en las jornadas de rastreo terminan por obstaculizarlas o, como en este caso, agredirlas.

Palmeros no solo enfrenta la ausencia institucional en la búsqueda de su hija Yael Montserrat, desaparecida desde julio de 2020 cuyos restos parciales localizó en el Ajusco cuatro años después, sino también la violencia de quienes portan uniforme y arma del Estado.

Ante los hechos, Palmeros exigió la destitución inmediata de la agente Edith Gómez Díaz y que se ejerza acción penal en su contra, descartando que el caso se resuelva con una sanción administrativa o un simple cambio de adscripción.

Para la buscadora, el intento de desenfundar el arma de cargo contra una madre civil y desarmada no es un error aislado: es evidencia de que el Estado falla en la selección y en la formación de sus elementos, y de que esa falla tiene consecuencias letales.

Una madre buscadora fue atacada a balazos en Culiacán

Previo al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la madre buscadora Alma Rosa Rojo fue atacada a balazos la tarde del sábado 29 de agosto en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

Viajaba en un Toyota Yaris blanco junto con su hija -también integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, que ella fundó- y sus tres nietas. Rojo, quien busca a su hermano Miguel Ángel desde su desaparición el 4 de julio de 2009, quedó con una herida de bala en el brazo y fue reportada estable.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) activó el Código Plata para proteger a las víctimas en el hospital, con participación del Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva.

La FGE abrió una carpeta por feminicidio en grado de tentativa y explora si el ataque se vincula con la actividad de búsqueda de Rojo. El colectivo Sabuesos Guerreras calificó la agresión como “un acto de violencia cobarde” y exigió al Estado medidas de protección inmediatas para las buscadoras de Sinaloa.