Amnistía Internacional urge reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos en México

Amnistía Internacional pidió, mediante un posicionamiento, al Estado mexicano reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo de Protección oficial, mientras la violencia contra ellas se agrava y la crisis de desapariciones supera las 132 mil personas sin localizar.

La organización advirtió que la enorme mayoría de quienes buscan a personas desaparecidas en México son mujeres que operan sin respaldo institucional y bajo amenaza constante. “Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas a lo largo del país”, afirmó Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección Mexicana.

Por qué el Estado debe reconocerlas como defensoras

Amnistía Internacional exigió que las buscadoras sean beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo federal creado para salvaguardar a quienes defienden derechos en contextos de riesgo.

La demanda parte de una realidad documentada: las instituciones que tienen la responsabilidad legal de buscar a las personas desaparecidas no están logrando resultados. Ante ese vacío, son las familias y en particular las mujeres quienes asumen esa carga.

“El Estado debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad no los están buscando”, precisó Olivares Ferreto.

Las cifras de una violencia que no cede

La organización Artículo 19 documentó que desde 2010 al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas. Los casos de 2026 ilustran la gravedad: el 14 de marzo, Cecilia García Ramblas, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue secuestrada de su domicilio en Valtierrilla. Su cuerpo fue hallado cuatro días después en un camino de terracería, y su identidad confirmada el 31 de marzo mediante estudios forenses.

El 23 de junio, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos en Pénjamo al salir de su jornada laboral en el Hospital Regional de ese municipio. Se había unido a las brigadas de búsqueda en 2021, tras la desaparición de su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya. Su muerte convirtió a Guanajuato en el estado con cuatro buscadoras asesinadas en lo que va del año.

Qué documentó el informe Desaparecer otra vez

En julio de 2025, Amnistía Internacional publicó el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, que retrató las condiciones en que estas mujeres realizan su labor.

El documento describe amenazas constantes de organizaciones criminales, revictimización y estigmatización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, enfermedades derivadas de las jornadas de búsqueda y una precaria situación económica que afecta a la mayoría de las integrantes de los colectivos.

De manera paralela a su publicación, Amnistía Internacional lanzó la campaña #BuscarSinMiedo, que el 22 de agosto de 2026 tuvo una de sus activaciones más visibles: colectivas de buscadoras y activistas pintaron, junto al artista plástico Enrique Chiu, una sección del muro fronterizo de las Playas de Tijuana.

Lo que exige la campaña #BuscarSinMiedo

La campaña demanda que las autoridades garanticen la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las buscadoras. También reclama acceso a medidas de protección, investigación y sanción de todas las formas de violencia ejercidas en su contra, y políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad.

A esas exigencias se suman apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal. La campaña mantiene abierta una petición pública a la que cualquier persona puede adherirse.

La crisis que las obliga a salir a buscar

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba, al 29 de agosto de 2026, 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas en el país. A esa cifra se suman más de 72 mil cuerpos que permanecen sin identificar en morgues de todo el territorio nacional.

México cuenta con una legislación considerada robusta en materia de desapariciones, que mandata la creación de instituciones con responsabilidad expresa de prevenir y atender este crimen. Esas dependencias, no obstante, no están logrando resultados, lo que llevó a las familias a recurrir desde hace años a organismos internacionales de derechos humanos.

La ONU como respaldo a las familias

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) anunció el 4 de abril de 2025 la activación del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la primera vez en la historia del organismo que se aplicaba esa medida.

El 19 de marzo de 2026, el Comité adoptó su decisión definitiva. El 2 de abril la hizo pública, con la solicitud al Secretario General de la ONU de remitir con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General. El 12 de mayo de 2026, el Secretario General transmitió la carta a los Estados miembros.

El CED concluyó que existen indicios fundados de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, a partir de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintos momentos y regiones del país. En casos documentados han estado involucrados agentes del Estado, como quedó constatado en el Rancho Izaguirre en marzo de 2025 y en el caso de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“A mediados de septiembre, la comunidad internacional podría abordar en la Asamblea General de las Naciones Unidas la grave crisis de desapariciones que enfrenta México. Pero, sobre todo, es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con las víctimas y contribuya de manera decidida a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para éstas y sus familias”, declaró Olivares Ferreto.