Violencia obstétrica persiste en México: mujeres jóvenes y con discapacidad enfrentan mayor riesgo

El informe reporta mayor incidencia en mujeres menores de 30 años, así como en pacientes sin pareja o con discapacidad

La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural
La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La violencia obstétrica se mantiene en México como un problema de salud estructural, incluso con un mayor reconocimiento legal, de acuerdo con el informe La Violencia Obstétrica en Tres Dimensiones: Datos, Voces y Prácticas, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El documento cruza tres capas: datos estadísticos, expedientes acompañados jurídicamente y la mirada del personal de salud.

Sin embargo, el mensaje es directo: la penalización, por sí sola, no alcanza para erradicar prácticas arraigadas en la forma en que operan los servicios.

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La ENDIREH muestra una baja mínima y un piso que no cede

La ENDIREH 2021 reporta que 31.4% de las mujeres que tuvieron partos entre 2016 y 2021 sufrieron algún tipo de violencia obstétrica. En el periodo 2011-2016 la proporción fue de 33.4%. La diferencia es marginal: el fenómeno baja, pero no se rompe.

El informe también describe un patrón desigual. La incidencia sube en mujeres menores de 30 años, en usuarias del IMSS, con 39.8% de los casos, y en quienes no tienen pareja, con 38.57 por ciento.

La brecha económica se refleja en los deciles de ingreso más bajos, donde el registro es de 35%, mientras que en el decil más alto baja a 18.4%.

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La cifra más alta se presenta en mujeres con discapacidad: 43.9% en su último parto, frente a 30.4% entre mujeres sin discapacidad ni limitaciones. En adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, el porcentaje llega a 55.4%.

Por edad, el riesgo disminuye en la madurez: entre mujeres de 40 a 49 años sin discapacidad, la incidencia es de 22.3%.

En contraste, en el grupo de 20 a 29 años con discapacidad alcanza 45.5%. La lectura es interseccional: edad, condición de discapacidad e ingresos se acumulan y elevan el riesgo.

Presión anticonceptiva y cesáreas: prácticas que avanzan

Entre las manifestaciones documentadas, el informe señala el aumento de la presión para aceptar un método anticonceptivo o una esterilización.

Esa forma de violencia pasa de 27.7% en 2016 a 31.5% en 2021. La esterilización forzada registra el mayor incremento, con implicaciones directas en derechos reproductivos.

Otro foco es la cesárea. El porcentaje sube de 42.8% (2011-2016) a 47.4% (2016-2021). En 2021, la tasa llega a 49.1%, por encima del rango de 10-15% recomendado por la OMS.

Expedientes: cuando la atención falla y el sistema se protege

El componente cualitativo analiza 64 casos acompañados jurídicamente por GIRE. Ahí, la violencia obstétrica no aparece como un episodio aislado, sino como una cadena de fallas: comunicación clínica incompleta, decisiones sin información suficiente, trato degradante y retrasos en la atención.

El informe documenta prácticas institucionales que complican el acceso a la justicia: desplazamiento de la culpa, pérdida de expedientes y presión hacia las familias para aceptar versiones oficiales.

En los casos que involucran a mujeres indígenas, los patrones son más severos: 100% recibió respuesta clínica tardía y 88% requirió traslado por falta de infraestructura.

En 88% se reporta desplazamiento de culpa institucional y solo 63% obtiene algún reconocimiento de responsabilidad.

En 12 casos vinculados con mortalidad materna, el informe identifica infraestructura insuficiente en 75%; valoración inadecuada del riesgo en 67%; respuesta clínica tardía en 58%, y desplazamiento de culpa en 42%.

Lo que dice el personal de salud: condiciones que empujan la violencia

El informe incorpora un taller con 39 profesionales de salud realizado en junio de 2025. El consenso, según el documento, es que la violencia obstétrica tiene raíces institucionales: fallas de formación, sobrecarga laboral, falta de insumos y equipo, confusión de roles y una lógica administrativa centrada en productividad. También advierten que criminalizar el fenómeno puede incentivar prácticas defensivas sin resolver lo de fondo.

Entre las propuestas, aparecen reformas a planes de estudio en medicina, enfermería y partería para incluir parto humanizado, violencia de género, derechos reproductivos y bioética; capacitación continua en consentimiento informado y habilidades interpersonales; homologación de protocolos; equipos multidisciplinarios, y sistemas de evaluación de calidad que midan resultados en salud y experiencia de las usuarias, no solo volumen de atención.

El informe cierra con una tesis que atraviesa todo el diagnóstico: la violencia obstétrica no se desactiva únicamente con sanciones, sino con cambios de fondo en el sistema de salud, con prevención, reparación y garantías de atención digna, oportuna y sin discriminación.

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