Asesinaron a seis integrantes de una familia por no vender sus tierras en Guerrero

Seis integrantes de la familia Hernández Solano fueron asesinados durante un ataque armado en Cerro de las Lumbreras, comunidad serrana de San Miguel Totolapan, Guerrero, la madrugada de este jueves, en un hecho que pobladores vincularon con la negativa de las víctimas a vender sus tierras y permitir la explotación forestal en la zona.

Los testimonios ubicaron la irrupción alrededor de las 4:00 horas y señalaron que, después de la agresión, la mayoría de los habitantes huyó hacia pueblos cercanos o permaneció escondida entre los cerros por miedo a un nuevo ataque. También reportaron personas heridas, entre ellas niños y adultos mayores, además del incendio de algunas viviendas.

Los pobladores identificaron a cuatro de las seis víctimas como Genaro, Milo, Porfirio y Basilio. De las otras dos personas se sabía, de forma preliminar, que una era una mujer con discapacidad. Otro recuento de habitantes indicó que el saldo fue de cinco hombres y una mujer, y que entre los fallecidos había dos jóvenes de 18 años.

La versión de los habitantes apuntó a que la incursión habría sido encabezada por Leonel B., alias “La Changa”, a quien señalaron como presunto integrante de Los Tlacos. Esa acusación no había sido confirmada por autoridades, igual que el móvil exacto del crimen y el número final de heridos.

Pobladores denunciaron despojo de tierras y tala ilegal

De acuerdo con los relatos reunidos en la comunidad, la familia atacada llevaba meses bajo presión para entregar sus tierras y sus árboles. Un habitante sostuvo que el conflicto estaba relacionado con la disputa por predios y con la explotación forestal, porque varias familias se negaron a permitir la tala en sus terrenos.

En mensajes de auxilio difundidos por los propios vecinos, los sobrevivientes describieron una ofensiva prolongada y pidieron la entrada urgente de fuerzas de seguridad estatales y federales. En una de esas publicaciones se leyó: “Necesito ayuda urgente para mi familia, ya que la gente mañosa nos vino a tratar mal a mi familia. Por favor, necesito ayuda urgente del gobierno. Hay niños heridos, hay mujeres mayores, ayúdenme a difundir para que el gobierno llegue lo más pronto posible”.

Otro mensaje expuso el motivo que, según los pobladores, detonó la agresión: “Desde hace unos meses nos quieren quitar nuestros campos, donde no hemos dejado cortar ni un solo árbol”. Los habitantes también denunciaron que los agresores recorrieron durante horas las calles de la comunidad con armas y que eso reforzó la decisión de muchas familias de abandonar el lugar.

Hasta la tarde de este jueves, la Fiscalía de Guerrero no había confirmado oficialmente ni el número de víctimas ni las circunstancias exactas del ataque. Tampoco el gobierno estatal había emitido una versión formal sobre los hechos.

La Sierra de Guerrero acumuló ataques por control de recursos

La agresión en Cerro de las Lumbreras ocurrió en una franja serrana donde, a lo largo de este año, se repitieron ataques contra comunidades rurales. Según los testimonios de habitantes de distintas localidades, el patrón fue el mismo: grupos criminales buscaron despoblar los pueblos para apropiarse de recursos naturales como agua, bosques, madera, huertas y tierras.

El 21 de agosto, en la comunidad de Los Bayados, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, otro grupo armado atacó a la población. Una habitante relató que la agresión duró ocho horas. Ese pueblo ya había sufrido un hecho similar tres años antes y, tras aquella ofensiva, la mayoría de sus habitantes salió huyendo; ahora resistían apenas ocho familias.

Una vecina resumió la precariedad y el asedio con esta frase: “Nos han dicho que quieren nuestras tierras, pero acá no hay nada, apenas y podemos sobrevivir”. Esa región, junto con la Montaña, figuró entre las más empobrecidas de Guerrero, con miles de pueblos sin centros de salud, escuelas, caminos, energía eléctrica o agua potable, y con comunidades que ni siquiera tenían un tramo pavimentado.

A esa marginación se sumó el deterioro de la economía local. Hace más de ocho años, la zona perdió la actividad que sostuvo durante largo tiempo a numerosas familias: el cultivo de amapola. El cambio en el mercado de drogas en Estados Unidos desplazó al opio y el precio del kilo de goma cayó de 30 mil pesos a 6 mil pesos.

Ese desplome volvió inviable el cultivo para pobladores y para organizaciones criminales. Mientras algunos ejidos buscaron permisos oficiales para aprovechamiento forestal sustentable, los grupos delictivos optaron por el despojo, la clandestinidad y la violencia para sustituir las ganancias que antes obtenían de la amapola.

Los antecedentes incluyeron drones, masacres y un crimen atribuido a La Changa

Hace unas semanas, habitantes de El Pescado, en el ejido de Guajes de Ayala, sierra de Coyuca de Catalán, denunciaron un ataque con drones atribuido a La Familia Michoacana. Después descubrieron un campamento que, según su versión, era usado para organizar las agresiones y en el que hallaron decenas de bombas artesanales, trincheras, químicos y equipo táctico.

En diciembre de 2022, en la comunidad de El Durazno, también en la sierra de Coyuca de Catalán, unos 100 integrantes de ese mismo grupo criminal reunieron a los pobladores en el patio de la primaria y asesinaron a siete, de acuerdo con los testimonios locales. Los habitantes afirmaron que la masacre ocurrió porque se negaron a entregar sus huertas de aguacate y su bosque.

El 5 de abril de 2023, Carlos Márquez Oyorzabal, comisario de Las Conchitas y campesino ecologista, fue torturado, ejecutado y descuartizado frente a su hijo de 11 años por oponerse a la extracción de madera de su comunidad. En ese caso, pobladores responsabilizaron a Barragán Tolentino y a Los Tlacos.

En esas zonas serranas se habían denunciado desde tiempo atrás operaciones de explotación forestal, pero los habitantes sostenían que no presentaban denuncias formales por miedo a represalias y por una presunta colusión entre autoridades estatales y grupos criminales.

• Seis integrantes de una familia habrían sido asesinados en Cerro de las Lumbreras tras negarse a vender sus tierras y permitir la tala.
• Pobladores reportaron heridos, quema de viviendas y desplazamiento forzado hacia comunidades vecinas después del ataque.
• La Sierra de Guerrero acumuló agresiones ligadas al control criminal de bosques, agua, madera, huertas y tierras.