De pasante a vicefiscal de Sinaloa: el recorrido de Dámaso Castro Zaavedra, señalado por EEUU en la red de Los Chapitos

Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa, enfrenta desde el 29 de abril de 2026 una acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestamente recibir pagos mensuales del grupo de Los Chapitos a cambio de protección. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la autoridad estatal ha descartado su destitución y mantiene su situación administrativa bajo licencia.

Castro Zaavedra es abogado egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa en 1998 y construyó su carrera entera dentro del aparato de procuración de justicia de Sinaloa. Desde pasante en la Agencia Primera del Ministerio Público hasta vicefiscal general del estado, su trayectoria abarca todas las capas del sistema.

Sin embargo, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó este miércoles que Castro permanece con licencia sin goce de sueldo y que esa figura legal, no la destitución, es el único mecanismo disponible hasta noviembre de 2026.

Quién es Dámaso Castro Zaavedra y qué cargo ocupa en la Fiscalía de Sinaloa

Castro Zaavedra asumió la Vicefiscalía General del Estado el 15 de octubre de 2021, tras un proceso de selección en el que el Congreso sinaloense no le otorgó el cargo máximo de fiscal. El puesto de titular de la Fiscalía fue asignado en ese momento a Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Su carrera dentro del Ministerio Público comenzó en septiembre de 1998 como agente auxiliar en la Dirección de Averiguaciones Previas, posición que mantuvo hasta marzo de 2003. Entre 2003 y 2014 se desempeñó como agente titular en diversas unidades, entre ellas la Agencia Especializada para Asuntos con Detenidos en Flagrancia.

Con la implementación del sistema penal acusatorio, Castro Zaavedra dirigió unidades de litigación oral en tres regiones del estado: primero en Angostura, luego en Mazatlán y finalmente en Culiacán, donde estuvo al frente de junio de 2016 a octubre de 2021. Paralelamente, impartió materias como Criminología, Derecho Constitucional y Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la UAS.

Las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York y el nombre clave “Culiacán Regio”

El expediente S9 23 Cr. 180, presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026, ubica a Castro Zaavedra en las listas de pago del Cártel de Sinaloa bajo el alias “Culiacán Regio”. Según ese documento, el funcionario recibió aproximadamente USD 11.000 mensuales de Los Chapitos a cambio de alertarlos sobre operaciones de la DEA, incluidos los laboratorios y miembros del cártel que eran objetivo de investigaciones.

Los cargos formales en su contra incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. Castro Zaavedra es uno de los diez funcionarios sinaloenses acusados por Washington en ese mismo proceso judicial.

El vicefiscal negó los señalamientos y compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán el 26 de mayo de 2026, en cumplimiento de un citatorio de la institución federal. Antes de ingresar a las instalaciones, defendió su inocencia ante los medios de comunicación.

La licencia de seis meses que vence en noviembre de 2026

La fiscal Sánchez Kondo fue categórica al explicar el marco legal que rodea el caso: “La licencia de él vence en noviembre de este año. Es una licencia por ley que son seis meses y se concluye en el mes de noviembre. Si se concluye y él no regresa, lo que procede legalmente es la renuncia”. La declaración cierra la puerta a una destitución de oficio por parte de la Fiscalía estatal.

Castro Zaavedra solicitó la licencia sin goce de sueldo casi una semana después de conocerse la acusación estadounidense, y su separación temporal se hizo efectiva el 5 de mayo de 2026. Desde esa fecha, la Vicefiscalía General del Estado opera bajo la conducción provisional de José Roberto Quiñonez Coronado.

Sánchez Kondo también precisó que la Fiscalía estatal no dispone de información oficial que confirme si la investigación de la FGR contra Castro Zaavedra ha concluido. Además, declaró desconocer el paradero actual del funcionario.

El caso Cuén Ojeda y la segunda sombra sobre Castro Zaavedra

La exposición judicial de Castro Zaavedra no se agota en la acusación estadounidense. El vicefiscal también está en la mira por su actuación en el caso del asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y diputado federal electo.

Junto con la entonces fiscal Sara Bruna Quiñónez, Castro Zaavedra respaldó la versión inicial de que Cuén Ojeda fue asesinado durante un intento de robo de vehículo en una gasolinera de Culiacán. La Fiscalía estatal difundió un video de una estación de servicio para sustentar ese relato.

La FGR atrajo la investigación, detectó múltiples irregularidades y determinó que el video fue un montaje. La indagatoria federal estableció que Cuén Ojeda fue asesinado el 25 de julio de 2024 en la misma finca donde se ejecutó el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa trasladado a Estados Unidos ese mismo mes.

El intento frustrado de encabezar la Fiscalía de Sinaloa en dos ocasiones

En 2021, Castro Zaavedra participó en el proceso de selección para dirigir la Fiscalía estatal tras la renuncia de Juan José Ríos Estavillo. Aunque integró la terna de candidatos, el Congreso sinaloense no le otorgó el cargo y eligió a Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Tras la renuncia de Quiñónez el 16 de agosto de 2024, en medio de la polémica por el caso Cuén Ojeda, Castro Zaavedra volvió a registrarse como aspirante a la Fiscalía. El Congreso estatal eligió nuevamente a otra candidata: Claudia Sánchez Kondo, quien hoy es su superior y quien confirmó que no lo destituirá.

El contexto de los diez funcionarios sinaloenses acusados por Washington

El caso de Castro Zaavedra es uno de los nueve que permanecen sin resolución judicial firme en México dentro del grupo de funcionarios sinaloenses acusados por el gobierno de Estados Unidos. El único caso resuelto hasta ahora es el de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente el 11 de mayo en Arizona y desde el 11 de agosto permanece fuera del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, bajo resguardo en un domicilio no revelado mientras avanza su colaboración con las autoridades estadounidenses.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien encabeza la lista de acusados, solicitó una segunda licencia indefinida el 23 de agosto tras el rechazo que generó su efímero regreso al cargo el 22 de agosto. El Congreso de Sinaloa la aceptó por voto unánime y designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina.