Así operaba la red marítima que abastecía de cocaína al Cártel de Sinaloa y al CJNG desde Ecuador

El mar territorial de Ecuador y las vastas aguas del Océano Pacífico Oriental se convirtieron en la principal autopista clandestina para abastecer de cocaína a las organizaciones criminales más poderosas de México. Una reciente investigación revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó pieza por pieza el complejo mecanismo operativo de una red internacional que, bajo la fachada de la industria pesquera ecuatoriana, enviaba miles de kilogramos de droga mensuales hacia territorio mexicano.

Esta sofisticada cadena de suministro no operaba en el vacío. Según las autoridades estadounidenses, la logística marítima estaba al servicio directo de una violenta guerra librada a miles de kilómetros de distancia: la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para asegurar su hegemonía en el tráfico global, ambas mafias mexicanas tejieron alianzas con organizaciones sudamericanas clasificadas actualmente como terroristas, subcontratando el traslado y la protección de sus cargamentos desde las costas andinas hasta México.

La fachada perfecta: pescadores al servicio del narco

El corazón de la operación radicaba en el puerto de Manta, Ecuador, donde criminales explotaban la industria pesquera para camuflar sus actividades. La estructura estaba encabezada por la familia Mero Mero, a través de la empresa Arcasdenoe, S.A. Alfonso Mero Mero y sus hijos, Roberth y Edwar, comandaban una flota de al menos diez embarcaciones comerciales que el gobierno estadounidense ha ordenado bloquear. Nombres como “Todos Vuelven”, “Arca De Noe III”, “Conquista” y “Siempre Mi Arca” funcionaban como piezas clave de este engranaje criminal.

El modus operandi era audaz. En lugar de llevar la droga desde el puerto hasta su destino final en un solo viaje, los grandes pesqueros utilizaban combustible subsidiado por el gobierno para adentrarse en el Pacífico Oriental. Allí, en coordenadas secretas y en medio de altamar, transferían toneladas de cocaína a lanchas rápidas.

Pero las embarcaciones pesqueras no solo servían como cargueros. Operaban como verdaderas bases de apoyo logístico y “gasolineras flotantes”. Proveían a las lanchas rápidas de reabastecimiento de combustible, alimentos y atención médica para las tripulaciones que enfrentaban el largo y peligroso viaje hacia las costas mexicanas. Asimismo, estas naves contaban con tecnología para detectar y seguir a las patrullas policiales o militares, garantizando que el multimillonario cargamento llegara intacto a manos de los cárteles mexicanos.

Sinaloa y Jalisco: La conexión terrorista en Sudamérica

La infraestructura marítima estaba estrictamente ligada a las dos facciones más violentas de Ecuador, que a su vez responden a los intereses de los grandes capos en México. Por un lado, la OFAC detalló que el Cártel de Sinaloa ha consolidado una fuerte alianza con “Los Choneros”, permitiéndoles controlar las rutas primarias del tráfico de cocaína. Operadores como Julio Javier Mero Franco y Jhonny Francisco Vera Laz coordinaban el envío de entre 30 y 40 toneladas mensuales hacia Centroamérica y México bajo el paraguas de esta alianza.

Por el otro lado, buscando romper ese monopolio, el CJNG estableció vínculos operativos con “Los Lobos”, una violenta escisión de Los Choneros. La red de abastecimiento en altamar trabajaba de la mano con ambos grupos; por ejemplo, operadores como Milton Edixon Martínez Mendoza coordinaban logísticamente envíos para las dos facciones, asegurando que las embarcaciones rápidas repletas de droga alcanzaran los puertos mexicanos.

La gravedad de estas alianzas llevó al Departamento de Estado de EE. UU. a designar tanto a Los Choneros como a Los Lobos, al igual que al CJNG, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).

El golpe económico y la barrera en el Pacífico

Para estrangular las ganancias que fortalecen a los cárteles mexicanos, el Departamento del Tesoro sancionó a 15 individuos y bloqueó 10 embarcaciones, congelando cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense. Además de la familia Mero, el golpe apuntó a la red de lavado y proveeduría corporativa. Se sancionó a Jimmy Leonidas Alarcón Holguín, quien controlaba seis empresas (como Alho Fish y Negocios Jimar) que disfrazaban las ganancias ilícitas mediante la pesca comercial y la venta de materiales de construcción.

Esta acción de la OFAC se alinea con los esfuerzos tácticos de la “Operación Pacific Viper” (Víbora del Pacífico), desplegada por la Guardia Costera de EE. UU. desde agosto de 2025. Al patrullar de forma intensiva este corredor vital para México, las autoridades estadounidenses lograron incautar más de 112 toneladas de cocaína en menos de un año.

Las sanciones impuestas exponen claramente cómo los cárteles mexicanos dependen de una compleja red internacional para su supervivencia financiera. Golpear la logística marítima en Ecuador y congelar el flujo de capitales es el nuevo frente de batalla para debilitar a las organizaciones que introducen la droga letal a Norteamérica.