Cuidado con las compras impulsivas, una nueva medida restringe el ingreso de celulares de otros países

La Secretaría de Economía modificó las Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo de 2026. La norma entró en vigor al día siguiente, aunque la aplicación específica para celulares fue prorrogada hasta el 1 de julio de 2026.

Qué cambió en aduana para los teléfonos

Hasta antes de la reforma, los teléfonos podían ingresar a México sin acreditar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) si su valor no superaba los $17,060 pesos en envíos no comerciales, o los $42,650 pesos en importaciones realizadas por empresas de mensajería y paquetería registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Con la nueva disposición, esa exención desaparece para los smartphones y teléfonos móviles, sin importar el valor del envío ni el canal utilizado para importarlos. La medida afecta tres fracciones arancelarias: la 8517.13.01 (teléfonos inteligentes), la 8517.14.91 (otros teléfonos móviles y de redes inalámbricas) y la 8517.18.99 (otros teléfonos).

La Secretaría de Economía reconoció en el propio acuerdo que estas categorías ya se encontraban dentro del campo de aplicación de las normas, pero no estaban identificadas de forma expresa en el Anexo 2.4.1, lo que generaba un vacío regulatorio.

Las normas que ahora son obligatorias

Todo teléfono que ingrese al país debe acreditar dos certificaciones. La primera es la NOM-001-SCFI-2018, que establece los requisitos de seguridad y métodos de prueba para aparatos electrónicos.

La segunda es la NOM-024-SCFI-2013, que regula la información comercial en empaques, instructivos y garantías de productos electrónicos. Sin ambos certificados, los equipos pueden ser retenidos o devueltos en la aduana mexicana.

Los importadores deben registrar en sus pedimentos la documentación que acredite el cumplimiento normativo. Para consultar organismos de certificación y laboratorios registrados, las empresas deberán operar a través de la nueva Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad (PLATIICA), que reemplaza al antiguo sistema SINEC.

El golpe al comercio electrónico internacional

La medida impacta de forma directa las compras realizadas en plataformas de comercio electrónico internacional. Usuarios en foros y grupos de discusión en México ya reportaron desde julio que celulares adquiridos en sitios como AliExpress quedaron bloqueados en aduana por no contar con la certificación NOM.

El canal de mensajería y paquetería —la vía más utilizada para recibir pedidos del exterior— ya no puede procesar el ingreso de estos equipos bajo el esquema simplificado. Independientemente del precio del aparato, la certificación es ahora un requisito previo e innegociable.

Una segunda presión sobre los dispositivos: el “Moche Digital”

De forma paralela, y sin relación directa con la medida aduanera, la Secretaría de Cultura —encabezada por Claudia Curiel de Icaza— trabaja en una propuesta que añadiría un cobro de hasta 2% sobre el valor de celulares, tabletas, laptops y memorias USB.

La iniciativa, conocida como “Moche Digital”, es impulsada también por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), dirigido por Karina Luján, y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), encabezada por Roberto Cantoral. El fundamento sería la remuneración compensatoria por copia privada: el cobro aplicaría por la capacidad potencial del dispositivo para almacenar o reproducir contenido protegido, sin que el usuario haya descargado o copiado obra alguna.

El obligado formal al pago sería el importador o el primer comercializador, aunque el costo podría trasladarse al precio final que paga el consumidor. Estimaciones de la industria sitúan el impacto anual entre $11,942 millones y $12,795 millones de pesos.

A diferencia de la restricción aduanera —que ya está vigente—, el “Moche Digital” no ha sido aprobado ni tiene fecha de entrada en vigor. Se trata de una propuesta en discusión que buscaría instrumentarse mediante un reglamento, sin modificar la Ley Federal del Derecho de Autor. Una iniciativa similar fue rechazada en 2021 por la Cámara de Diputados, incluso con votos en contra de Morena y sus aliados.