Morena operó red de pagos secretos con Finabien durante tres dirigencias, revela MCCI

Financiera para el Bienestar (Finabien) confirmó, en respuesta a una solicitud de transparencia gestionada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la existencia de dos contratos firmados con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena para la dispersión de pagos etiquetados como “apoyos sociales”.

De acuerdo con la investigación de MCCI, el hallazgo confirma que el esquema —revelado por la organización en junio pasado— no se limitó a una sola dirigencia partidista, sino que operó de forma continuada en dos periodos distintos de la conducción nacional del partido.

Según los documentos obtenidos por MCCI, el primer convenio se suscribió el 1 de junio de 2022. El segundo, el 21 de abril de 2025, ya bajo una dirigencia nacional distinta.

MCCI detalla que ambos documentos fueron entregados por Finabien en respuesta a la solicitud de transparencia. Morena, en contraste, no proporcionó copia de los convenios a la organización, pese a estar obligado a rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos.

Más de 252 mil pagos bajo revisión

De acuerdo con una auditoría interna del Órgano Interno de Control de Finabien, el esquema permitió dispersar hasta 252 mil 901 pagos. El acuerdo estuvo vigente desde junio de 2022 hasta junio de 2024, lapso que incluye el proceso electoral en el que Claudia Sheinbaum resultó electa presidenta.

La auditoría señala que no se identificó ningún protocolo para atender la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado de dinero. Esto implica que no habría claridad sobre el origen ni el destino de los recursos que el partido encomendó dispersar.

Puntos clave de la auditoría:

• El contrato no detalla montos totales ni el número exacto de pagos ordenados.
• El partido no reportó el acuerdo en sus informes de gastos del proceso electoral 2023-2024.
• Un exconsejero electoral del INE, consultado por MCCI, señaló que la dispersión masiva de recursos por partidos políticos no está contemplada dentro de sus atribuciones legales.

Tres dirigencias, un mismo esquema

El primer contrato quedó registrado bajo el folio DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022 y fue firmado durante la gestión de Mario Delgado al frente del partido. La rúbrica correspondió a Francisco Javier Cabiedes Uranga, entonces representante legal del CEN, quien hoy es director general del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa.

El segundo contrato se firmó durante la dirigencia de Luisa María Alcalde, periodo en el que Andy López Beltrán encabezaba la Secretaría de Organización del partido. Los firmantes fueron Luis Portillo Bencomo y Alfredo Nader Mena, ambos colaboradores cercanos a Alcalde desde su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, posteriormente, por la Secretaría de Gobernación.

Portillo funge actualmente como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, cargo al que llegó tras acompañar a Alcalde en distintas responsabilidades públicas.

La respuesta de Morena: una ruta sin documentos

Ante la solicitud de MCCI, el partido remitió a una ruta de consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, según la verificación de la organización, no se encuentran alojados los contratos en dicha plataforma.

Esta respuesta contrasta con la postura de Finabien, que sí entregó los documentos solicitados, y refuerza los cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos dispersados bajo el concepto de “apoyos sociales”.

Un esquema que sigue sin esclarecerse

El caso se suma a los cuestionamientos previos sobre el uso del esquema de “apoyos sociales” a través de Finabien, cuyo origen y destino de fondos —calculado por fuentes periodísticas en más de 600 millones de pesos— continúa sin esclarecerse públicamente.

Con dos contratos confirmados y una auditoría que documenta la ausencia de controles antilavado, el caso plantea interrogantes sobre la trazabilidad de los recursos que fluyeron durante más de dos años, incluido un periodo electoral clave para el partido en el poder.