Trabajadores del IMSS denuncian presunta corrupción en la Delegación Sur

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscritos a la Delegación Sur y a la Subdelegación 7, denunciaron presuntos actos de corrupción y despidos injustificados que, de acuerdo con su testimonio, se habrían presentado desde la llegada de Antonia Gutiérrez Ramírez a la Jefatura de Afiliación y Cobranza de esa representación en la Ciudad de México.

Los empleados informaron que acudieron ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde su promoción quedó registrada con el folio 115895/2026. El acuse ciudadano confirma que fue recibida el 12 de agosto de 2026 mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) y que sería analizada y turnada a la autoridad competente en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El comprobante acredita la recepción, pero no la veracidad de las acusaciones ni la apertura de un procedimiento sancionador.

Según el relato de los trabajadores, desde mayo de 2026 también han presentado diversas quejas ante el Órgano Interno de Control del IMSS y una denuncia ante la Dirección Jurídica; sin embargo, aseguran que hasta ahora no han observado avances en las investigaciones. La documentación revisada no incluye los acuses de esas gestiones previas.

En el escrito, los trabajadores solicitan que las autoridades revisen la actuación de Gutiérrez Ramírez, a quien atribuyen cambios de personal para colocar a personas cercanas en puestos estratégicos.

Sostienen que estas modificaciones habrían servido para evitar denuncias internas y facilitar supuestas irregularidades en detrimento de las finanzas del instituto y del erario.

Señalan auditorías direccionadas y posibles beneficios para empresas

Los denunciantes afirman que la funcionaria actuaría con el apoyo de Anuar Estefan Garfias, a quien identifican como extitular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la Delegación Norte.

En su acusación aseguran que Garfias fue suspendido anteriormente del IMSS por malas prácticas. Este señalamiento, al igual que el resto de las imputaciones contenidas en la denuncia, requiere corroboración oficial.

De acuerdo con los quejosos, algunos empleados serían presionados para justificar indebidamente facturas y aceptar medios de prueba que no cumplirían con los requisitos de las auditorías.

El objetivo, sostienen, sería permitir que determinados patrones redujeran el pago de sus obligaciones. También señalan que se brindaría orientación a ciertas empresas para justificar desviaciones, mientras que aquellas ajenas al supuesto grupo beneficiado enfrentarían revisiones más rigurosas.

El comunicado, fechado el 12 de agosto de 2026, sostiene que cerca de 50 empresas compartirían domicilios fiscales en avenida Coyoacán 1878, piso 1405, y en los inmuebles ubicados en Roberto Gayol 1219, 1255 y 1260, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez. Según los denunciantes, las compañías usarían variaciones como oficina, piso o despacho para diferenciar sus registros.

Como respaldo de esa afirmación, el documento incorpora una tabla con 36 registros patronales, nombres de empresas o personas y domicilios fiscales, principalmente en la calle Roberto Gayol.

La coincidencia de domicilios, por sí sola, no demuestra la existencia de actos ilícitos y deberá ser revisada por la autoridad junto con los expedientes y movimientos correspondientes.

Los trabajadores calculan que las empresas presuntamente beneficiadas agruparían alrededor de 200 mil empleados. Aseguran que se les practicarían “auditorías a modo” para disminuir sus pagos e incluso mencionan una posible falsificación de facturas.

Asimismo, denuncian el supuesto registro de personas como trabajadores únicamente para que accedan a servicios médicos o cumplan requisitos para obtener una pensión, además de posibles apoyos en juicios e inconformidades.

Trabajadores acusan hostigamiento y piden una investigación

Quienes se niegan a participar en las prácticas señaladas serían objeto de llamadas de atención, hostigamiento, presiones para renunciar o despidos, de acuerdo con el testimonio presentado. Los empleados sostienen que se les obliga a colaborar bajo la amenaza de perder su fuente de trabajo.

Entre las conductas descritas se encuentran las auditorías direccionadas, la aceptación de pruebas presuntamente insuficientes, la asesoría a patrones para justificar irregularidades y la aplicación de criterios más severos contra empresas que no formarían parte del supuesto esquema.

Los denunciantes pidieron al IMSS y a las instancias anticorrupción investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades. También cuestionaron el cumplimiento de los principios aplicables al personal institucional, señalados —según su escrito— en el artículo 303 de la Ley del Seguro Social, así como la falta de resultados de las denuncias presentadas previamente.

Hasta la información proporcionada para esta nota no se incluye una postura de Antonia Gutiérrez Ramírez, Anuar Estefan Garfias, el IMSS ni la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.