Periodistas que documentan la defensa del territorio y extorsiones, bajo amenaza en CDMX

La Ciudad de México es la entidad con mayor índice de violencia contra periodistas, según el informe anual de Artículo 19, “Estructura del silencio: censura, opacidad y vigilancia (2025)”, en el cual se registraron 451 agresiones contra los comunicadores y medios a nivel nacional, 84 ocurrieron en la capital, se siguen Veracruz y Puebla con:

• Ciudad de México: 84 casos
• Puebla: 39 casos
• Veracruz: 34 casos

Estos tres entidades encabezan las agresiones contra periodistas, donde permea el ambiente hostil y el abuso del poder público. Y en el caso específico de la capital, también se registran ataques y violencia física.

Para este reporte, el organismo internacional ocupó una nueva metodología, la cual divide las agresiones según su clasificación:

• Ambiente hostil: 37 casos que representan casi la mitad de las agresiones. Dentro de esta categoría se documentaron al menos 12 amenazas directas (8 amenazas de muerte, 2 de acciones legales y 2 a la integridad o libertad).
• Abuso de poder público: 27 casos, la segunda agresión más frecuente, evidenciando el uso del aparato estatal para criminalizar o bloquear la labor informativa.
• Ataques y violencia física: 17 casos demuestran que las agresiones han pasado de la intimidación al daño material y corporal.
• Restricciones en línea o vigilancia: 3 casos.
• Violencia letal y violaciones graves a derechos humanos (DDHH).

De acuerdo con los datos documentados, el hostigamiento constante y las acciones arbitrarias por parte de autoridades encabezan las estadísticas, creando un clima que busca silenciar la labor periodística.

Xochimilco: foco rojo para la defensa del territorio

Las cifras cobran rostro al observar lo que ocurre en el sur de la capital. La organización internacional Artículo 19 ha alertado sobre un entorno de hostilidad extrema dirigido específicamente hacia las personas que documentan delitos ambientales y extorsión en la alcaldía Xochimilco.

El pasado 2 de agosto DE 2026, el hogar de la periodista y defensora fue atacado con arma de fuego, el disparo impactó y rompió la ventana de la habitación de un menor de edad. El asedio contra Galicia no se limitó a este atentado. El 5 de septiembre de 2024, fue privada de su libertad tras participar en una protesta pacífica frente a la alcaldía Xochimilco. Aunque la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación que finalmente fue descartada, diversos colectivos señalaron el acto como una muestra clara de abuso de poder público y persecución.

Las amenazas de muerte contra Max Negrete González

El riesgo es igualmente inminente para los comunicadores comunitarios. Max Negrete, habitante de Xochimilco y defensor en pueblos originarios, denunció en noviembre de 2025 un acoso extremo en redes sociales. Recibió múltiples mensajes anónimos, destacando una amenaza con una “cuenta regresiva” que le advertía que le quedaban ocho días de vida.

Negrete vinculó estas intimidaciones directamente con su labor en defensa del territorio, señalando como presuntos responsables a autoridades locales, el gobierno capitalino y operadores políticos en la zona.

Frente a la impunidad que cobija estas agresiones, Artículo 19 exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre el atentado contra Estefanía Galicia, aplicando una perspectiva de género e interseccional.

Resulta urgente la incorporación inmediata de la periodista y su familia al Mecanismo de Protección, así como el reforzamiento de las medidas para los comunicadores de la zona. El derecho a buscar, recibir y difundir información sobre el medio ambiente debe garantizarse de manera libre; de lo contrario, la Ciudad de México seguirá afianzándose como un territorio donde informar puede costar la vida.

CEMDA documenta que CDMX, Puebla y Oaxaca concentran 56.2% de agresiones a defensores ambientales

La cobertura de Galicia y Negrete se centra en la defensa del territorio, el agua y el medio ambiente, además de denuncias sobre extorsiones en la alcaldía Xochimilco. En ese contexto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señaló que la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca concentran 56.2% de las agresiones contra defensores ambientales en el país, según su informe 2025.

El documento, presentado el 16 de abril de 2026, advierte sobre un aumento de ataques respecto a 2024 y señala al Estado mexicano como principal responsable en la mayoría de los casos. En 2025 se reportan 135 eventos de agresión, con 76 atribuidos a autoridades, 13 a delincuencia organizada y 12 a empresas privadas.

El informe también reporta que el año pasado 10 defensores ambientales fueron asesinados. La mayor parte de la violencia se concentra en la defensa del agua, el territorio y el suelo. El 74.7% de los registros involucra a integrantes de comunidades locales, con impacto en pueblos indígenas y un aumento de agresiones por razones de género, con 89 mujeres identificadas como víctimas.