
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo determinó que una disputa por un predio de alta plusvalía fue el móvil de la privación ilegal de la libertad de 13 trabajadores de la empresa Steel Constructora, ocurrida el lunes 4 de agosto, en la comunidad Pueblo Morebi, en el municipio de Bacalar.
De acuerdo con las investigaciones, los obreros, originarios de Veracruz, fueron interceptados por un grupo armado mientras realizaban trabajos vinculados al Tren Maya en dicho predio, según informó la vicefiscal Estela Noemí Labastida Rodríguez.
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Las autoridades señalaron que los 13 empleados integraban una cuadrilla de Steel Constructora, empresa con sede en Cancún dedicada al montaje y desmontaje de estructuras metálicas. El grupo se hospedaba en la cabecera municipal de Bacalar y se trasladaba a diario al complejo residencial Morebi para levantar una bodega en ese desarrollo privado.
Entre las personas reportadas como no localizadas se encontraba el ingeniero Gilberto Domínguez Peralta, originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Sus familiares difundieron llamados de auxilio en redes sociales y pidieron apoyo ciudadano para conocer su paradero.

Ante la pérdida de comunicación con la cuadrilla, cuatro familias residentes de Chetumal y el apoderado legal de Steel Constructora acudieron ante la FGE para denunciar la desaparición de los empleados. La autoridad activó las fichas de búsqueda correspondientes e inició las diligencias ministeriales.
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Rescate con vida y búsqueda pendiente de dos personas
La madrugada del miércoles 6 de agosto de 2026, el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad localizó con vida a los 13 trabajadores en el municipio de Bacalar, tras un operativo conjunto de autoridades de los tres órdenes de gobierno en una zona selvática. La dependencia informó que todos se encontraban en buen estado de salud y fueron puestos a disposición de la FGE para la continuación de las diligencias.
Al cierre de las investigaciones publicadas, no se había reportado ningún detenido por los hechos ocurridos en Pueblo Morebi. La vicefiscal Labastida Rodríguez señaló que los resultados de las diligencias se darán a conocer “cuando sea el momento oportuno”.
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La FGE evitó ofrecer detalles sobre las condiciones del hallazgo para proteger el curso de las investigaciones y evitar la revictimización de los afectados. Las autoridades confirmaron que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar quiénes participaron en la privación ilegal de la libertad.

Un contratista de la obra y un mecánico vinculado al mismo proyecto continúan sin ser localizados, según información de 24 Horas QRoo. La búsqueda activa de ambas personas representa un pendiente abierto para las autoridades estatales.
Cuatro episodios de desapariciones colectivas en el sur de Quintana Roo desde 2022
El caso de Pueblo Morebi se suma a una serie de al menos cuatro episodios de privaciones ilegales de la libertad grupales documentados en el sur de Quintana Roo entre 2022 y 2026, según 24 Horas QRoo. El perfil de las víctimas se repite en cada caso: cuadrillas de trabajadores de la construcción o personal de mantenimiento traídos de otros estados del país.
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El antecedente más grave ocurrió en junio de 2022, cuando un comando armado privó de la libertad a ocho trabajadores de mantenimiento en un predio de Punta Paycotal, entre Xcalak y Mahahual. Sus cuerpos fueron hallados posteriormente en un rancho de Chikindzonot, Yucatán, en un hecho atribuido a disputas por la tenencia de la tierra.
En septiembre de 2023, nueve obreros procedentes de Nayarit fueron interceptados por un grupo armado en el Hotel Luna Caribe, a la salida de Chetumal. Operativos coordinados entre fuerzas federales y las fiscalías de Quintana Roo y Nayarit lograron rescatar con vida a la totalidad de los trabajadores entre septiembre y octubre de ese año.
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El problema escaló en mayo de 2024, cuando pobladores de comunidades rurales de Othón P. Blanco y Bacalar denunciaron la desaparición de alrededor de 30 personas en un lapso de dos semanas. El hecho motivó un despliegue masivo del Ejército y la Guardia Nacional en brechas y zonas selváticas de la región.
La disputa por predios de alta plusvalía en Bacalar tiene un trasfondo estructural documentado. Un reporte de El Punto Sobre la I publicado en junio de 2026 señala que el crecimiento turístico, la expansión inmobiliaria y décadas de rezagos en la regularización territorial mantienen al municipio como uno de los de mayor conflictividad por la tenencia de la tierra en Quintana Roo.
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El Ejido Bacalar advirtió en distintas ocasiones sobre la comercialización de lotes sin documentación correspondiente, especialmente en zonas cercanas a la Laguna de Bacalar y áreas de expansión urbana. La situación ha generado litigios entre compradores, posesionarios y propietarios ejidales sobre predios considerados estratégicos por su potencial turístico.
Estimaciones de investigaciones federales calculan que más de 20 de las 58 comunidades que conforman el municipio de Bacalar se encuentran bajo el dominio de grupos criminales, según Diario Cambio 22. La disputa entre el Cártel de Caborca y el Cártel de Sinaloa ha sido señalada como el factor detrás de desapariciones, desplazamientos forzados y ejecuciones en esa zona del estado.
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El corredor geográfico que abarca Othón P. Blanco, Bacalar, Mahahual y Xcalak concentra los cuatro episodios de desapariciones colectivas documentados desde 2022. Las investigaciones de la FGE sobre el caso de Pueblo Morebi continúan abiertas sin detenidos al momento de la publicación de esta nota.
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