Crimen organizado y explotación de recursos naturales: las principales causas del desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara

Factores como la disputa territorial de grupos del crimen organizado y la explotación de recursos naturales son parte de las principales causas del desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

La Misión Civil de Observación realizada del 26 al 29 de mayo de 2026 por organizaciones de Derechos Humanos como Tlachinollan documentó las condiciones en las que se encontraban alrededor de 200 víctimas de desplazamiento forzado de municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi y Guazapare.

La magnitud de lo que documentaron fue una crisis humanitaria sostenida por el uso de drones con explosivos, asesinatos de líderes comunitarios, reclutamiento forzado y una respuesta institucional que calificaron como insuficiente y fragmentada.

El informe fue presentado en conferencia de prensa por representantes de Sera Paz, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), luego de múltiples denuncias de habitantes de la región sobre desplazamientos forzados en las zonas aledañas al Triángulo Dorado.

Las cinco causas del desplazamiento que fueron identificadas

Yareli Rivera, integrante de Sera Paz, informó que la misión logró identificar cinco causas principales del desplazamiento, acotadas a las dinámicas de violencia.

• Contexto territorial.

La Sierra Tarahumara se ubica en gran parte dentro del Triángulo Dorado, una región con condiciones geográficas que históricamente han favorecido la siembra y el trasiego de drogas, y que además concentra riqueza forestal y mineral. Esa combinación, explicó Rivera, atrae a actores criminales, gubernamentales y empresariales que se disputan el territorio.

• Disputa territorial y reorganización del crimen organizado.

Esa reconfiguración empuja a las comunidades porque diversifica las economías lícitas e ilícitas bajo control criminal. El informe documenta un patrón que se repite: el desplazamiento forzado interno va precedido o acompañado de la explotación de recursos naturales, principalmente minería, tala ilegal, trasiego de agua para narcocultivos y cobro de piso a comunidades forestales.

• Control criminal de los recursos naturales

Sumado al punto anterior, la misión pudo observar que los recursos naturales, la economía local y la presencia de empresas transnacionales provocan que los habitantes abandonen sus lugares de origen debido a la explotación de recursos.

• Ejercicio directo de la violencia.

Las víctimas sufren ataques armados, amenazas, asesinatos, violencia sexual dirigida principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, hostigamiento y monitoreo de las víctimas incluso después del desplazamiento. El bloqueo de carreteras y rutas de movilidad deriva además en el confinamiento de comunidades enteras.

• Reclutamiento forzado.

Rivera describió un patrón sistemático de control y expansión de los grupos criminales que afecta principalmente a jóvenes: la disyuntiva que enfrentan es asumir el reclutamiento o abandonar sus territorios.

Sin embargo, también pudieron identificar la colusión de autoridades con el crimen organizado, sumada a la impunidad sistemática.

Nataniel Hernández, de la Red TDT, afirmó: “La colusión que existe entre esta triada de empresas, crimen organizado y gobierno es indiscutible señalarla. La identificamos en muchos estados donde hemos estado participando con temas de desplazamiento forzado y es un patrón que tenemos que colocar en esa dimensión.”

“Ya no es un conflicto entre grupos. Esto es una cuestión bélica”

Saúl Loya, abogado defensor del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, describió la violencia que encontraron en la sierra como una “cuestión bélica” y no de “ejecuciones, de un conflicto entre grupos” criminales como suele creerse.

Detalló que los grupos criminales operan con armas de alto calibre y drones equipados con explosivos. “Son técnicas que se están usando, por ejemplo, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero ya no es solo allá, sino que ahora los grupos criminales lo están usando contra esta población en la sierra de Chihuahua”, afirmó.

Las principales víctimas de desplazamiento fueron identificadas como personas indígenas, campesinos, agricultores y habitantes de comunidades rurales que ya vivían en condiciones de pobreza y escasa infraestructura antes de que el crimen organizado intensificara su presencia.

“Sabemos que hay mucha pobreza, sabemos que hay mucha indiferencia, hay poca infraestructura, carecen de muchas cosas, y además de eso, ahora agreguemos los ataques por parte del crimen organizado”, dijo Loya.

Algunos de los hallazgos de la misión

La Misión Civil de Observación documento los testimonios de víctimas de desplazamiento que se encontraban en tres sedes: Hidalgo del Parral, Delicias y la capital del estado.

En la comunidad de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, identificaron que en febrero de 2026 un total de 600 personas se desplazaron hacia Parral tras un asesinato. Fueron recibidas en el centro comunitario del DIF, pero no recibieron atención que cubriera sus necesidades básicas.

En marzo, 200 de ellas retornaron a la comunidad acompañadas por autoridades, pero sin análisis de riesgo ni medidas de protección previas. Muchas tuvieron que desplazarse de nuevo o sufrieron violencia durante el retorno. Además, señalaron que quienes permanecen en el centro comunitario viven en hacinamiento.

En junio de 2023, nueve familias —60 personas— fueron desplazadas de La Sierrita, en Guadalupe y Calvo. En agosto de ese mismo año, la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua las reubicó en refugios de Delicias. Esos refugios, según los hallazgos, carecen de atención psicológica, médica y asesoría jurídica. La comunidad presentó un juicio contra las autoridades responsables, pero la misión documentó que el cumplimiento ha sido parcial.

Loya dijo que durante la misión no fueron recibidos por autoridades federales: “Nos apena decirlo, pero fue muy difícil reunirnos con autoridades federales. No nos recibieron”; sin embargo, destacó que sí existen algunas acciones que se llevan a cabo para atender a las víctimas de desplazamiento.

“No podemos decir que no se esté haciendo nada, porque sí hay algunas acciones tanto a nivel municipio como a nivel estado. Pero lo que sí notamos es que es una respuesta primero insuficiente y segundo fragmentada”, señaló Loya. Cada autoridad, explicó, responde a lo inmediato como puede, sin coordinación real entre sí.