
La Fiscalía General del Estado de Campeche ejecutó el pasado martes 11 de agosto de 2026 una orden de aprehensión contra Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de la Unidad de Comunicación Social del gobierno de Campeche durante la administración de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.
La detención, realizada por elementos de la Policía Ministerial en el Barrio de Guadalupe, en San Francisco de Campeche, se dio en el marco de una investigación por el delito de peculado, que involucra el presunto desvío de al menos 36 millones de pesos de recursos públicos mediante la televisora Mayavisión.
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Medina Hernández fue detenido a las 21:48 horas en la calle 10-B, entre las calles 45 y 45-A, a unos metros de una gasolinera de la empresa Gulf. Quedó a disposición de un juez local en el Centro de Reinserción Social San Francisco Kobén, donde esperó la programación de su audiencia inicial para este miércoles 12 de agosto.

El Registro Nacional de Detenciones lo describe como hombre de tez blanca, calvicie y barba blanca, de aproximadamente 1.76 metros de altura.
Gobierno de Alito habría desviado millones con una televisora
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) señalan a Medina Hernández como presunto cómplice de Luis Antonio Espinosa Campos, contador que prestó servicios a través de su despacho a Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador. Según el medio La Jornada, ambos habrían empleado Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) para el desvío de los 36 millones de pesos.
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El eje de la imputación fue Mayavisión, televisora que Espinosa Campos habría fundado en junio de 2016, durante el primer año de la administración de Alito Moreno al frente del gobierno de Campeche.

La oficina de Comunicación Social del estado —que Carlos Medina Hernández encabezó desde el 12 de junio de 2019, cuando Alito Moreno lo nombró en el cargo— presuntamente realizó pagos por 97 millones de pesos a la televisora.
Según reportes periodísticos, las autoridades no encontraron respaldo documental ni material que acreditara la prestación efectiva de los servicios contratados a Mayavisión, lo que abrió la línea de investigación sobre si las operaciones fueron simuladas.
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Un día antes de la aprehensión de Carlos Alberto Medina Hernández, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Luis Antonio Espinosa Campos en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, cerca de su despacho, a las 2:40 de la tarde del lunes 10 de agosto.

La orden fue ejecutada a petición de la FECCECAM y el contador fue trasladado vía aérea a Campeche, donde quedó a disposición del juez que llevó el caso.
Esta es la condena por peculado en Campeche
El artículo 295 del Código Penal del Estado de Campeche define el peculado como la conducta del servidor público que utilice o distraiga dinero, valores o bienes del Estado para usos propios o ajenos, cuando los hubiera recibido por razón de su cargo. Cuando el monto supera las 500 Unidades de Medida y Actualización —como ocurre con los 36 millones de pesos señalados en la investigación—, la pena va de 2 a 14 años de prisión.
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El código extiende la responsabilidad a los particulares. El artículo 298 establece que quien, obligado a la custodia o administración de recursos públicos, los distraiga para usos propios o ajenos, enfrenta las mismas sanciones que el servidor público. Esa figura sustenta la imputación contra Luis Antonio Espinosa Campos.
Al cierre de esta nota, ni Carlos Alberto Medina Hernández ni Luis Antonio Espinosa Campos habían sido vinculados a proceso.
Alito Moreno acusó “persecución política” tras la detención del contador de su hermano
Alejandro Moreno Cárdenas calificó como una “persecución abierta del Estado mexicano” la detención de Luis Antonio Espinosa Campos. En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el dirigente nacional del PRI afirmó que se trata de una “cacería contra los opositores” y sostuvo que no tiene “nada que ocultar” respecto al caso.
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Moreno Cárdenas responsabilizó directamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de usar las fiscalías federales y estatales para perseguir a “servidores profesionales, contadores, abogados, familiares, colaboradores” de la oposición. Describió a Campeche como un “laboratorio de represión y venganza política de Morena” y tildó los operativos de “terrorismo judicial”.
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