Gobierno federal busca reforzar transparencia tras desaparecer el INAI, especialistas cuestionan quién vigila al regulador

El pasado 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que busca fortalecer la transparencia de las instituciones gubernamentales. La publicación de dicho decreto marca un giro en la relación entre la ciudadanía y las instituciones federales, luego de que se disolviera al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Las autoridades anunciaron que, tras la desaparición de este organismo, la Plataforma Nacional de Transparencia se consolidará como el principal canal para conocer y fiscalizar el desempeño de dependencias y empresas estatales. El nuevo marco ordena la publicación mensual de información sobre entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e impone la obligación de difundir contratos, auditorías y observaciones de los órganos de control.

A partir de este decreto, la actualización de datos sobre contrataciones públicas dejará de ser trimestral para pasar a publicarse cada mes. Las dependencias deberán informar sobre contratos y convenios modificatorios, mientras que las filiales de Pemex y CFE estarán obligadas a difundir informes ante agencias extranjeras, estados financieros y políticas de operación. Los órganos fiscalizadores también deberán transparentar el programa anual de fiscalización, el seguimiento de auditorías y la designación de despachos externos.

El reto de la vigilancia: ¿quién controla al regulador?

Para Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el desafío no se agota en la existencia de nuevas normas, sino en la definición de los controles sobre quienes las aplican. La preocupación no radica necesariamente en que exista una nueva regulación, sino en quién vigila al regulador, bajo qué criterios y cuáles son los límites de sus facultades, sostuvo el académico.

El especialista advirtió que el propio decreto reconoce una insuficiencia en el cumplimiento de la transparencia proactiva. La medida surge como respuesta a la opacidad derivada de la clasificación de información como reservada, lo que afectó el acceso público a datos fundamentales.

Tras la eliminación del INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia dejó de publicar información con la frecuencia habitual. La plataforma dejó de publicar información con la periodicidad con la que venía funcionando, situación que comenzó a generar desencanto entre la ciudadanía, explicó García Ricci.

Las fallas técnicas y la falta de actualización provocaron que las solicitudes de información disminuyeran, ya que muchas veces la página no funcionaba o los datos solicitados no estaban disponibles. Como resultado, descendieron también los recursos de revisión, lo cual, para el académico, representa una señal de desinterés ante los obstáculos para acceder a información pública.

Nuevas reglas, misma demanda ciudadana

El interés de la población no se limita a los grandes contratos de Pemex o CFE. “El interés ciudadano no solo se limita a Pemex y CFE”, afirmó García Ricci. Existen preguntas directas sobre temas de interés público, como el monto pagado a la FIFA por el uso del Castillo de Chapultepec o el gasto gubernamental en operaciones relacionadas con el IVA. El desafío, según el experto, reside en garantizar que la ciudadanía pueda consultar, revisar y cuestionar la información difundida.

Una política de transparencia eficaz, en palabras del académico, requiere reglas claras, criterios verificables y mecanismos de revisión que impidan que una sola autoridad concentre el control sobre el acceso a los datos.

García Ricci subrayó que la información pública debe ser susceptible de contraste, fiscalización y exigencia. El reto inmediato será demostrar que la transparencia no depende de la voluntad de la autoridad en turno, sino de procedimientos e instituciones capaces de garantizar que la sociedad pueda mirar al poder y exigirle cuentas.