El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, compartió un video en el que se muestra la casa y modo de vivir de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, con la intención de cuestionar los señalamientos que existen en su contra.
El exfuncionario es acusado de presuntamente encabezar la red más grande de tráfico de combustible que operaba a través de vías férreas. Mediante testimonios de vecinos e imágenes de su domicilio, el material lanza una pregunta al espectador: “¿Es esta la vida de un hombre acusado de ser el artífice de una red de huachicol fiscal?”.
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La publicación forma parte de la estrategia de defensa pública que la familia y el partido han desplegado desde la detención de Ruffo Appel, ocurrida el 16 de julio en Ensenada por elementos de seguridad federal. Desde entonces, el exmandatario permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La vida que muestra el video: 68 metros cuadrados y una Renault Duster

El material asegura que el exgobernador vive en un departamento que forma parte de la antigua casa de sus padres con apenas 68 metros cuadrados, además señala que cuenta con una habitación con baño, una cama, un par de sillones y una mesa que Ruffo Appel utilizaba también como espacio de trabajo.
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El narrador subraya que el inmueble contiene “únicamente lo necesario para su vida cotidiana”. El vehículo que aparece en las imágenes es una Renault Duster, presentado como su único automóvil de uso habitual.
La familia tomó la decisión de mostrar esas condiciones de vida para que, según el propio video, “cada persona pueda formarse su propio criterio” sobre el hombre al que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de haber participado en la toma de decisiones estratégicas de una empresa dedicada al contrabando de combustible.
En el video también aparecen los testimonios de tres vecinos del exgobernador que lo describen como una persona que caminaba a diario por el vecindario, que saludaba y que nunca dio muestras de ostentación.
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El material de Acosta Naranjo se inscribe en una ofensiva más amplia que el partido y la familia pusieron en marcha el 5 de agosto. Ese día anunciaron la creación del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, una red ciudadana de alcance nacional que busca exigir que el exmandatario enfrente su proceso penal bajo arresto domiciliario.
Somos México calificó el caso como un ejemplo del “uso político de la justicia” y al propio Ruffo como un “preso político”. La organización argumentó que, con 74 años, el exgobernador no representa un riesgo para la sociedad y que la legislación vigente permite que enfrente el proceso desde su domicilio.
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Durante la conferencia de prensa en la que se presentó el comité, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció que la salud de su padre se ha deteriorado y que su vida “está en peligro” por las condiciones de reclusión en el penal de máxima seguridad. Relató que la familia ha enfrentado restricciones para comunicarse con él y que existen trabas incluso para entregarle artículos básicos de higiene y libros.
También contradijo la versión del Gobierno federal sobre el congelamiento de cuentas bancarias. Explicó que recibió una notificación de cancelación de su cuenta y que no ha podido disponer de los recursos depositados ni realizar operaciones financieras. Precisó que la cuenta corresponde a Veritas Technology, empresa de soluciones tecnológicas en la que Ruffo figura como socio fundador y que constituye su principal fuente de ingresos en México.
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Como parte de su estrategia, los promotores del comité adelantaron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y a Amnistía Internacional para solicitar medidas cautelares. El comité quedó integrado por exfuncionarios, académicos y activistas, entre ellos Vicente Fox, Jorge Castañeda, Emilio Álvarez Icaza, Mariclaire Acosta y Rubén Moreira.
La FGR acusa a Ruffo Appel de participar en una red de contrabando de hidrocarburos que declaraba ante las autoridades solo el 10% del combustible que realmente transportaba. La titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, la calificó como la red de contrabando de hidrocarburos por vías férreas más grande de la que se tenga registro.
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