Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Público (SEP), respaldó la recuperación de Canal Once: “Ningún grupo puede mantener secuestrada su operación”, escribió desde su cuenta oficial en ‘X’ al referirse al fin de la toma encabezada por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Delgado sostuvo que el canal público “está al servicio del pueblo de México desde hace décadas” y afirmó que las inconformidades de sectores del IPN seguirán en mesas de diálogo ya instaladas.
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El secretario felicitó a los trabajadores y a la directora de la emisora, Renata Turrent, “quienes de manera pacífica recuperaron las instalaciones de su centro de trabajo y su acervo histórico audiovisual”. Sin embargo, esta postura es contraria a la de los estudiantes, pues a través de sus redes sociales compartieron un comunicado narrando su versión de los hechos.
La versión estudiantil del regreso a actividades de Canal Once
A través de redes sociales, los estudiantes que han participado en la toma de las instalaciones de Canal Once desde mayo publicaron un comunicado de prensa, donde rechazaron “categóricamente” que la recuperación del inmueble se hubiera dado sin confrontación. Según su relato, el operativo ocurrió sin aviso y fuera de lo discutido en la segunda mesa de trabajo, en la que participaron un subsecretario de Educación Pública y el área jurídica de la emisora.
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Los estudiantes exigieron que las autoridades educativas y Canal Once expliquen públicamente por qué actuaron fuera de lo acordado. También afirmaron que cuentan con evidencia fotográfica y videográfica tomada durante más de dos meses para documentar el estado de las instalaciones, del equipo técnico y del acervo audiovisual.
La disputa por el estado del acervo y las instalaciones
El comunicado también busca fijar responsabilidad sobre cualquier afectación posterior al desalojo. Los estudiantes aseguraron que el inmueble y los materiales quedaron bajo su resguardo en orden y en buen estado, por lo que responsabilizaron de manera anticipada al personal y a las autoridades administrativas y jurídicas de Canal Once de cualquier daño, alteración o pérdida que pueda documentarse desde el día en que recuperaron el control del lugar.
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Bajo ese argumento, pidieron un “peritaje o inventario de cadena de custodia” con carácter urgente, imparcial y con participación de un representante estudiantil y de un notario o de una autoridad independiente. La exigencia apunta a dejar constancia objetiva sobre la condición del inmueble y de los bienes después del operativo.
Un conflicto que sigue abierto
La toma de Canal Once comenzó el 21 de mayo, cuando estudiantes del Instituto Politécnico Nacional ocuparon las instalaciones para entregar un pliego petitorio dirigido a autoridades federales. Entre sus demandas figuraban asuntos presupuestales, auditorías, cambios en la vida interna del instituto y reclamos sobre presuntas irregularidades administrativas.
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Hasta ahora, la versión oficial sostiene que la recuperación de la emisora ocurrió de manera pacífica y que las mesas de diálogo seguirán activas. El nuevo comunicado estudiantil contradice ese relato y coloca en el centro del conflicto la forma en que se ejecutó el operativo del 2 de agosto de 2026.
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