Presidente del PAN lanza advertencia sobre Morena y la libertad de expresión: “Quieren silenciar a México” 

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, acusó que Morena pretende limitar la libertad de expresión en el país a través de la nueva regulación sobre los Derechos de las Audiencias, al considerar que cualquier intento por controlar el contenido de los medios representa un riesgo para la democracia.

En un comunicado difundido este 30 de julio, el dirigente panista afirmó que la libertad de expresión es un derecho de la ciudadanía y no una facultad del gobierno.

Además, sostuvo que los gobiernos con tendencias autoritarias suelen comenzar restringiendo las críticas, desacreditando a quienes piensan diferente y buscando controlar los espacios donde la población puede expresarse libremente.

Romero aseguró que Acción Nacional defenderá el derecho de periodistas, creadores de contenido, académicos y ciudadanos a manifestar sus opiniones sin presiones ni amenazas desde el poder, al señalar que la censura nunca ha fortalecido a una democracia.

Nueva Ley de Audiencias abre debate sobre regulación y censura

La postura del PAN surge en medio de la discusión por los lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente sometidos a consulta pública por el Gobierno federal.

La propuesta establece nuevas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, entre ellas diferenciar claramente la información noticiosa, los contenidos de opinión y la publicidad, además de contar con un código de ética y designar a un defensor de las audiencias.

También contempla un procedimiento de quejas y posibles sanciones económicas para los concesionarios que incumplan las disposiciones, aspecto que ha generado preocupación entre diversos sectores.

Puntos principales de la propuesta

• Distinguir de manera clara noticias, opiniones y publicidad.
• Contar con un código de ética para cada medio de comunicación.
• Designar un defensor de las audiencias.
• Establecer mecanismos para atender quejas del público.
• Prever sanciones económicas en casos de incumplimiento.

Jorge Romero compara el escenario con regímenes autoritarios

El dirigente del PAN afirmó que el país podría encaminarse hacia un modelo donde el gobierno controle la conversación pública, persiga voces críticas y limite el ejercicio del periodismo independiente.

Durante su posicionamiento, señaló que cuando una autoridad intenta definir qué opiniones son aceptables y cuáles deben ser silenciadas, se pone en riesgo el debate democrático y la rendición de cuentas.

Asimismo, reiteró que, desde su perspectiva, las redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios para la denuncia ciudadana y el intercambio de ideas.

Sheinbaum rechaza que exista censura en los nuevos lineamientos

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la regulación represente un mecanismo de censura y aseguró que los lineamientos fueron elaborados en diálogo con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

La mandataria sostuvo que el objetivo es fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz y diferenciada de la opinión o la publicidad.

También precisó que la regulación únicamente aplica a concesionarios de radio y televisión, por lo que ni la prensa escrita ni las plataformas digitales forman parte de estas disposiciones, aunque reconoció que su posible incorporación podría analizarse en el futuro.

Sheinbaum agregó que la consulta pública permitirá revisar aspectos relacionados con las sanciones y los mecanismos de defensa para los concesionarios, al insistir en que “no hay censura, ni va a haber censura”.

Organizaciones y oposición mantienen el debate sobre la regulación

Además de la postura del PAN, organismos del sector de las telecomunicaciones, especialistas y organizaciones vinculadas a la libertad de expresión han expresado inquietudes sobre algunos puntos del proyecto, particularmente respecto a la interpretación de lo que podría considerarse información falsa o descontextualizada y las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para aplicar sanciones.

Mientras el Gobierno federal sostiene que la iniciativa busca proteger el derecho de las audiencias, partidos de oposición y diversos actores consideran que algunos aspectos de la propuesta podrían abrir la puerta a una mayor intervención del Estado en los contenidos de radio y televisión.

La consulta pública sobre los lineamientos permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo en el que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones podrán presentar observaciones antes de que se publique la versión definitiva de la regulación.