La Fiscalía General de la República vinculó a proceso a cuatro personas por el secuestro de 31 migrantes en el estado de Sinaloa, entre cuyas víctimas había un menor de edad. Los imputados, identificados como Tomás, José, Milagros y Yadira, enfrentan cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Un juez de control les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria.
La investigación arrancó en junio de 2024, cuando una persona llamó para denunciar que su hijo menor de edad y otros cuatro migrantes de nacionalidad extranjera habían sido privados de su libertad por cuatro sujetos armados. Los hechos ocurrieron mientras las víctimas viajaban en un autobús por Escuinapa, Sinaloa. Los captores contactaron a los familiares para exigirles dinero a cambio de la liberación de los secuestrados.
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Cateo en Villa Galaxia y rescate de 31 víctimas
Días después de la denuncia, autoridades ejecutaron una orden de cateo autorizada judicialmente en un inmueble de la colonia Villa Galaxia, en la misma ciudad de Escuinapa. En ese operativo rescataron a las cinco víctimas referidas en la denuncia original y a otras 26 personas de diversas nacionalidades que también se encontraban privadas de su libertad, para un total de 31 personas rescatadas.
El hallazgo amplió el alcance de la indagatoria. Las víctimas provenían de distintos países, aunque la FGR no precisó las nacionalidades.
Detenciones en Mazatlán, Culiacán y El Castillo
Tras el rescate, el Ministerio Público de la Federación (MPF) obtuvo una orden de cateo para seis inmuebles ubicados en los municipios de Mazatlán y Culiacán. En esos operativos fueron detenidos Milagros, Yadira y José. El cuarto imputado, Tomás, ya se encontraba recluido en el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en Mazatlán, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión.
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El secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian.
Las pruebas que presentó la FEMDO ante el juez
En la audiencia inicial, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso.
Entre los elementos aportados figuran el análisis de movimientos bancarios de los cuatro imputados y un dictamen pericial en materia de identificación de voz. Este tipo de prueba es frecuente en casos de extorsión telefónica, donde la voz de los captores queda registrada en las llamadas de negociación con los familiares de las víctimas.
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Prisión preventiva y destino de los imputados
El juez de control resolvió imponer prisión preventiva oficiosa a los cuatro acusados, medida cautelar que aplica de forma automática para delitos como el secuestro y la delincuencia organizada conforme a la legislación mexicana.
Tras la vinculación a proceso, José quedó internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 8 “Nor-poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa. Milagros, Yadira y Tomás permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, durante los tres meses que el juez concedió al MPF para concluir la investigación complementaria.
Sinaloa, corredor de secuestro de migrantes
Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, Culiacán encabezó la lista nacional de municipios con mayor número de secuestros: 790 casos registrados, según el informe anual de la organización civil Alto al Secuestro. Mazatlán ocupó el quinto lugar con 24 casos. A nivel estatal, Sinaloa concentró 855 casos en ese periodo, más del doble que Veracruz, el segundo estado con mayor incidencia.
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Los migrantes que transitan en autobús por esta ruta son especialmente vulnerables a las redes de intercepción.
Los migrantes, blanco específico
En enero de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y Alto al Secuestro registraron ocho secuestros de migrantes con 110 víctimas en todo el país. Sinaloa figuró entre los estados de mayor incidencia. Una investigación de ProPublica basada en entrevistas con más de 70 migrantes documentó que el secuestro masivo con fines de extorsión opera como un negocio de alto volumen: rescates relativamente bajos, víctimas que raramente denuncian y estructuras que interceptan autobuses en carretera, el mismo modus operandi del caso de Escuinapa.
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Escuinapa se ubica en el sur de Sinaloa, sobre la carretera federal México 15, que conecta el centro del país con la frontera norte. Esta vía forma parte de la llamada “Ruta del Pacífico”, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Esta vía forma parte de la llamada ‘Ruta del Pacífico’, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa”.
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