Con 193 demandas, México lidera litigios de la industria alimentaria contra leyes de salud

Una investigación periodística global identificó 235 demandas interpuestas por empresas de alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) contra políticas de salud pública en cinco países entre 2010 y 2025. El trabajo fue realizado por The Guardian en colaboración con Lighthouse Reports, medios de cuatro continentes y académicos de universidades como Sydney, São Paulo y Caldas.

Etiquetado, impuestos y publicidad, los blancos principales

De acuerdo con la investigación, las demandas se concentraron en tres tipos de políticas:

• Etiquetado frontal de advertencia en productos, la medida más litigada.
• Impuestos a productos ultraprocesados.
• Restricciones a la publicidad dirigida a consumidores, especialmente infantiles.

México concentró el mayor número de casos, con 193 demandas, seguido de Colombia (18) y Brasil (17). En Estados Unidos se registraron seis y en Reino Unido, una.

Según el reporte, tres cuartas partes de las demandas fueron promovidas por fabricantes de UPF o asociaciones que los representan. Entre las corporaciones identificadas, el 38% de los casos correspondió a ocho grupos: Coca-Cola, PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Danone, Ferrero, Xignux y Heartland Food Products Group. Algunas empresas involucradas solicitaron a los tribunales que se mantuviera en reserva su identidad.

La mayoría de los casos resueltos fueron ganados por los gobiernos

Del total de demandas resueltas, tres cuartas partes fueron falladas en contra de las empresas. Sin embargo, la investigación señala que algunos litigios se prolongaron por años, sumando en conjunto casi 600 años de procesos judiciales, lo que retrasó la implementación de políticas de salud pública.

Marion Nestle, profesora de nutrición de la Universidad de Nueva York, señaló que las tácticas legales sugieren que las medidas de salud pública sí afectan las ventas de estos productos, según explicó en el reporte.

Expertos citados en la investigación, como Phillip Baker, académico de la Universidad de Sídney, indicaron que el patrón de litigios se concentra en los años inmediatamente posteriores a la adopción de cada política, lo que —afirman— apunta a un objetivo de retrasar y desincentivar la regulación, más que de revertirla.

Empresas responden y defienden diálogo con gobiernos

Consultadas por los medios involucrados en la investigación, algunas compañías respondieron:

• Coca-Cola afirmó que los desafíos de salud pública se abordan mejor mediante la colaboración entre gobiernos, autoridades y sector privado.
• Ferrero señaló que su interacción con reguladores ha buscado clarificar la implementación de políticas, no oponerse a los objetivos de salud pública.
• Danone dijo estar comprometida con el diálogo abierto con las autoridades.

PepsiCo, Mondelēz, Kellogg’s, Xignux y Heartland Food Products Group no respondieron a las solicitudes de comentario, de acuerdo con el reporte.

La investigación también recuerda que la Organización Mundial de la Salud y especialistas como Chris van Tulleken, de University College London, han comparado estas estrategias legales con las utilizadas históricamente por la industria tabacalera para retrasar regulaciones antitabaco.