Un juez impuso una condena de tres años de prisión a Christian “N”, exintegrante de la extinta Policía Federal, por su responsabilidad penal en el delito de tortura cometido en 2015 en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la sentencia tras presentar pruebas suficientes en procedimiento abreviado —mecanismo en el que el acusado reconoce su culpabilidad a cambio de una reducción de pena— ante el tribunal correspondiente.
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Además de la pena de prisión, el juez ordenó el pago de una multa, la reparación del daño por 103 mil 424 pesos a favor de la víctima y la inhabilitación de Christian “N” para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo de seis años.
La víctima fue torturada dentro de una camioneta oficial para que confesara un secuestro
De acuerdo con la investigación ministerial, Christian “N” actuó en conjunto con otros elementos de la Policía Federal. El grupo detuvo a la víctima y la introdujo en una camioneta oficial, donde le infligieron actos de violencia mientras la interrogaban para que confesara su participación en un secuestro.
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Los hechos ocurrieron en 2015 en Nezahualcóyotl, Estado de México. La víctima fue sometida de manera forzada durante el interrogatorio, lo que constituyó la base del delito de tortura por el que la FGR inició la investigación ministerial correspondiente.
La investigación estuvo a cargo del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH). A lo largo de varios procedimientos, el MPF reunió las pruebas que sustentaron la acusación y que finalmente llevaron al proceso abreviado en el que se dictó la sentencia condenatoria.
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La FGR refrenda su compromiso con la persecución del delito de tortura
La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT), adscrita a la FEMDH. Este órgano especializado lleva los casos bajo un enfoque de derechos humanos, con investigaciones que buscan garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y combatir la impunidad en casos donde los perpetradores son o fueron servidores públicos.
La FEIDT señaló que la condena contra Christian “N” refrenda el compromiso institucional de investigar y perseguir los actos de tortura de forma objetiva y diligente.
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El caso de Christian “N” se suma a los procesos que la FGR ha llevado contra exintegrantes de la extinta Policía Federal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La FGR también logró la vinculación a proceso de un exjefe de Gendarmería por desaparición forzada
El caso de Christian “N” no fue el único en que la FGR actuó contra exintegrantes de la extinta Policía Federal. En junio de 2026, Raúl Campos Espinoza, identificado como ex comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería, fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición forzada de una persona.
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La detención se ejecutó en La Piedad, Michoacán, luego de que el Ministerio Público adscrito a la FEMDH reunió los elementos probatorios necesarios. Un juez determinó la vinculación a proceso, impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para la investigación complementaria.
La FGR señaló que los hechos habrían ocurrido en 2017, aunque en las redes sociales de la institución se publicó que la participación del exfuncionario en la desaparición de una víctima se remontaba a 2007. La discrepancia entre ambas fechas no fue aclarada por la dependencia.
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La Policía Federal se extinguió en 2019
La Policía Federal dejó de operar formalmente el 31 de diciembre de 2019, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su disolución. El mandatario justificó la decisión al señalar que la corporación estaba echada a perder y que sus elementos no estaban en condiciones de enfrentar la inseguridad del país.
De los más de 33 mil integrantes que tenía la corporación en su última etapa, cerca de 21 mil aceptaron incorporarse a la Guardia Nacional, nueva institución que comenzó funciones el 1 de julio de ese año. El resto fue liquidado o reubicado en otras dependencias del gobierno federal.
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El proceso de extinción representó un gasto superior a los 4 mil 600 millones de pesos. La mayor parte correspondió a las liquidaciones de los elementos que rechazaron sumarse a la nueva corporación, a quienes se les pagó tres meses de sueldo base más 20 días por cada año de servicio.
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