La posible llegada de centrales eléctricas flotantes conocidas como powerships a Quintana Roo ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones ambientales y sociales, que advierten sobre los riesgos para los arrecifes y la vida marina de la región.
La crisis energética que atraviesa el estado, resultado de un crecimiento urbano acelerado y sin planeación adecuada, ha llevado a considerar soluciones de emergencia, pero la alternativa de instalar powerships enfrenta cuestionamientos por sus efectos ambientales y por no resolver el problema de fondo, así lo consideró el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
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A través de un comunicado, subrayó que el 39% de los sitios arrecifales monitoreados en el estado se encuentra en condición pobre y el 23% en condición crítica, según el Reporte de Salud Arrecifal 2024 de Healthy Reefs for Healthy People. Estos porcentajes reflejan un deterioro severo en más de la mitad de los puntos evaluados, al tiempo que la infraestructura eléctrica actual resulta insuficiente para el ritmo de crecimiento urbano y turístico. Miles de habitantes de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel han experimentado apagones, pérdidas económicas y afectaciones directas en su vida diaria.
El CEMDA rechaza el powership como solución para atender la crisis energética que actualmente vive el estado. Se trata de centrales termoeléctricas flotantes que utilizan combustibles fósiles y pueden causar descargas térmicas, contaminación atmosférica, ruido y mayor tráfico marítimo.
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Experiencias internacionales, como en República Dominicana, han mostrado problemas ambientales y afectaciones a comunidades pesqueras, lo que incrementa la preocupación por sus posibles impactos negativos en los ecosistemas costeros de Quintana Roo.
Planeación energética y alternativas sustentables
La crisis eléctrica de Quintana Roo no se origina solo en la falta de generación, sino en un modelo de desarrollo que ha priorizado el crecimiento urbano y turístico sin garantizar la expansión proporcional de la infraestructura pública. El desfase entre las necesidades reales y la capacidad de respuesta institucional genera presión sobre los servicios esenciales y sobre los sistemas naturales que sostienen a las ciudades.
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Los apagones afectan de manera desproporcionada a comunidades con menos recursos, que tienen menor acceso a sistemas de respaldo eléctrico y sufren más las consecuencias económicas de las interrupciones. Al mismo tiempo, los grandes desarrollos turísticos y comerciales, con consumos mucho mayores, son los principales impulsores del aumento en la demanda.
Frente a esto, CEMDA y las organizaciones firmantes que rechazan las powerships demandan que cualquier decisión sobre nueva infraestructura energética se base en una evaluación ambiental rigurosa, que incluya estudios oceanográficos, análisis de descargas térmicas y participación pública efectiva. Proponen priorizar alternativas como la generación solar distribuida, que ha disminuido sus costos y puede instalarse en techos de hoteles, hospitales, escuelas y comercios, aprovechando espacios ya transformados y reduciendo la presión sobre el territorio.
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El despliegue de sistemas solares distribuidos ha demostrado transformar la estructura de generación eléctrica en otros países en pocos años, siempre que existan condiciones regulatorias y económicas adecuadas. En Quintana Roo, esta opción permitiría reducir parte de la demanda sobre el sistema, mientras se impulsa la eficiencia energética y el almacenamiento.

Crisis energética y justicia ambiental
La emergencia eléctrica en Quintana Roo también pone en evidencia problemas estructurales de planeación territorial. El crecimiento sin control de las ciudades y destinos turísticos ha superado la capacidad de los sistemas públicos y ha generado desigualdades en el acceso a servicios básicos. Las respuestas institucionales no pueden limitarse a instalar más capacidad fósil centralizada, sino analizar cómo se consume la energía y quién genera la demanda.
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CEMDA y las organizaciones firmantes reiteran su oposición a la instalación de powerships en tanto no existan estudios públicos y transparentes sobre sus impactos y alternativas. Consideran que la verdadera solución requiere una política energética basada en la planeación, la eficiencia y el uso de energías renovables, en lugar de respuestas improvisadas que ponen en riesgo los recursos naturales y el bienestar de la población.
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