Morena explica qué es el huachicol fiscal y asegura que investigaciones no distinguen entre apellidos

La detención del exgobernador Ernesto Ruffo volvió a colocar en la discusión el huachicol fiscal, un delito que, según un video difundido este 21 de julio en redes sociales, ha costado millones de pesos al erario, de acuerdo con Citlalli Hernández presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En el video, Claudia Sheinbaum (citada en una conferencia matutina), sostuvo que la investigación por un caso de diésel comenzó desde una denuncia presentada ante la FGR.

“Como bien lo dijo el fiscal general de la República, el propio almirante Ojeda denunció ante la Fiscalía General de la República, dijo el fiscal hace dos años”, afirmó Sheinbaum, y añadió que la llegada del “tanque cargado de diesel” permitió reunir más pruebas para realizar detenciones.

Hernández señaló que, en el marco del combate a redes de corrupción y delincuencia organizada, Ruffo es investigado por su presunto vínculo con una empresa ligada al huachicol fiscal, y aseguró que el caso no obedece a su militancia panista:

“Se le detuvo porque hay una carpeta de investigación en curso. Ese es el criterio que el Gobierno de México ha utilizado en la transformación. Las investigaciones se realizan con hechos y con pruebas, no respecto a la militancia política de las personas.”.

Como ejemplo de operativos recientes, la dirigente mencionó el operativo Enjambre en el Estado de México, donde se detuvo a cerca de veinticuatro personas, entre ellas presidentes municipales, regidores, funcionarios públicos y directores de seguridad.

Hernández aseveró que las investigaciones se hacen de manera imparcial: “Hoy el mensaje es distinto: cualquier persona puede ser investigada, sea elementos, sea quien sea, si es de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano. Si es culpable, tiene que ir ante la justicia.”

El exgobernador Ernesto Ruffo promueve un amparo contra la orden de aprehensión que le atribuye la FGR

Ernesto Ruffo promovió un amparo contra la orden de aprehensión que la FGR le atribuye por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, mientras permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano y espera a que se defina si será vinculado a proceso por el caso de huachicol fiscal.

La investigación que lo señala documentó 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025 y un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos, de acuerdo con la información del caso difundida por la autoridad ministerial. La indagatoria sostiene que la red declaraba solo 10% del combustible que transportaba desde Texas.

Según La Jornada, el recurso de amparo fue admitido por un juez de distrito, aunque no se informó si obtuvo suspensión provisional. El exgobernador de Baja California reclamó la orden, expresa o implícita, de trasladarlo fuera de Ensenada, así como su detención sin exhibición inmediata de una orden judicial válida.

También impugnó su presunta incomunicación desde el arresto, la omisión de informar a su familia y a su defensa sobre su ubicación exacta y la negativa de mantener comunicación con ellos.

Entre los 17 actos reclamados incluyó la falta de medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la ausencia de una valoración médica integral y cualquier acto que impida su localización o que oculte su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.

La audiencia definirá este martes si Ruffo Appel es vinculado a proceso

Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por elementos de la FGR. Después fue trasladado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El pasado 19 de julio se realizó la continuación de su primera audiencia. En esa diligencia, el juez le dictó prisión preventiva después de que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que este martes se resolverá si queda vinculado a proceso.

Cabe destacar, el exgobernador promovió otro amparo el mismo día de su captura ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, contra actos de incomunicación y tortura. En ese expediente, el juez le concedió una suspensión de plano para evitar esas conductas.