Caso Rocha Moya: Fiscalía desmiente que Ulises Lara estuviese a cargo de esta investigación

La Fiscalía General de la República desmintió el 21 de julio mediante su red social “X”, que Ulises Lara, ex fiscal de Asuntos Relevantes de la institución, fuera el encargado de la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

La FGR calificó de “falaz” la afirmación publicada por el medio Latinus y precisó que el caso ha sido conducido, desde su apertura, por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

“Se asevera, falazmente, que el ex servidor público era el encargado de la investigación relacionada con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, la cual ha sido integrada, desde su apertura, por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR)”, escribió la dependencia en redes.

Quién es Ulises Lara y por qué importa su salida

Lara encabezó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes desde enero de 2026. Fue el funcionario de la FGR que respondió públicamente, el 29 de abril, a las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve colaboradores.

Su última aparición oficial fue el 2 de junio, cuando informó avances sobre el accidente en Chihuahua en el que murieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El 14 de julio, la FGR confirmó su salida, atribuida a “motivos personales”.

Tras su renuncia, Lara rechazó cualquier señalamiento de conductas contrarias a la ley y afirmó que actuó conforme a sus atribuciones. Precisó que cualquier aclaración la haría por vías institucionales.

El caso Rocha Moya: casi tres meses sin resolución

El Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Rocha Moya el 29 de abril por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, uso de armas de fuego y corrupción a cambio de protección al cártel.

Desde entonces, el gobernador solicitó licencia y se separó del cargo el 1 de mayo. El 26 de mayo compareció ante el Ministerio Público, donde respondió preguntas sin hacer declaraciones a los medios. La información de esa diligencia fue reservada por cinco años, hasta 2031.

El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la FECOR, confirmó que la FGR investiga a Rocha Moya y a sus nueve colaboradores, pero reconoció que hasta ese momento no había encontrado pruebas. Estados Unidos había solicitado su detención provisional en abril, proceso que la FGR frenó por falta de elementos mínimos.

Paradero incierto y posible regreso al poder

Rocha Moya aseguró el 9 de julio, mediante redes sociales, que desde que pidió licencia ha permanecido en Culiacán. Según se presume, se ubica en la privada Banus 360, dentro del desarrollo residencial Isla Musala, una de las zonas más exclusivas de la capital sinaloense.

Otras versiones señalan que cuenta con resguardo del Ejército, extremo que tanto el propio Rocha Moya como la presidenta Claudia Sheinbaum han negado.

Negociación con Estados Unidos y acusaciones de doble rasero

El 21 de julio, el periodista Jesús Lemus Barajas informó que Rocha Moya estaría en conversaciones con autoridades estadounidenses para negociar su posible entrega, con la opción de convertirse en testigo protegido. La información provino, según el periodista, de uno de los abogados defensores del gobernador.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sostenido que cualquier entrega debe apegarse al marco jurídico mexicano y que la solicitud estadounidense no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición.

El Partido Acción Nacional (PAN) y otros actores de oposición han señalado un “doble rasero” en la actuación de la FGR: mientras avanza contra figuras opositoras como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo o la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, el caso Rocha Moya acumula meses sin definiciones públicas.