Kenia López Rabadán califica como “preso político” a Ernesto Ruffo Appel

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó “preso político” a Ernesto Ruffo Appel este 20 de julio, después de que un juez le dictó prisión preventiva por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos en un caso donde la FGR calcula un daño superior a 4 mil millones de pesos a la hacienda pública.

En conferencia de prensa, López Rabadán sostuvo que Ruffo “forjó nuestra democracia” y afirmó que fue “por primera vez el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país” en Baja California. También le atribuyó haber impulsado la credencial para votar con fotografía y la construcción de instituciones que, dijo, permitieron la pluralidad y la alternancia en los años 90.

La legisladora dijo que “hoy es un preso político” y calificó el hecho como “muy lamentable para nuestro país”. En su exposición también presentó al exmandatario como una figura central en la transición democrática de Baja California y de México.

La investigación describe 4,238 operaciones irregulares y 162 carros tanque

Ruffo Appel enfrenta cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. La investigación ministerial señala que una de las modalidades consistía en declarar volúmenes menores de combustible o registrar la carga como productos distintos para eludir obligaciones fiscales.

Ernestina Godoy, la fiscal general, expuso que la red habría operado a través de Ingemar, empresa fundada por Ruffo Appel. De acuerdo con la indagatoria, ante aduanas se declaraban alrededor de 10 mil litros por carro tanque cuando en realidad se transportaban hasta 110 mil.

La FGR identificó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025, así como 162 carros tanque usados en el esquema. El hidrocarburo provenía de refinerías en Texas y se distribuía en Coahuila, Durango y Zacatecas.

También indicó la Fiscalía que, en una parte de los cargamentos, la evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos. El daño total, según la acusación, rebasó los 4 mil millones de pesos.

El expediente agregó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. La autoridad describió un mecanismo de cuentas puente que transfería recursos a empresas extranjeras.

El PAN exige el mismo criterio para Marina del Pilar Ávila

La dirigencia nacional del PAN aprovechó el caso para denunciar un trato desigual en la aplicación de la justicia. En un comunicado difundido el pasado 19 de julio, Jorge Romero Herrera sostuvo que existe un “doble rasero” porque, a su juicio, políticos de oposición enfrentan investigaciones más duras mientras funcionarios de Morena encaran acusaciones sin consecuencias legales.

Ese posicionamiento plantea dos exigencias al mismo tiempo: que Ruffo aclare los señalamientos en su contra con respeto al debido proceso y que el mismo estándar se use con otros casos. El dirigente panista pidió en particular que se investigue a Marina del Pilar Ávila y que solicite licencia al cargo.

La gobernadora de Baja California está en el centro de una controversia por audios filtrados en los que presuntamente conversa con intermediarios estadounidenses sobre su situación migratoria y la posibilidad de colaborar para evitar sanciones relacionadas con su visa. La mandataria reconoció la autenticidad de la conversación, pero aseguró que fue víctima de un engaño y negó haber compartido información de seguridad nacional..

En el caso de Ruffo, la prisión preventiva ya fue dictada. La resolución sobre su vinculación a proceso sigue pendiente porque la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, con lo que el plazo pasó de 72 a 144 horas.

Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Después fue llevado a instalaciones de la FGR en Tijuana y más tarde a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la fiscalía especializada.