Caso Kenia Hernández: CAPUFE gana amparo y juez ordena reponer proceso contra activista indígena en Guanajuato

Un juez federal ordenó reponer el proceso penal contra la defensora amuzga Kenia Hernández tras el amparo que ganó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) el pasado 3 de junio, lo que prolongó la incertidumbre para la activista, quien desde octubre de 2020 permaneció en prisión.

La organización IM-Defensoras reportó que el amparo impugnó la resolución judicial de la causa penal federal 203/2024 en Guanajuato, donde el juez había decidido no vincular a proceso a Hernández al considerar que no existía delito.

En esa sentencia, el juez reconoció que Kenia era dirigente social y defensora de derechos humanos y advirtió que procesarla implicaba criminalizar su labor.

La nueva resolución revocó el auto de no vinculación y exigió reponer el procedimiento, lo que obligó a Kenia a enfrentar una nueva audiencia inicial y el riesgo de ser vinculada a proceso por una causa federal de la que ya había sido absuelta.

En abril de 2026, Kenia quedó liberada de ocho causas federales: en cinco, por acuerdo reparatorio con CAPUFE, y en tres de Guanajuato, por decisión judicial. Solo permanecieron dos procesos de ámbito estatal en el Estado de México.

Este octubre se cumplieron seis años del encarcelamiento de Kenia Hernández, quien según organizaciones de derechos humanos enfrentó vulneraciones sistemáticas a sus derechos.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y IM-Defensoras llamaron al sistema de justicia a no judicializar a Kenia nuevamente por una causa de la que ya fue desvinculada.

También exhortaron a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos a expresar solidaridad y estar atentas a su caso. Asimismo, reiteraron la exigencia de que Kenia Hernández fuera liberada y pudiera regresar con su familia y continuar su labor como defensora de derechos humanos.

En abril pasado, 22 diputadas mexicanas y ocho del Parlamento Europeo firmaron una petición conjunta para exigir su libertad inmediata, argumentando que la activista indígena enfrenta criminalización judicial por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación.

A esto se suma que en septiembre del 2025, la entonces secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que la ya revisa el caso de Kenia e incluso buscan cómo intervenir.

Desde su detención, Kenia Hernández ha enfrentado diversos procesos judiciales y permanece separada de sus hijos menores. Organizaciones señalaron que se le negó permiso humanitario para asistir al funeral de su madre, quien cuidaba a sus hijos, lo que agravó el impacto emocional sobre la familia.

Además, la activista ha sufrido condiciones inhumanas en prisión, como aislamiento, falta de atención médica adecuada y restricciones a la visita de familiares y abogados.

A pesar de su traslado a un penal con condiciones menos graves, Kenia ha continuado defendiendo los derechos de otras internas y denunciando abusos.

Las organizaciones consideran que su caso revela patrones de persecución y trato injusto hacia personas defensoras de derechos humanos, así como el daño colectivo a familias y comunidades.

Reiteraron que la única reparación posible es la liberación inmediata de Kenia Hernández y exigieron al Estado mexicano que actúe conforme a principios de justicia y humanidad.