CNDH condena muerte de migrantes mexicanos en centros del ICE: exige investigación imparcial y transparente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó este 15 de julio los recientes decesos de ciudadanos mexicanos en operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, y exigió investigaciones prontas, imparciales, independientes y transparentes para determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 17 mexicanos han muerto bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios: 14 de ellos fallecieron en centros de detención y 3 durante redadas.

La cifra incluye seis decesos registrados en lo que va de 2026, entre ellos el de Lorenzo Salgado Araujo, un jornalero oaxaqueño de 52 años que murió el pasado 7 de julio tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas.

La CNDH advirtió que las muertes comprometen derechos fundamentales de los connacionales

En el reciente comunicado, el organismo advirtió que los recientes hechos comprometen los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de los connacionales. Señaló que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes representa una obligación internacional que no admite excepciones, con independencia de la nacionalidad o situación migratoria de las personas.

La CNDH también reconoció la importancia de que el Estado mexicano continuara brindando asistencia y protección consular a las personas privadas de la libertad por motivos migratorios, así como acompañamiento jurídico y humanitario a sus familiares.

Las políticas de deportación masiva incrementan el riesgo de violaciones, advirtió la Comisión

El organismo señaló que las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos no solo criminalizan de facto la migración, sino que incrementan de forma exponencial el riesgo de violaciones a los derechos humanos con hechos como:

• Separación familiar
• Detención arbitraria prolongada
• Tortura
• Tratos crueles
• Pérdida de la vida

La CNDH subrayó que la detención migratoria debía sujetarse a los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad, y garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, acceso oportuno a servicios médicos, comunicación con familiares y representación consular efectiva.

En el comunicado DGDDH/072/2026, la CNDH hizo un llamado a las autoridades consulares y de procuración de justicia para que dieran atención expedita a los hechos, garantizaran el acceso a la justicia y la verdad, y aseguraran la reparación integral de las víctimas indirectas y asistencia a sus familias.

La Comisión manifestó solidaridad con las familias de los mexicanos fallecidos y reiteró que toda pérdida de vida bajo custodia de un Estado constituye un imperativo ético y jurídico que exige la actuación inmediata de las autoridades involucradas y la cooperación internacional para que hechos de esta naturaleza no volvieran a repetirse.

La SRE activó denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales

Desde el pasado 13 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió a los fallecimientos con una ofensiva legal. En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), preparó una denuncia formal ante el Departamento de Justicia estadounidense para exigir que se investiguen los casos y se determine responsabilidades.

El gobierno también presentó denuncias en fiscalías estatales de las jurisdicciones donde murieron los connacionales y envió cartas de cese y desistimiento a los centros de detención involucrados.

El centro de Adelanto, en California, fue el primero en recibir uno de esos escritos; en ese lugar murieron cuatro mexicanos.

El titular de la SRE, Roberto Velasco, llevó los casos ante la ONU: notificó a Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y solicitó una investigación internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las acciones legales afectaran la relación con Washington: “No tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación a los derechos humanos de nuestros connacionales”, afirmó.