
Michoacán aprobó un protocolo de atención al desplazamiento interno forzado y reformó su Código Penal para tipificar este delito, con el respaldo técnico de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, consolidando así uno de los marcos institucionales más completos del país en la materia.
El estado de Michoacán cuenta desde el 8 de junio de 2026 con un Protocolo de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno, aprobado en sesión ordinaria del Comité Interinstitucional durante la visita oficial de Chiara Cardoletti, representante de ACNUR en México. El documento fue construido con asistencia técnica de la agencia onusiana y es resultado de una iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
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Qué establece el Protocolo de Respuesta
El instrumento fija directrices claras y mecanismos de coordinación entre 15 dependencias estatales y representantes de la sociedad civil. Su propósito central es garantizar la protección, el bienestar y los derechos de las personas desplazadas mediante medidas de atención temporal y ayuda humanitaria de emergencia.
El Protocolo también busca evitar la duplicidad de funciones entre niveles de gobierno y sentar las bases para soluciones duraderas: retorno voluntario, integración local o reubicación en otro punto del país. Todo ello con perspectiva interseccional y adecuada al contexto de cada evento.
Su contenido consolidó las lecciones aprendidas en las respuestas operativas desplegadas desde 2023 para atender eventos masivos de desplazamiento, en coordinación con autoridades municipales y con el acompañamiento de ACNUR.
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La primera activación: Apatzingán
Semanas después de su aprobación, el Protocolo fue puesto en marcha ante un evento de desplazamiento interno en la comunidad de El Morado, en el municipio de Apatzingán. ACNUR participó directamente en la jornada de atención junto a la Secretaría del Migrante y la Secretaría de Gobierno del estado, así como el Ayuntamiento local.

Durante la intervención se entregaron artículos de higiene y se trabajó en la detección de necesidades comunitarias, perfiles en riesgo y el fortalecimiento de rutas de referencia para las personas afectadas.
Dado que El Morado es una comunidad de difícil acceso, la jornada requirió la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Protección Civil Municipal, y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, a fin de garantizar corredores seguros para la asistencia humanitaria.
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Michoacán tipifica el desplazamiento arbitrario
El 1 de julio, el Congreso del estado aprobó una reforma al Código Penal de Michoacán para incorporar la tipificación del desplazamiento arbitrario como delito. Según el gobierno estatal y ACNUR, con esta medida Michoacán se convierte en el sexto estado de México en concretarlo.
La reforma fue producto del diálogo con las comunidades afectadas y de la interlocución sostenida con autoridades locales y legisladores. Junto al Protocolo de Respuesta, este cambio normativo representa uno de los avances más concretos en materia de protección a personas desplazadas registrados en el país en los últimos años.
Un proceso de cuatro años con respaldo de la ONU
ACNUR brinda asistencia técnica al Gobierno de Michoacán desde 2022, con el objetivo de fortalecer espacios de coordinación, apoyar respuestas operativas y diseñar un marco jurídico que retome estándares internacionales de protección y restitución de derechos.
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En 2024, la agencia facilitó las metodologías para el diseño y aprobación del Reglamento de Respuesta a Emergencias del Municipio de Apatzingán, descrito como el primer ordenamiento de su tipo a nivel municipal en Las Américas.
En la sesión de aprobación del Protocolo estuvieron presentes la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo; el presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza; y el presidente municipal de Tuzantla, Fernando Ocampo Mercado, los tres con experiencia en la respuesta coordinada a eventos de desplazamiento junto al gobierno estatal.
Ramírez Bedolla subrayó la necesidad de fortalecer la operatividad en la respuesta al desplazamiento y de profundizar la coordinación con el nivel municipal, al que definió como la autoridad territorialmente más próxima a las comunidades afectadas.
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El acompañamiento de ACNUR en Michoacán es posible gracias al cofinanciamiento de la Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea.
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