Colectivos y organizaciones civiles, encabezados por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), impulsan una campaña de recaudación de firmas para exigir la liberación de Brenda Quevedo Cruz, quien suma casi veinte años sin sentencia en el caso Wallace.
La acción incluye la difusión de un formulario digital dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (FGR) y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El IMDHD señala que el caso de Brenda Quevedo representa una de las deudas más graves del Estado mexicano con la justicia, los derechos humanos y la verdad.
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Desde hace años, organismos nacionales e internacionales han documentado violaciones a derechos humanos en su contra.
En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la privación de libertad de Quevedo era arbitraria y solicitó su liberación inmediata, además de investigar las denuncias de tortura y garantizar una reparación efectiva.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también ha emitido pronunciamientos sobre el caso.
Brenda Quevedo fue detenida en 2007 en relación con el caso Wallace y extraditada a México en 2009.
Actualmente está bajo arresto domiciliario en la Ciudad de México, después de pasar más de quince años en distintos penales.
La acusación se fundamentó en confesiones ministeriales, incluidas las de Juana Hilda González Lomelí, que la Suprema Corte invalidó al reconocer que fueron obtenidas mediante tortura.
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El expediente ha estado marcado por denuncias de tortura, tortura sexual, prisión preventiva prolongada y violaciones al debido proceso.
El IMDHD y quienes suscriben la carta señalan que las denuncias no son aisladas ni se limitan a la defensa de Quevedo, sino que han sido confirmadas por investigaciones periodísticas, resoluciones judiciales y organismos de derechos humanos.
En 2023, la CNDH reconoció violaciones al debido proceso y actos de tortura en el expediente.
El 7 de julio pasado, la presidenta Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solicitar a la Fiscalía General un informe sobre el caso, tras la intervención de un reportero en la conferencia matutina en Palacio Nacional.
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La defensa de Quevedo exige el cierre del expediente y una resolución definitiva, argumentando que la invalidación de pruebas para otra de las acusadas debe aplicarse también a ella.
El caso Wallace fue presentado durante años como una verdad judicialmente establecida, pero investigaciones y resoluciones recientes han revelado irregularidades procesales e inconsistencias probatorias.
El 11 de junio de 2025, la Suprema Corte ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, también acusada en el caso, al concluir que las pruebas en su contra carecían de validez jurídica por haber sido obtenidas bajo tortura.
Las denuncias de Brenda Quevedo incluyen tortura física, psicológica y sexual durante su custodia.
El IMDHD denuncia que, pese a la documentación acumulada y a los pronunciamientos nacionales e internacionales, las investigaciones sobre estos hechos fueron cerradas sin esclarecer lo ocurrido ni llamar a rendir cuentas a los responsables.
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El IMDHD y las organizaciones firmantes hacen un llamado a las autoridades mexicanas para que asuman la responsabilidad institucional y otorguen una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos.
La campaña de firmas busca visibilizar el caso y exigir que la justicia prevalezca sobre la impunidad. El formulario está disponible en la página: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCR_HAmpMYphTDVVrV-CzY9XepGkEQNV9LtzW4-u5zpimzBg/viewform
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