
La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra el mexicano Gilberto Ramos Arreguín y sostuvo que el tribunal de la región ocupada de Donetsk carece de soberanía, por lo que la pena de 14 años de prisión no tenía validez legal ante la comunidad internacional.
La representación diplomática fijó esa postura después de que el Tribunal Supremo de la autoproclamada República Popular de Donetsk anunció una sentencia dictada in absentia (en ausencia). Se usa comúnmente en contextos legales y académicos para describir un procedimiento o ceremonia que se lleva a cabo sin la presencia física de la persona involucrada, por lo que el mexicano Gilberto Ramos podría estar libre o escondido. También ordenó la confiscación de 3 millones 882 mil rublos, además del internamiento en un centro penal de régimen estricto.
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Según el comunicado diplomático, la llamada República Popular de Donetsk fue descrita como una estructura creada, financiada y utilizada por la Federación de Rusia para sostener su guerra de agresión contra Ucrania. La embajada señaló que, de acuerdo con el derecho internacional, esos pseudoestados no tuvieron soberanía ni autoridad real y que sus supuestos órganos judiciales carecieron de competencias efectivas.
Ese fue el punto central de la respuesta ucraniana: para Kiev, la sentencia contra Gilberto Ramos Arreguín no tuvo fuerza jurídica y no pudo ser reconocida como un fallo válido. La embajada sostuvo que ninguna de las decisiones emitidas por esas entidades tuvo efecto legal vinculante.
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El tribunal separatista procesó al mexicano en ausencia y a puerta cerrada
La condena fue anunciada contra Gilberto Ramos Arreguín, identificado por las propias autoridades como ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos y nacido en 1997. El proceso se llevó a cabo sin la presencia del acusado y a puerta cerrada, mientras que la propia resolución indicó que el fallo todavía no entraba en vigor al momento de su difusión.
La pena impuesta fue de 14 años de prisión en un centro penal de régimen estricto. Además, la resolución ordenó confiscar 3 millones 882 mil 160 rublos con 50 kopeks, cantidad que fue presentada como equivalente a casi 900 mil pesos mexicanos.
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Las autoridades que emitieron el fallo sostuvieron que Ramos Arreguín se incorporó en marzo de 2022 al Batallón Sich de los Cárpatos, una unidad presentada como parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esa versión, el mexicano se habría sumado después de conocer información sobre el reclutamiento de extranjeros para participar en operaciones militares contra fuerzas prorrusas.
El expediente judicial aseguró que, tras integrarse a esa unidad, recibió entrenamiento militar y armas. También afirmó que obtuvo una compensación económica por participar en los combates, elemento con el que se buscó sostener la acusación de mercenarismo en el marco del conflicto.
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La tipificación legal aplicada correspondió a la parte 3 del artículo 359 del Código Penal ruso. En otro tramo del mensaje oficial, las autoridades separatistas describieron al batallón como una organización prohibida en Rusia y lo calificaron como “terrorista”.
Ucrania defendió el estatus de los voluntarios extranjeros
Frente a esa narrativa, la embajada sostuvo que Ucrania fue un Estado soberano, independiente y miembro fundador de la ONU, sometido a una agresión armada generalizada e injustificada por parte de Rusia. Bajo esa interpretación, señaló que los voluntarios extranjeros que se incorporaron oficialmente al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas actuaron como defensores legítimos de la soberanía del país.
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Decenas de mexicanos se han sumado a la lucha de Ucrania ante la invasión de Rusia, algunos han muerto y muchos otros siguen en la lucha, aquí puedes leer sus historias.

La representación diplomática afirmó que todos los ciudadanos extranjeros integrados formalmente a esas fuerzas contaron con respaldo y protección total del Estado ucraniano. También calificó como cínico que el Kremlin intentara llamar “mercenarios” a militares que consideró legítimos.
En su comunicado, la embajada contrapuso esa acusación con el señalamiento de que Rusia utilizó a decenas de miles de mercenarios extranjeros provenientes de Corea del Norte, países africanos, Cuba y Asia Central. Agregó que quienes participaron en la agresión ilegal rusa y cometieron crímenes en territorio ucraniano serían juzgados ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales internacionales legítimos, cuyas sentencias sí tendrían carácter vinculante y fuerza ejecutoria en todo el mundo.
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La postura ucraniana también incluyó un mensaje político hacia la opinión pública mexicana. La embajada expresó preocupación por la reproducción de esa información y consideró que ese tipo de contenidos buscó erosionar las relaciones de amistad entre los pueblos de Ucrania y México.
El caso se inscribió en otros juicios contra extranjeros que combatieron del lado ucraniano
La versión difundida por las autoridades separatistas indicó que Ramos Arreguín participó en combates contra personal de la República Popular de Donetsk hasta marzo de 2026. Esa cronología le atribuyó una intervención de cuatro años dentro de la guerra.
Hasta el momento referido en el texto fuente, no hubo un posicionamiento de autoridades mexicanas sobre el caso. Tampoco se confirmó si el ciudadano mexicano solicitó atención consular, y la información disponible no detalló su paradero ni reportó una detención previa o un eventual proceso de entrega.
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El expediente fue presentado como parte de una serie de juicios contra ciudadanos extranjeros acusados de colaborar con Ucrania. Como antecedente, se mencionó la condena en rebeldía impuesta al ciudadano estadounidense Jordan Miller, de 21 años, sentenciado a 13 años y medio de prisión en una colonia penal de máxima seguridad por luchar del lado de las fuerzas ucranianas bajo la misma acusación.
La embajada cerró su pronunciamiento con un agradecimiento a las personas que apoyaron la defensa ucraniana frente a la ocupación rusa. Señaló que esa solidaridad estuvo motivada por la justicia, la libertad y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.
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- La Embajada de Ucrania en México rechazó la supuesta condena contra Gilberto Ramos Arreguín y afirmó que el tribunal de Donetsk careció de validez legal.
- El fallo anunciado impuso 14 años de prisión en régimen estricto y la confiscación de 3,882,160 rublos al ciudadano mexicano de 29 años.
- Hasta ese momento no hubo postura oficial de autoridades mexicanas ni confirmación sobre atención consular, detención previa o paradero del acusado.
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