Revisión del T-MEC: EEUU seguirá necesitando los 17 valiosos metales que México posee, asegura economista de la UNAM

Estados Unidos, México, metales, TMEC y comercio forman hoy una misma ecuación: ante la primera revisión anual del tratado, Washington necesita mantener abierta la relación comercial con su vecino del sur porque su estrategia industrial, su seguridad económica y su plan para controlar minerales críticos dependen también del acceso a recursos mexicanos, de acuerdo con el análisis “Una Política de Estado hacia la Casa Blanca” del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM.

Esa dependencia no se reduce a un insumo aislado. El texto sostiene que las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos equivalen al 37.7% del PIB de México, mientras la economía estadounidense se apoya en cadenas productivas integradas, facilidades aduaneras y un sistema de seguridad comercial que no opera sin la cooperación mexicana en frontera.

José Ignacio Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y coordinador de LACEN, plantea que México llega a esta etapa con margen para redefinir su trato con la Casa Blanca. Su argumento central es que el país no debe responder tema por tema a la agenda de Washington, sino articular una política de Estado que vincule comercio, seguridad nacional, narcotráfico, migración, cambio climático, ciberseguridad, desarrollo humano, gobernanza y crecimiento sostenible.

Washington busca minerales críticos y México forma parte de esa ruta

El estudio ubica uno de los puntos de mayor presión en los minerales críticos y las tierras raras. Estos materiales son básicos para robótica, baterías, dispositivos autónomos, microelectrónica, cibernética, pantallas, autos híbridos y eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos médicos y sistemas militares como motores de aviones de combate, misiles guiados, satélites y redes de comunicación.

Las tierras raras abarcan 17 metales. El análisis precisa que incluyen a los lantánidos: cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, además de escandio, itrio y lantano.

El documento agrega que estos elementos se dividen en tierras raras ligeras y pesadas según su peso atómico y su posición en la tabla periódica. También señala que China construyó un sistema industrial completo en exploración, minería, fundición, procesamiento y uso de estos materiales, por lo que hoy lidera reservas, producción y exportación.

Ese contexto explica el viraje de Washington. Bajo la administración de Donald Trump, según el estudio de LACEN, Estados Unidos quiere encabezar la carrera mundial por minerales estratégicos y manufactura avanzada, al tiempo que protege su entorno digital de la influencia china mediante iniciativas como The Clean Network.

Martínez Cortés recuerda que en la primera administración de Trump se emitieron dos órdenes ejecutivas sobre el tema. La segunda, publicada el 30 de septiembre de 2020, reconoció la dependencia estadounidense respecto de China al importar directamente 80% de esos minerales y el resto de manera indirecta.

A partir de esa vulnerabilidad, el 2 de febrero de 2026 Trump anunció el Project Vault, encabezado por el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos. El análisis lo describe como una reserva estratégica interna de minerales críticos destinada a proteger a fabricantes nacionales, ampliar la producción y el procesamiento de materias primas y fortalecer el sector estadounidense.

Para ese proyecto, el EXIM aprobó un préstamo directo de hasta USD 10 mil millones. El texto lo presenta como un paso sin precedente dentro de la política industrial de Estados Unidos.

Dos días después, el 4 de febrero de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio encabezó, junto con otros altos funcionarios del gabinete, la primera reunión ministerial sobre minerales críticos de 2026. Participaron representantes de 54 países y la Comisión Europea; entre ellos estuvo México.

En esa reunión, según el análisis, Estados Unidos firmó 11 nuevos marcos bilaterales o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos con países como Argentina, Ecuador, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. En los cinco meses previos también firmó otros 10 instrumentos y concluyó negociaciones con 17 países más.

El mismo 4 de febrero, el representante comercial de Estados Unidos anunció un plan de acción con México sobre minerales críticos para coordinar políticas y mecanismos comerciales que mitiguen vulnerabilidades en la cadena de suministro. El estudio sostiene que ese esquema contempla identificar minerales de interés, explorar precios mínimos ajustados en frontera para importaciones y consultar cómo incorporar esos precios en un acuerdo plurilateral vinculante.

Para el autor, allí aparece una de las razones por las que Washington necesita preservar el vínculo comercial con México: el acceso estable a información, reservas y cadenas de valor del lado mexicano. El análisis afirma que, con ese plan, Estados Unidos asegura una “radiografía” de las reservas estratégicas nacionales.

La presión comercial de Trump también depende de la frontera mexicana

El texto describe a Trump como promotor de un nacionalismo económico agresivo, apoyado en aranceles, compras gubernamentales preferentes y leyes de seguridad nacional y comercio exterior. Entre los instrumentos que identifica están la Buy American Act, la Ley de Seguridad Nacional de 1947, la Ley de Expansión del Comercio Exterior de 1962, la Sección 232 y la Ley de Comercio de 1974.

A eso suma 19 medidas con las que Estados Unidos exige a México blindar la seguridad comercial de su frontera sur. El estudio enumera esquemas como DHS, C-TPAT, FAST, CSI, BASC, IDENT, ACE y Patriot Act, entre otros, como parte del entramado regulatorio y operativo que Washington usa para vigilar mercancías, personas y contenedores.

La tesis del documento es que ese sistema no funciona sin la cooperación aduanera y la facilitación comercial que México presta bajo el capítulo siete del TMEC. El mecanismo reduce costos de transacción, elimina trámites y fortalece cadenas globales de valor de empresas estadounidenses, sin implicar por sí mismo una reducción arancelaria.

El análisis identifica tres efectos económicos de esa facilitación comercial: mejora los flujos de comercio, influye en la atracción de inversión e incide en la recaudación fiscal. También dice que las compañías de Estados Unidos que operan en el mercado mexicano obtienen beneficios por simplificación de procedimientos, modernización de aduanas con VUCEM 2.0, integración tecnológica mediante PITA, medidas de seguridad, combate al contrabando y control de mercancías de uso dual.

Uno de los ejemplos más concretos es el OEA. La certificación permite a empresas estadounidenses usar carriles preferenciales y recibir facilidades administrativas en México si cumplen requisitos aduaneros, fiscales y de seguridad.

En el puente Comercio Mundial entre Nuevo Laredo y Laredo, indica el estudio, los carriles Express y Fast pueden agilizar el cruce de mercancías en 1 hora. Sin esa facilidad, el paso tardaría entre 12 y 15 horas, con mayores costos para importadores, exportadores y transportistas de Estados Unidos.

Ese dato refuerza la idea principal del documento: si Washington endurece su proteccionismo sin medir la interdependencia, también dañará su propio sistema productivo. El análisis advierte que aranceles más altos afectarían de forma directa a 64 ramas manufactureras y 47 ramas agropecuarias del mercado estadounidense, además de provocar desabasto en inventarios, alza de precios y ruptura del encadenamiento industrial entre firmas del mismo grupo corporativo.

La revisión del TMEC obliga a México a cambiar de estrategia

El estudio también mira el tratado desde sus cláusulas más sensibles. Menciona el artículo 301 sobre trato nacional, el 32.10 sobre exclusión comercial con economías no mercado como China y el 34.7, que fija que el TMEC concluirá 16 años después de su entrada en vigor, es decir, el 30 de junio de 2036.

A la vez, recuerda que Estados Unidos cuestiona la política energética mexicana y solicitó consultas con base en el artículo 31.4 por posibles incumplimientos en trato nacional, nación más favorecida, efectos desfavorables, daño y procedimientos administrativos.

Frente a ese escenario, Martínez Cortés sostiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo debe comunicar a la Casa Blanca que México es garante de la seguridad nacional del sur de Estados Unidos. Su planteamiento es que esa condición brinda margen de negociación en comercio, aduanas, migración y seguridad física.

El análisis añade que empresas estadounidenses también reciben en México facilidades fiscales y aduaneras poco comunes en otros mercados, con base en el artículo 39-III del Código Fiscal de la Federación y distintas leyes tributarias. Sin el TMEC, esos apoyos se reducirían o desaparecerían.

Para el autor, el riesgo no está solo en la revisión del tratado, sino en la ausencia de una política industrial de largo plazo del lado mexicano. Advierte que la incorporación de México a la estrategia estadounidense sobre minerales críticos y tierras raras deja bajo presión el esquema del litio reservado al Estado mediante la reforma a la Ley Minera y la operación de LitioMx.

El texto cierra con un llamado a fortalecer la demanda interna ante la incertidumbre comercial. Señala que, en el segundo semestre de 2026, la percepción de consumidores y empresarias refleja caída de la inversión privada, debilidad del consumo y baja en la inversión fija bruta, por lo que la economía nacional ya no estaría en desaceleración sino en contracción.

Con tasas de interés a la baja, tipo de cambio apreciado e inflación controlada, el análisis sostiene que esos estímulos monetarios no han bastado. Su propuesta es impulsar gasto público y privado en bienes, servicios, maquinaria, equipo y construcción para sostener producción y empleo mientras México enfrenta la primera revisión anual del TMEC.