
Más del 40 % de las víctimas de homicidio registradas en Sinaloa desde que estalló la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa son jóvenes de entre 18 y 28 años, según un informe de International Crisis Group (ICG) publicado el 7 de julio de 2026. Al menos 55 menores y casi 450 jóvenes de ese rango etario murieron en los primeros diez meses del conflicto.
“La tasa de homicidios para ese grupo alcanzó un máximo histórico de 74,6 por cada 100 mil habitantes entre septiembre de 2024 y agosto de 2025″, afirmo el documento de ICG.
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El escrito, titulado La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EE. UU., se basa en más de 50 entrevistas realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 con funcionarios, activistas, periodistas, víctimas y académicos en varias localidades del estado.
Halcones, sicarios y reclutas sin entrenamiento
Antes del estallido de la violencia a gran escala, se estima que el Cártel de Sinaloa empleaba hasta 2 mil halcones, es decir, jóvenes contratados como vigías para detectar la presencia de fuerzas gubernamentales o bandas rivales con salarios mensuales de entre USD 200 y USD 400.
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Cuando la guerra entre Los Mayos y Los Chapitos se intensificó, esos mismos halcones fueron forzados a convertirse en sicarios sin preparación.
“Estás en nómina, entonces agarra esta metralleta y sal”, describió a ICG un trabajador social que atiende a menores reclutados en Sinaloa.
La influencia cultural del narcotráfico en la sociedad sinaloense es tan profunda que, según una exfiscal de alto rango consultada por ICG, los menores “entran por iniciativa propia a esas actividades del cartel, usualmente en preparatoria o secundaria”. El dinero y “la necesidad de pertenecer a un grupo social” hacían que “las filas de reclutas fueran largas”, agregó el trabajador social.
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Las desapariciones se centran en los más jóvenes
El perfil de las víctimas de desaparición también se ha transformado. Antes del conflicto, según relató a ICG una buscadora y líder de colectivo de búsqueda en Culiacán, muchas de las víctimas eran hombres de entre 35 y 40 años. Desde que estalló la violencia, la mitad de las personas desaparecidas tienen menos de 28 años.

Entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, al menos 512 menores de esa edad fueron reportados como desaparecidos: 101 eran menores de edad y 411 tenían entre 18 y 28 años, según datos de la fiscalía estatal compartidos con ICG.
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Cárceles y centros de rehabilitación: semilleros del crimen
En los primeros doce meses de enfrentamientos, los fiscales estatales y federales imputaron a 52 menores de edad por delitos que incluyen tráfico de drogas, porte de armas y posesión de estupefacientes. “Cientos de jóvenes menores de 24 años fueron detenidos por cargos similares.”
El centro de detención juvenil de Sinaloa, que nunca antes había albergado a más de diez reclusos a la vez, parece acoger ahora a docenas. Un abogado defensor describió a ICG que los “centros de justicia adolescente topados, con audiencias una tras otra todos los días, todos son jóvenes detenidos con drogas o armas.”
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Los críticos señalan que estas detenciones no han debilitado al crimen organizado pues los jóvenes detenidos que aún no pertenecían a grupos criminales suelen ser reclutados dentro de los propios centros de reclusión.
Los centros de rehabilitación, otro frente de reclutamiento
Los centros privados de rehabilitación de drogas representan otro punto de captación para los cárteles. Aunque no son centros de detención formales, las familias y las autoridades policiales suelen recluir allí a menores con adicciones para recibir tratamiento.
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“Los centros de rehabilitación no están regulados y son fuentes de reclutamiento para el crimen organizado. A estos chicos que son dependientes los reclutan para un trabajo y pagan con droga”, afirmó a ICG un trabajador social que atiende a jóvenes en situación de riesgo.
Ambas facciones del Cártel de Sinaloa se han infiltrado en estas instalaciones para reclutar jóvenes o para asesinar a quienes fueron enlistados por el bando contrario. Un medio de comunicación contabilizó 17 ataques contra este tipo de centros en un período de siete meses que finalizó en abril de 2025.
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Niños también entre las víctimas de las fuerzas del Estado
El informe también señaló que no solo los grupos criminales son responsables de las muertes de jóvenes. Un grupo de soldados asesinó a dos hermanas de siete y once años mientras patrullaban la localidad de Badiraguato el 6 de mayo de 2025. Trece militares fueron procesados en tribunales civiles casi un año después de los hechos.

“Somos invitados a nuestra propia guerra y estamos poniendo a nuestros jóvenes como muertos”, dijo a ICG un exfuncionario del gobierno.
Qué propone Crisis Group para frenar el reclutamiento
ICG recomendó al gobierno mexicano regular los centros de rehabilitación, exigiendo licencias, verificaciones de antecedentes del personal y dirección por parte de profesionales de la medicina y la psicología, con inspecciones periódicas y sorpresivas.
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El organismo también plantea ampliar los programas de transferencias monetarias para estudiantes en situación de pobreza en regiones afectadas por la violencia, señalando que los programas actuales no llegan a los jóvenes en riesgo que sí asisten a la escuela.
En las cárceles, el informe propone separar a los reclusos de alto riesgo de quienes están presos por primera vez, y crear unidades especializadas de inteligencia penitenciaria para detectar redes de reclutamiento.
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