Artículo 19 exige a Guerrero acatar recomendación de CDHEG y proteger a periodista: autoridades obstaculizaron su labor

La organización ARTICLE 19 exigió a las autoridades del municipio de Iguala, Guerrero, acatar la Recomendación 015/2026 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), tras documentarse violaciones a los derechos humanos de la periodista Flor Miranda Mayo por su trabajo periodístico.

Subrayó que funcionarios municipales obstaculizaron de manera sistemática la labor de la reportera, a través de acciones directas en redes sociales y reformas normativas para sancionar la labor informativa y el ejercicio crítico en la región.

Desde marzo de 2025, Miranda Mayo denunció que el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Jesús Santana, instruyó a personal a reportar masivamente la página de Facebook de la Agencia Periodística de Investigación (API) para bloquear la difusión de información sobre la gestión municipal. Esta estrategia, impulsada desde la administración encabezada por Erik Catalán Rendón, buscó frenar investigaciones periodísticas mediante la censura digital y el hostigamiento en plataformas sociales.

Guerrero: antecedentes de hostigamiento institucional y contexto de violencia

La Recomendación 015/2026 instruyó al Ayuntamiento de Iguala a adoptar medidas para reparar las violaciones acreditadas, entre ellas iniciar una investigación administrativa contra el Oficial Mayor por su papel en los hechos y brindar atención psicológica especializada a la periodista. También exige implementar, en un plazo máximo de cuatro meses, capacitaciones en derechos humanos para el personal municipal implicado, así como medidas de reparación integral y garantías de no repetición para la agraviada.

La recomendación señala que el uso de recursos y estructuras del gobierno local para obstaculizar la labor de periodistas constituye una violación grave a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Además, identifica un patrón de hostigamiento institucional sostenido contra Miranda Mayo, que se suma a episodios recientes de violencia y censura en la entidad.

Guerrero permanece entre los estados más riesgosos para la prensa en México. En 2025, la entidad se ubicó en el sexto lugar nacional por número de agresiones contra periodistas. El ambiente hostil se ha visto agravado por amenazas, campañas de desprestigio, restricciones al acceso a la información y abuso de poder público. De acuerdo con datos de organizaciones defensoras, el patrón de censura digital y hostigamiento se repite en municipios con alta conflictividad política y social.

Días después de la emisión de la recomendación, Miranda Mayo recibió amenazas directas contra su integridad, que según su testimonio estarían relacionadas tanto con su trabajo periodístico como con la publicación de la resolución de la CDHEG. La persistencia de represalias tras la intervención de organismos de derechos humanos evidencia la insuficiencia de las garantías actuales para proteger a quienes ejercen la labor informativa en la región.

ARTICLE 19 demanda cumplimiento irrestricto y protección urgente

La organización demandó la aceptación y cumplimiento íntegro de la recomendación, así como la reparación del daño a la periodista y la implementación de medidas de no repetición. También llamó a las autoridades municipales de Iguala a abstenerse de nuevas acciones de censura, estigmatización o represalia contra quienes ejercen el periodismo de investigación.

ARTICLE 19 pidió al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgar medidas de protección urgentes para garantizar la integridad de Flor Miranda Mayo, tras las amenazas recibidas en las últimas semanas. La revisión y actualización del plan de protección resultan indispensables ante la situación de riesgo.

El caso ocurre en un contexto de violencia sostenida contra periodistas en Guerrero, donde la vulnerabilidad de quienes informan se ha incrementado. La protección y respeto a la libertad de expresión dependen del cumplimiento efectivo de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos y de la voluntad de las autoridades para sancionar a quienes utilicen recursos públicos para obstaculizar la labor informativa.