Procesan a 40 adolescentes en Michoacán: fiscalía alerta que el crimen organizado los recluta para cometer homicidios y secuestros

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán advirtió sobre el reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado, luego de informar que 40 menores de edad fueron vinculados a proceso por delitos de alto impacto entre agosto de 2025 y junio de 2026.

El encargado de despacho de la institución, Israel Vega Rodríguez, señaló que las investigaciones apuntan a que diversos grupos criminales están incorporando a jóvenes para participar en delitos como homicidio y secuestro, un fenómeno que, dijo, puede darse tanto por coacción como por decisión voluntaria.

Como ejemplo, el funcionario expuso el caso de un adolescente de 15 años detenido recientemente en el municipio de Zamora. De acuerdo con la Fiscalía, el menor es señalado de disparar contra otros dos adolescentes, ataque en el que uno de ellos perdió la vida. Las investigaciones ministeriales indican que el joven presuntamente actuaba bajo las órdenes de un grupo delictivo con presencia en esa región del estado.

Fiscalía fortalece el sistema de justicia para adolescentes

Vega Rodríguez explicó que antes de agosto de 2025 la judicialización de carpetas de investigación contra menores de edad era prácticamente inexistente en Michoacán debido a deficiencias operativas. Sin embargo, aseguró que la institución comenzó a aplicar de manera sistemática el sistema de justicia penal para adolescentes, con el propósito de que quienes cometan delitos enfrenten los procedimientos previstos por la ley.

De los 40 adolescentes procesados, 21 permanecen sujetos a la medida cautelar de internamiento preventivo en centros especializados. Los expedientes corresponden a investigaciones por homicidio calificado, secuestro agravado, violación equiparada y delitos contra la salud.

El funcionario detalló que los jueces han impuesto periodos de internamiento de entre uno y tres años, el máximo permitido por la legislación aplicable a personas menores de edad.

Diecinueve adolescentes siguen su proceso en libertad

Los otros 19 menores enfrentan su proceso penal bajo medidas cautelares distintas al internamiento. Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial se encuentran la libertad asistida bajo supervisión de sus padres o tutores, la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y el sometimiento a tratamiento psicológico.

Ante este panorama, la Fiscalía llamó a madres, padres y tutores a reforzar la vigilancia sobre los entornos digitales y sociales de los adolescentes, al advertir que las organizaciones criminales utilizan estos espacios para captar nuevos integrantes.

Asimismo, informó que el Gobierno de Michoacán mantendrá programas de prevención del delito en escuelas de secundaria y bachillerato como parte de la estrategia para reducir el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos.

¿Cómo funciona la justicia para adolescentes en México?

En México, las personas menores de 18 años que cometen delitos no son juzgadas bajo el mismo régimen que los adultos. La legislación establece un sistema de justicia especializado que reconoce su condición de personas en desarrollo y privilegia la reinserción social sobre el castigo, incluso cuando se trata de delitos de alto impacto.

Este modelo tiene su origen en la reforma al artículo 18 de la Constitución, aprobada en 2005, con la que se sustituyó el antiguo esquema tutelar por un sistema integral de justicia penal para adolescentes. La modificación creó un régimen con principios, procedimientos y sanciones diferenciadas para quienes tienen entre 12 y 17 años.

Un sistema basado en la reinserción

De acuerdo con el marco constitucional, los adolescentes que incurren en conductas tipificadas como delito deben ser procesados bajo un sistema especializado que se rige por principios como el interés superior de la niñez, el debido proceso, la protección integral y la reinserción social.

Por ello, las sanciones privativas de la libertad no se denominan penas, sino medidas de internamiento, las cuales se cumplen en centros especializados y están sujetas a límites establecidos por la ley.

La duración de estas medidas varía según la edad del adolescente y la gravedad del delito. Para quienes tienen entre 16 y 17 años, el internamiento puede alcanzar un máximo de cinco años, incluso en casos relacionados con homicidio, secuestro u otros delitos considerados de alto impacto.

El diseño del sistema parte de un principio central: aunque los adolescentes deben responder por los delitos que cometen, su desarrollo físico, psicológico y social exige un tratamiento distinto al de los adultos. Bajo ese enfoque, la finalidad de la justicia especializada no es únicamente sancionar, sino favorecer la reintegración del menor a su entorno familiar y comunitario, así como reducir las posibilidades de reincidencia mediante procesos de atención, educación y acompañamiento.