Del papel a la realidad: avanzan derechos de la comunidad LGBT+ en México, pero persisten brechas en prácticas de inclusión

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el primer Índice de Inclusión LGBTIQ+ para México, con el objetivo de medir los avances y las brechas en materia de derechos, acceso a servicios y bienestar de las personas LGBT+ en el país.

El informe utiliza 51 indicadores agrupados en cinco dimensiones: educación, participación política y cívica, bienestar económico, salud y seguridad personal y violencia.

El resultado global del índice registra un valor de 0.64 en una escala de 0 a 1 (donde 1 representa la inclusión plena), reflejando un nivel medio-bajo de inclusión.

Aunque se observan progresos normativos importantes, especialmente en la participación cívica y la salud, persisten retos significativos en la aplicación efectiva de las leyes y la protección cotidiana de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.

¿Cuáles son los avances y pendientes?

• Seguridad personal y violencia

Esta dimensión obtuvo el puntaje más bajo del índice (0.43), lo que evidencia importantes desafíos en la protección contra la violencia y en el acceso a la justicia para las personas LGBTIQ+.

El informe señala que, aunque existen avances normativos como la prohibición nacional de las llamadas “terapias de conversión” y algunas legislaciones estatales sobre crímenes de odio, la cobertura es parcial y no se extiende de manera uniforme a todos los grupos ni a todos los estados.

Solo 13 entidades han tipificado el crimen de odio por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El informe destaca la ausencia de monitoreo sistemático y oficial de la violencia contra personas LGBTIQ+. Los registros provienen principalmente de la sociedad civil, lo que dificulta una respuesta institucional efectiva.

En 2024, se documentó un aumento del 20% en los asesinatos de personas LGBTI+ respecto al año anterior, siendo las mujeres trans el grupo más afectado (69% de los casos).

Además, un alto porcentaje de personas LGBTIQ+ han sido víctimas de violencia física, psicológica o sexual en los últimos doce meses, principalmente por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El informe resalta la ausencia de legislación que prohíba intervenciones médicas de “normalización” en personas intersex, así como la falta de protocolos obligatorios de capacitación para operadores del sistema de justicia.

Estos vacíos normativos contribuyen a la impunidad y refuerzan la desconfianza de la población LGBTIQ+ en las instituciones.

• Salud

La dimensión de salud obtuvo un puntaje de 0.75, identificándose como una de las áreas con mayores avances normativos, aunque persisten problemas en la implementación y en la atención de necesidades específicas.

Existen protocolos federales que prohíben la discriminación en servicios médicos y reconocen la diversidad sexual y de género como condiciones saludables. Sin embargo, la protección explícita para personas intersex sigue ausente.

Un hallazgo crítico es el estado de la salud mental: el informe documenta que el 40.7% de las personas LGBTIQ+ han experimentado depresión (frente al 27.8% de la población no LGBTIQ+), y el 28.7% ha tenido algún intento o ideación suicida, tres veces más que la población general.

El 57.2% atribuye la ideación suicida a la discriminación vinculada a su orientación sexual o identidad de género.

El acceso efectivo a servicios especializados de afirmación de género sigue siendo limitado y está concentrado en pocas entidades.

Además, la información sobre prevalencia de VIH y acceso a servicios sensibles a la orientación sexual o identidad de género está incompleta.

Las personas intersex y trans reportan las mayores tasas de discriminación en servicios de salud (10.6% y 15.9% respectivamente).

• Educación

En la dimensión educativa, el índice arroja un valor bajo (0.48). Si bien existen leyes que prohíben la discriminación y protocolos para la atención de situaciones de acoso escolar, la implementación y la cobertura son parciales.

No existen datos oficiales sobre la prevalencia específica de acoso escolar por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Llama la atención que la población LGBTIQ+ reporta, en términos generales, niveles educativos algo superiores a los de la población no LGBTIQ+.

Este fenómeno puede deberse a estrategias de movilidad social, búsqueda de ambientes más seguros o mayor acceso a información sobre identidad y sexualidad entre personas con mayor escolaridad.

A pesar de ello, todavía se requieren contenidos escolares más incluyentes sobre diversidad, pues la cobertura actual sobre temas de identidad y expresión de género es parcial y menor respecto a orientación sexual.

• Bienestar económico

El bienestar económico tiene una calificación de 0.71, con algunos avances en el marco formal, ya que existen leyes que prohíben la discriminación en el trabajo por motivos de “preferencias sexuales”, y las reformas recientes garantizan prestaciones de seguridad social a parejas del mismo sexo.

Sin embargo, hay vacíos normativos respecto a identidad de género y características sexuales.

En el ámbito laboral, el informe reporta que 16.4% de las personas LGBTIQ+ ha sufrido discriminación laboral en los últimos 12 meses, siendo las personas intersex las más afectadas (19.6%).

Se carece de registros oficiales sobre la pobreza y los ingresos de la población LGBTIQ+, y no existen datos sobre la cantidad de empresas dirigidas o propiedad de personas LGBTIQ+.

• Participación política y cívica

Esta dimensión es la mejor valorada del índice, con un puntaje de 0.84. El país ha alcanzado avances legislativos en la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, el reconocimiento del matrimonio igualitario en todos los estados y la posibilidad de registro legal para organizaciones de y para la diversidad sexual y de género.

También se ha avanzado en la expedición de credenciales de elector acordes a la identidad de género autopercibida.

No obstante, la armonización del reconocimiento legal de la identidad de género en todas las entidades federativas no es completa, y la inclusión de variables de diversidad sexual y de género en los sistemas de información estadística aún es limitada.

La presencia de personas abiertamente LGBTIQ+ en cargos legislativos nacionales marca un avance simbólico en visibilidad política, aunque el informe insiste en la importancia de una representación real y significativa para todos los subgrupos.

Recomendaciones

El informe muestra recomendaciones dirigidas al gobierno de México, el INEGI, la academia y a las autoridades educativas:

• Garantizar la periodicidad y mejorar el alcance de ejercicios estadísticos como la ENDISEG, ampliando la muestra para personas trans e intersex y generando datos sobre pobreza, empleo y bienestar.
• Armonizar la legislación federal para proteger explícitamente a todas las personas LGBTIQ+ por identidad y expresión de género, y características sexuales.
• Desarrollar campañas y programas específicos para personas trans, intersex y bisexuales, incluyendo protección contra intervenciones médicas no consentidas en personas intersex.
• Fortalecer la formación y sensibilización de personas servidoras públicas en sectores como salud, educación y justicia.
• Crear sistemas oficiales de monitoreo de la violencia contra personas LGBTIQ+, y asegurar la participación de la sociedad civil en el diseño e interpretación de políticas e indicadores.
• Incluir variables de orientación sexual, identidad de género y características sexuales en todos los registros estadísticos oficiales relevantes.

El Índice de Inclusión LGBTIQ+ marca un punto de partida fundamental para entender las áreas de avance y aquellas donde aún persisten desigualdades y violencia en México.

El informe subraya que, pese a importantes progresos legales, la brecha entre la ley y la experiencia cotidiana de las personas LGBTIQ+ es significativa.

Por ello, se resalta la importancia de fortalecer la implementación y el seguimiento de la normativa, visibilizar las realidades de las personas intersex y trans, y adoptar políticas públicas que garanticen la inclusión efectiva de toda la diversidad sexual y de género en el país.

Este primer ejercicio busca abrir el diálogo entre autoridades, sociedad civil, academia y cooperación internacional para avanzar hacia una sociedad más justa, segura y equitativa para todas las personas, sin excepción.