
La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) inició una investigación formal por presuntos actos de tortura cometidos por elementos policiacos del Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa la agresión contra una persona detenida, identificada como Gabriel N.
De acuerdo con la CDHE, la autenticidad del material audiovisual ya fue confirmada, motivo por el cual se levantó la queja identificada con el expediente CDHE/1V/139/2026. La dependencia informó que el Ayuntamiento de Coquimatlán fue notificado oficialmente y contará con un plazo de 24 horas, es decir, hasta este viernes 26 de junio, para rendir un informe detallado sobre lo sucedido.
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A través de un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos condenó enérgicamente este tipo de prácticas y advirtió que la tortura no debe tener cabida dentro de las instituciones públicas.
“Hemos iniciado las investigaciones administrativas y presentaremos las denuncias correspondientes. La tortura es una práctica repugnante que debe combatirse con firmeza, sancionarse a los responsables y erradicarse de la función pública. No hay espacio para la tortura en un estado que se precie de ser democrático y no debe haber espacio en la función pública para torturadores”, señaló la CDHE.
FGE investiga los hechos
Agentes de la policía municipal vierten agua sobre la cabeza y rostro de un hombre sin camisa, esposado y sentado en una silla. Un oficial le cubre el rostro con una tela mientras otro continúa rociando agua. El video documenta la agresión a una persona detenida por parte de la policía en Coquimatlán, Colima.
Tras la difusión del video y denuncia del agraviado, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, inició una investigación contra los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Coquimatlán.
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De la misma forma, el gobierno municipal de Coquimatlán también emitió un posicionamiento oficial en el que aseguró haber iniciado de manera inmediata las acciones jurídicas y administrativas correspondientes para esclarecer los hechos.
En el comunicado, las autoridades municipales indicaron que no serán omisas ante ninguna conducta que pudiera contravenir la ley, los reglamentos o los principios que rigen el servicio público.
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“Con relación al video que actualmente circula en redes sociales, en el que presuntamente se observan involucrados elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informamos a la ciudadanía que este gobierno ha iniciado de manera inmediata las acciones jurídicas y administrativas que corresponden para el esclarecimiento de los hechos”, expresó el Ayuntamiento.
Asimismo, la administración municipal reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y estricto apego al marco legal, además de garantizar el debido proceso durante las investigaciones.
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“Este Gobierno Municipal realizará los procedimientos administrativos internos que la normatividad establece”, añade el documento oficial.
Video genera indignación en redes sociales

El Ayuntamiento también señaló que cualquier conducta indebida será investigada y atendida conforme a derecho, reiterando su compromiso con la protección y respeto de los derechos humanos.
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La circulación del video provocó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes exigieron una investigación inmediata y sanciones por parte del gobierno del alcalde Luis Gerardo Olivares, contra los responsables en caso de confirmarse violaciones a los derechos humanos.
Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la identidad de los elementos involucrados ni sobre la condición de la víctima, la CDHE subrayó que dará seguimiento puntual al caso para evitar impunidad.
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Especialistas en derechos humanos han señalado que este tipo de hechos representan una grave violación a las garantías individuales y afectan la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad pública.
El caso de Coquimatlán vuelve a colocar en el centro del debate público la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión policial, capacitación en derechos humanos y protocolos de actuación para evitar abusos de autoridad y prácticas de tortura dentro de las corporaciones de seguridad.
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