Guanajuato presenta reforma para reconocer legalmente a las familias comaternales y garantizar derechos de la niñez

El principal objetivo de la iniciativa radica en corregir los vacíos legales que afectan a los hogares conformados por dos madres

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Dos mujeres y tres niños en una cocina. Una mujer con rizada cocina panqueques, la otra sostiene un bebé. Dos niños sentados en una mesa con comida.
Una familia comaternal comparte un desayuno con panqueques en la cocina de su hogar, mientras una madre cocina y otra sostiene a un bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa que busca modificar el Código Civil estatal para dar reconocimiento legal a las familias comaternales.

Esta propuesta, que establece un marco jurídico para estas formas de organización familiar, pretende también garantizar los derechos filiativos de niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer la protección de quienes nacen mediante técnicas de reproducción asistida.

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A lo largo de los años, el concepto de familia ha experimentado una transformación considerable. Actualmente, existen diversas estructuras que, según la funcionaria, merecen respaldo legal sin importar la orientación sexual o identidad de género de sus integrantes. Resulta fundamental que las normas brinden protección a todas las configuraciones consanguíneas existentes, adaptándose a la diversidad social contemporánea.

El principal objetivo de la iniciativa radica en corregir los vacíos legales que afectan a los hogares conformados por dos madres. Aunque la entidad ya se reconoce el matrimonio igualitario y existen vías para la adopción, persisten lagunas en materia de filiación que generan incertidumbre jurídica y dificultades prácticas, sobre todo para las parejas de mujeres que comparten la maternidad y sus descendientes.

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En este contexto, la propuesta legislativa de García Oliveros apunta a tres ejes esenciales: el reconocimiento jurídico de las familias comaternales, la garantía de los derechos filiativos de la infancia y la adolescencia, y el fortalecimiento de la protección legal para quienes nacen a través de técnicas de reproducción asistida. El texto impulsa la visibilidad de nuevas realidades y busca eliminar obstáculos que impiden el pleno goce de libertades por parte de sus integrantes.

La diputada reconoció la necesidad de que la legislación estatal avance hacia una mayor inclusión, de modo que todas las personas menores de edad cuenten con respaldo legal, independientemente de la estructura familiar en la que crecen.

Dos mujeres adultas y dos niños pequeños sentados en una manta a cuadros sobre césped, con árboles y un área de juegos al fondo.
Dos mujeres y sus dos hijos comparten un momento de alegría mientras hacen un picnic en un parque con juegos infantiles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de un marco jurídico claro para las familias comaternales genera repercusiones que trascienden el ámbito legal y se extienden a lo social y emocional. Según la exposición presentada por María Eugenia García Oliveros, esta omisión normativa coloca a las familias integradas por dos madres en una situación de vulnerabilidad, generando incertidumbre respecto a los derechos y responsabilidades derivadas del parentesco.

Una de las principales consecuencias identificadas es la limitación en el ejercicio del derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. La falta de reconocimiento de la comunidad lesbiana, bisexual u otras, impide que la relación entre las dos partes y los menores quede plenamente registrada en documentos oficiales, lo que complica trámites, acceso a servicios y reconocimiento social.

Esta situación afecta especialmente a los vínculos entre mujeres que comparten la crianza, porque solo una de ellas suele ser reconocida legalmente como mamá, mientras que la otra queda excluida de derechos y obligaciones.

Además de los obstáculos legales, la inexistencia de reconocimiento pleno genera efectos negativos en la vida cotidiana de estas familias. Las consecuencias sociales incluyen discriminación y dificultades para validar la estructura familiar ante instituciones públicas o privadas. En el ámbito emocional, tanto las madres como sus hijas e hijos pueden experimentar inseguridad y estrés ante la falta de certeza jurídica, lo que repercute en la estabilidad y bienestar del grupo familiar.

El problema no se limita al entorno inmediato de los seres queridos, sino que incide en la protección integral de la infancia. Al no contar con un reconocimiento legal los infantes quedan desprotegidos frente a situaciones como enfermedad, separación de las madres o fallecimiento de una de ellas, ya que la ley no reconoce automáticamente la relación con la mamá no gestante.

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