Sentencian en EEUU a colaborador de “Doña Lupe”, mujer dedicada al tráfico de migrantes y ligada al Cártel de Sinaloa

Raúl Saucedo Huipio, un hombre de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, fue sentenciado a 87 meses (más de 7 años) de prisión por su participación como gerente o supervisor en una “extensa” organización de contrabando de personas que operó entre 2018 y 2022 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

La condena fue informada el 15 de junio y fue realizada luego de la extradición desde territorio mexicano y su declaración de culpabilidad en marzo de 2026 por cargos de conspiración para introducir a un extranjero en EEUU y de introducción de extranjeros al país.

Cabe destacar que a dicho hombre se le relacionó con Ofelia Hernández Salas, alias Doña Lupe, esta última una mujer ya sentenciada y ligada con el Cártel de Sinaloa.

Según la acusación, Saucedo Huipio y sus cómplices facilitaron el traslado de más de 200 personas —aunque las autoridades señalan que la cifra real probablemente sea considerablemente mayor— desde y a través de al menos 19 países hacia EEUU.

Los extranjeros provenían o transitaban por Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. La organización cobraba a cada uno de los migrantes hasta decenas de miles de dólares por el cruce ilegal de la frontera.

Saucedo Huipio era identificado como gerente o supervisor de la operación y frecuentemente portaba un arma de fuego en la cintura antes de que los migrantes cruzaran la frontera.

Los métodos empleados por la red para facilitar los cruces incluían el suministro de escaleras para trepar la valla fronteriza, la indicación de agujeros en la valla por los que los migrantes podían arrastrarse y la provisión de tablas de madera para cruzar cuerpos de agua.

En uno de los casos documentados, Saucedo Huipio supervisó el cruce de tres niños pequeños sobre una tabla colocada encima de un cuerpo de agua. Además del contrabando, la organización también robaba a los migrantes dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, con frecuencia mediante el uso de pistolas y cuchillos.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia subrayó la gravedad del delito: “El tráfico de personas no es un delito sin víctimas. Es un ataque directo a nuestra seguridad nacional y una explotación de algunas de las personas más vulnerables del mundo”.

Duva también advirtió que la organización “no solo transportaba inmigrantes ilegales a través de la frontera, sino que también les robaba y los dejaba en situaciones desesperadas”, generando costos adicionales para las comunidades y los programas gubernamentales.

Por su parte, Jason T. Stevens, agente especial a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Arizona, calificó a Saucedo-Huipio como un “traficante de personas violento” que “utiliza la intimidación, la violencia y la coacción para lograr sus objetivos: obtener ganancias económicas sin importar el daño causado”. Stevens destacó que la sentencia “sirve como castigo, sino también como una oportunidad para que el delincuente reflexione sobre el daño causado a tantas personas”.

En marzo de 2023, Saucedo-Huipio y su coacusada Ofelia Hernández-Salas fueron arrestados en México a raíz de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Hernández-Salas se declaró culpable en diciembre de 2024 de un cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos sustantivos de introducción de extranjeros al país con fines comerciales o de lucro personal. El 13 de mayo pasado fue sentenciada a 11 años de prisión por su participación en la organización.