
La informalidad laboral, el desempleo, el subempleo y la precarización de las condiciones de trabajo representan algunos de los principales retos para México y América Latina, coincidieron especialistas durante el segundo día de actividades del Sexto Intercambio de Experiencias del Grupo de Panamá: la construcción de una teoría general del diálogo social.
Durante la sesión “Diálogo social y retos del mercado de trabajo”, Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos, destacó que el Estado debe desempeñar un papel de mediador y facilitador del diálogo social, sin convertirse en parte del proceso.
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Estado debe facilitar el diálogo social
El especialista explicó que, para preservar los objetivos del diálogo social, el Estado debe mantenerse como un actor que observa, facilita y genera condiciones para el entendimiento entre los distintos sectores involucrados en el mercado laboral.
En ese sentido, señaló que incluso organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) deben mantener una posición de observación y acompañamiento, sin necesariamente convertirse en sujetos directos del diálogo.
Sánchez Castañeda indicó que un diálogo social efectivo requiere la participación de sujetos autónomos, informados, fuertes y representativos. Además, señaló que el análisis del mercado laboral debe considerar elementos como la oferta y demanda de trabajo, los salarios, las instituciones y el nivel de regulación existente.
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Desempleo, factor de medición

Entre los principales indicadores para evaluar la situación laboral mencionó la población económicamente activa, el desempleo y el subempleo.
Este último representa un problema especialmente importante en América Latina, debido a que refleja condiciones de precariedad: personas que tienen un empleo, pero no laboran las horas suficientes o deseadas para obtener un ingreso digno.
El académico señaló además que México registra alrededor de 55 por ciento de trabajo informal, por lo que este fenómeno constituye uno de los principales indicadores para analizar la realidad del mercado laboral nacional.
Precarización y deslaboralización, otros desafíos
Patricia Juan Pineda, abogada especialista en derechos laborales, advirtió que en México existe una tendencia hacia la precarización y la deslaboralización, fenómenos que también afectan al sector público.
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Explicó que existen altos niveles de inestabilidad e informalidad laboral, mientras que la sindicalización enfrenta una tendencia hacia la disminución.

La especialista también cuestionó las políticas de austeridad cuando implican el debilitamiento de las instituciones públicas. Señaló que sectores como el educativo enfrentan una reducción de recursos que puede generar instituciones desarticuladas y dificultar la construcción de un verdadero diálogo social.
Afirmó que la deslaboralización busca que las personas trabajadoras no se reconozcan como tales y, por consecuencia, tampoco como sujetos de derechos.
Juan Pineda subrayó además la importancia de incorporar una perspectiva de género en el diálogo social, particularmente para garantizar ambientes laborales libres de violencia.
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T-MEC y condiciones laborales en México

Por su parte, Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2020 impulsó una reforma legal relacionada con la democracia sindical.
Sin embargo, consideró que el factor comercial también ha contribuido a un escenario de precarización laboral y reducción de los salarios.
De acuerdo con el especialista, el desempleo en México pasó de aproximadamente un millón 447 mil personas en 2025 a un millón 739 mil, lo que refleja la magnitud del desafío laboral.
Fuentes Muñiz también destacó que la informalidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes representan, según lo expuesto durante el encuentro, alrededor del 70 por ciento de este sector.
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Ante este panorama, los especialistas coincidieron en que el diálogo social debe colocar en el centro a las personas trabajadoras y sus derechos, además de considerar los cambios económicos, tecnológicos, demográficos y ambientales que están transformando el mercado laboral.
Entre los desafíos también identificaron el desempleo juvenil, los empleos precarios, el desajuste entre la formación profesional y las necesidades del mercado, la transición generacional, los empleos verdes y las cadenas de suministro.
Los participantes advirtieron que atender estos problemas será fundamental para evitar que la crisis laboral continúe afectando no sólo las condiciones económicas, sino también la dignidad humana y el bienestar de las familias.
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