Drones, reconocimiento facial y miles de militares marcarán el Mundial más vigilado de la historia de México

Previo al Mundial 2026, el Gobierno de México ha comenzado el despliegue de 99 mil elementos de seguridad, apoyados por 2.136 vehículos militares, 33 drones y 145 aeronaves especializadas en vigilancia, como parte de las estrategias de seguridad del evento deportivo.

Además, se empleará tecnología de reconocimiento facial, equipos antiexplosivos y detectores de sustancias químicas, biológicas y nucleares para garantizar la protección de equipos, autoridades y visitantes en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Este operativo busca anticipar cualquier riesgo ante la llegada de más de cinco millones de personas. La iniciativa incluye una vigilancia intensa tanto en el espacio físico como digital, priorizando el resguardo de los recintos deportivos, zonas turísticas y rutas de traslado de las delegaciones internacionales.

Sin embargo, para especialistas en el tema, la implementación masiva de recursos y tecnología plantea interrogantes sobre los efectos colaterales que podría acarrear para diversos sectores sociales.

Riesgos invisibles y consecuencias sociales fuera de los estadios durante el Mundial en México

Durante el foro “México 2026: ¿Estamos listos para el Mundial?”, organizado por la Universidad Iberoamericana, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO, Ernesto López Portillo, advirtió que los desafíos más delicados no necesariamente estarán dentro de los recintos deportivos. El fortalecimiento de redes de explotación sexual infantil, la vulneración de derechos humanos y el impacto sobre sectores marginados representan los principales riesgos asociados al torneo.

La llegada masiva de visitantes internacionales potenciará la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante redes criminales. “La seguridad se estudia hoy bajo una pregunta que nos ayuda a ser mucho más precisas y precisos: ¿seguridad para quién?”, planteó el académico.

En promedio, alrededor de 21 mil menores son captados anualmente por redes de explotación en México. La preocupación se intensifica ante el “punto ciego” de la Copa del Mundo, la posibilidad de que la euforia y la concentración de recursos en la vigilancia oficial invisibilicen otros problemas agravados por el turismo masivo.

De acuerdo con el especialista, este operativo de seguridad debe acompañarse de un monitoreo cercano sobre el uso de la fuerza pública y sobre el trato a poblaciones vulnerables. Al mismo tiempo es necesario fortalecer la supervisión y a mantener la atención en los posibles abusos o afectaciones derivadas de la presencia policial y militar.

Infraestructura, economía y el legado real del evento

La organización del Mundial ha impulsado inversiones millonarias en infraestructura urbana y deportiva. Sin embargo, la Dra. Jimena de Gortari Ludlow, coordinadora de la Licenciatura en Arquitectura de la IBERO, cuestionó si estas obras responden realmente a necesidades estructurales de largo plazo o solo a requerimientos temporales del torneo de futbol.

Distinguiendo entre “infraestructura de visibilidad” y “de bienestar”, la académica manifestó la importancia de evaluar si las mejoras perdurarán para la población local o si quedarán limitadas al brillo momentáneo del evento. En su opinión, utilizar el torneo como pretexto para acelerar transformaciones en la ciudad puede ser positivo, siempre que los beneficios sean duraderos y no exclusivos de la industria turística o deportiva.

Desde el campo económico, el Dr. César Velázquez Guadarrama del Departamento de Economía de la IBERO, advirtió sobre la necesidad de analizar el saldo real que dejará el evento deportivo en el país. “La pregunta que nos debemos hacer como sociedad, como país, es no si el Mundial va a traer recursos económicos al país, sino si estos beneficios van a superar los costos”, sostuvo.

Enfatizó que será necesario esperar varios años para conocer el verdadero efecto económico del torneo, ya que los balances inmediatos pueden no reflejar las pérdidas o los costos de oportunidad vinculados al uso intensivo de recursos públicos.